Una cementera de Deba lleva 17 años funcionando pese a que la Justicia ordenó su derribo en 2014

Una cementera de Deba (Gipuzkoa) lleva 17 años funcionando de manera ilegal por incumplir la ley de Costas. La instalación, ubicada en la cantera Sasieta y perteneciente al grupo constructor Amenabar, tiene desde 2014 una sentencia firme del Tribunal Superior vasco que declaró ilegal su construcción, por lo que debería haberse derribado. Sin embargo, no se ha pedido la ejecución del fallo judicial en todos estos años.

La cantera Sasieta ya estuvo envuelta en la polémica hace dos décadas por el descubrimiento en su interior de las cuevas de Praileaitz, con pinturas rupestres datadas de hace 18.000 años, lo que llevó a limitar la actividad extractiva de la cantera.

La situación irregular de la cementera se remonta a 2009, cuando se construyó la instalación por parte de la empresa Zeleta, del grupo constructor Amenabar, que posee los derechos de explotación de la cantera desde 2001 y por un periodo de 30 años. Las obras llevaron al grupo ecologista Mutriku Natur Taldea a denunciarlas ante la Fiscalía y el Ministerio de Medio Ambiente, ya que se encuentran en la zona de servidumbre de la protección del dominio público marítimo-terrestre (por su cercanía al río Deba). La ley de Costas de 1989 impide cualquier edificación en las áreas protegidas.

Los promotores de la cementera negaron ilegalidades al asegurar que se trataba de “obras de renovación” y que eran “instalaciones desmontables”. Estos argumentos fueron admitidos por el Gobierno vasco a través de su agencia vasca del Agua, Ura.

Pero la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, argumentó que era una instalación nueva ubicada en una zona protegida por la ley de Costas. Presentó una denuncia en los tribunales y en abril de 2012 el juzgado de lo contencioso administrativo 1 de San Sebastián da la razón a la Demarcación de Costas. Considera ilegal la cementera al ser una “actuación de demolición” y por el hecho de que “se configura un nuevo espacio físico en zona de protección”.

La sentencia fue recurrida por los afectados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en un fallo dictado en enero de 2014 que es firme, corroboró las ilegalidades.

Sin embargo, la cementera ha seguido funcionando estos 12 años pese a las peticiones de los ecologistas de que se demolieran las instalaciones. Mutriku Natur Taldea ha reiterado sus exigencias el pasado mes al presentar alegaciones al documento de renovación del Plan territorial del litoral que ha elaborado el Gobierno vasco.

“Hay una sentencia de demolición (sin posibilidad de recurso) cuyo veredicto es la demolición de la planta de cemento y todas las instalaciones adyacentes de Zeleta en Deba por haberse construido dentro de la zona de servidumbre de protección de la Ley y Reglamento de Costas”, argumentan en un escrito presentado al Departamento de Vivienda el pasado 8 de febrero. Por ello, exigen la ejecución de sentencia de “demolición de todas las instalaciones esta área, y una vez demolidas todas las instalaciones, se clasifique como área destinada a regeneración”.

Los ecologistas han reclamado en la última década varias veces al Departamento de Costas que pida a la Justicia el derribo de la cementera pero la respuesta ha sido que la solicitud es competencia de Ura, que ha defendido a la instalación.

Los propietarios de la cementera y la cantera de Sasiola ya recibieron la década pasada una indemnización de 18 millones de euros del Gobierno vasco por las restricciones que suponía el hallazgo de la cueva de Praileaitz. Cuando se descubrió el yacimiento en 2006, el Gobierno lo calificó en 2007 como bien cultural protegido con la categoría de monumento (las cuevas rupestres tienen la máxima categoría de protección) con un perímetro de 50 metros. Los propietarios llevaron la decisión a los tribunales pidiendo una indemnización de 50 millones de euros. El Superior vasco avaló un resarcimiento, que se concretó en los 18 millones.