La juez que investiga al exfuncionario que avaló el casoplón de 11 baños estudia citar a nuevos testigos

La juez encargada de la investigación contra el exjefe de Urbanismo en Zarautz que avaló el casoplón de 11 baños, cuyo derribo ha sido decretado por la Justicia, estudia llamar a nuevos testigos del caso. Desde hace un mes tiene sobre su mesa la petición de que acudan al juzgado los dos policías municipales que hicieron el atestado del allanamiento de un despacho municipal del grupo Podemos Equo Berdeak, en el que está imputado el exjefe de Urbanismo de esta localidad.

Como ha informado este blog, la sexta juez que investiga estos hechos ha reactivado el caso tras dos años paralizado. A principios del pasado diciembre declararon ante el juzgado número 2 de Azpeitia cinco personas, cuatro técnicos municipales y el portavoz de Podemos Equo Berdeak. También había sido llamada a declarar la limpiadora, quien es la principal testigo, ya que, según la declaración de los afectados, es la persona a través de la que el exfuncionario accedió al despacho municipal. Sin embargo, no acudió al juzgado ya que no se le había podido localizar, según adujo sorpresivamente el Consistorio de Zarautz.

Pero la acusación de Podemos Equo Berdeak envió un escrito días después con los datos para localizar a la limpiadora y así pueda acudir al juzgado. Además, señala que la Policía Municipal le tomó declaración en su día, lo que “no ha quedado reflejado en modo alguno en el atestado entregado”. Por ello, propone que los dos agentes locales que actuaron en el acto sean citados también como testigos.

En las declaraciones judiciales del pasado diciembre, los cuatro técnicos municipales aseguraron que estuvieron pocos minutos en el despacho y que el imputado entró “como uno más”. El portavoz de Podemos Equo Berdeak sostuvo que el exfuncionario también accedió por la tarde, en vez de por la mañana como sostuvo el imputado en su declaración.

Esta investigación judicial se produce tras unos hechos ocurridos entre mayo y junio de 2023. La denunciante fue la entonces concejal de Podemos Equo Berdeak (ahora sin representación municipal tras perderla en las elecciones de mayo de 2023), Oihane Delgado, quien fue informada por la trabajadora de la limpieza que su despacho estaba revuelto. En concreto, había “dos muebles de ficheros abiertos y algunos documentos revueltos en estanterías”, según la denuncia presentada ante la Ertzaintza el 1 de julio de 2023. La formuló poco después de que el exfuncionario le admitiese que había entrado en su despacho.

El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia abrió una investigación a finales de 2023 y, en febrero de 2024, tomó declaración como investigado al exresponsable de Urbanismo. Afirmó que entró “con dos personas” en el despacho el 31 de mayo sobre las 8.15 horas porque, como iba a quedarse libre al perder Podemos su concejal, quería “tomar medidas” para usarlo para otros empleados. “No estuvimos ni dos minutos”, declaró.

Agregó que la entrada, que requiere una tarjeta electrónica, la hizo con la tarjeta de otra empleada y que no “tenía intención de espiar, ni robar nada”. Atribuyó la denuncia a la “inquina enorme” de la concejal contra su persona y aseguró que “me he sentido acosado”.

Sin embargo, la investigación de la Ertzaintza cuestiona que el allanamiento se produjera el 31 de mayo, ya que el registro de entradas de la empresa que controla las tarjetas electrónicas certifica que solo hubo dos entradas ese día, a cargo de la empleada de limpieza y están fechadas hacia las 15 horas. En su declaración, el exfuncionario no supo explicar por qué no aparece en el registro su entrada sobre las 8.15 horas.

El juzgado recibió en julio datos contradictorios de este caso. El exfuncionario imputado entregó un informe sobre el allanamiento en el que aparecen nuevos registros de entrada, que se contradicen con lo aportado por la Ertzaintza en esta investigación.

El imputado fue el empleado municipal que refrendó en concreto la licencia para la acometida del agua al palacete, con una orden de demolición dictada el17 de enero del pasado año por la Justicia.

En un informe firmado el 3 de junio de 2020 (cuando el casoplón ya llevaba cinco años de investigación judicial con múltiples irregularidades), el funcionario de Urbanismo concluyó que sería “injusto y temerario no autorizar la acometida de agua”.

La juez que investiga el allanamiento de un despacho municipal en Zarautz por parte del exfuncionario que avaló el polémico casoplón de 11 baños debe decidir si llama a nuevos testigos. Desde hace un mes tiene sobre la mesa la petición de que acudan los dos policías municipales que actuaron y tomaron declaración a la principal testigo. Esperemos que no haya más demoras en un caso que ha estado paralizado dos años y que ese tiempo han pasado ya seis jueces por el juzgado de Azpeitia, lo que no habla nada bien de la Justicia. Es el mismo juzgado que, por su inacción, propició hace ya siete años el archivo inicial del caso del palacete, cuyo derribo ha sido decretado por la Justicia.