El Superior concluye la segunda investigación sobre la legalidad del cobro por aparcar en verano en Lekeitio

El Tribunal Superior vasco ha dado por concluida la segunda investigación sobre la legalidad del polémico modelo de cobro por aparcar en verano en Lekeitio. La decisión de si es legal un sistema que discrimina a los veraneantes se tomará en los próximos meses, antes de que se implante por tercer verano consecutivo un modelo que ya fue anulado el pasado año por cuestiones formales.

La Sección Primera del área contencioso-administrativo del Superior dictó una diligencia el pasado martes en la que deja el pleito ya solo pendiente de fijar la fecha de la votación del tribunal. La resolución se ha suscrito tras recibir las alegaciones del Ayuntamiento de Lekeitio (EH Bildu), que argumenta que no hay discriminación sino “distinción” en el nuevo modelo de aparcamiento y que las medidas adoptadas son “razonables”.

Como ya informó este blog, en julio pasado el Tribunal Superior vasco abrió por segunda vez una investigación sobre la legalidad del sistema. El pasado verano fue implantado de nuevo  tras ser anulado, en abril pasado, por el alto tribunal vasco. En la sentencia, se declararon ilegales los decretos de alcaldía (EH Bildu) que avalaron el nuevo sistema, por no haberlos tramitado a través de otra ordenanza y por la falta de competencias del alcalde para ordenar el modelo, sin entrar en el fondo del asunto.

El Ararteko (el Defensor del Pueblo Vasco) ya ha dado la razón a los veraneantes, al considerar que es discriminatorio que los residentes durante todo el año puedan aparcar sin problemas y los que viven durante el verano deban pagar la tasa y estacionar además en la periferia. En un informe firmado en agosto de 2024, concluyó que “no aprecia diferencias sustanciales entre uno y otro grupo de residentes en cuanto a sus necesidades de estacionamiento en esa época, que pudieran permitir establecer un diferente régimen para cada uno de ellos”.

En este tema, hay cuatro principales anomalías que deben ser analizadas por el Tribunal Superior. La primera es que impide aparcar a veraneantes y foráneos, con lo que es mucho más restrictivo que los sistemas tradicionales de OTA. Así, un empadronado en Lekeitio puede aparcar en Bilbao junto al ayuntamiento. Pero en el municipio costero, los no empadronados (salvo los de los pueblos limítrofes) no pueden estacionar en el centro ni pagando. Tienen que aparcar a cerca de un kilómetro. Además, la limitación, que durante el primer verano se quedó en los meses de julio y agosto, se ha ampliado a junio, septiembre y la Semana Santa.

La segunda irregularidad es la discriminación tarifaria porque los empadronados pagan 5 euros al año por la reserva de zona verde (donde solo pueden estacionar ellos en verano) y el acceso a zona azul y los no residentes llegan a los 12 euros por cada día.

La tercera es el incumplimiento de la ley de Tráfico, que obliga a garantizar la rotación de coches. Este modelo de Lekeitio no obliga a mover el vehículo si eres residente. Se puede aparcar sin límite en zona verde, lo que ha alimentado el fraude de que los residentes con garaje aparcan en superficie y alquilan sus garajes.

La cuarta anomalía se refiere al coste de la tarifa. En vez de ser calculado por el interventor u otro funcionario, se ha privatizado y ha sido elaborado por una consultora externa. El coste es curiosamente el mismo de la ordenanza anulada el pasado año por los tribunales.

El Ayuntamiento de Lekeitio, en su escrito de conclusiones de este pleito, asegura que “no se ha vulnerado el principio de igualdad” y que existe una “artificiosa construcción de esta discriminación entre residentes y no residentes”. Ha añadido que, tras el informe negativo del Ararteko, se han realizado cambios en la normativa y existen informes de la Policía Municipal que avalan el modelo.

En sus argumentaciones, señala que solo hay 1.920 plazas de aparcamiento público y el 60% de las viviendas en Lekeitio son segundas residencias. Agrega que no se incumple la ley de Tráfico que obliga a garantizar la rotación de coches. “La jurisprudencia valida distinguir entre residentes y no residentes, en la regulación del uso de aparcamientos públicos”, dice. Y, sobre el informe de costes elaborado por una consultora privada, indica que tiene el “visto bueno” de la interventora municipal.

Ahora, el Superior debe decidir si es legal o no el modelo. El acuerdo se prevé rápido ya que se ha establecido que se tramite por un “turno preferente”, según señala la diligencia judicial del pasado martes.