El Gobierno central obvia la investigación del Defensor del Pueblo por las expropiaciones del TAV en Elorrio

El Gobierno central ha obviado la investigación abierta por el Defensor del Pueblo por las expropiaciones de terrenos en Elorrio a causa de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi. La Subdelegación en Bizkaia ha instado a un afectado a que presente una valoración económica de los perjuicios sin responder a las alegaciones presentadas. Tampoco se hace referencia al incumplimiento por parte de Adif de la ley que le obliga a responder en un plazo máximo de tres meses, unos plazos que se han incumplido en dos ocasiones.

Como ha informado este blog, un vecino de Elorrio lleva casi dos años reclamando por las afecciones a sus terrenos. En concreto, desde mayo de 2024 y por tres parcelas.

Al entregarle Adif las actas de expropiaciones, realiza alegaciones en el sentido de que se le expropia cerca de 4.500 metros cuadrados de dos parcelas que totalizan casi 9.500 metros cuadrados, que le dejan inutilizados los suelos. Le cortan un camino de acceso en un caso y le parten por la mitad la otra parcela, con lo que queda sin valor. Además, hay un tercer terreno expropiado que Adif asegura desconocer su propiedad pero que es del vecino.

Ante esta situación, pide la expropiación de toda la superficie y, en caso contrario, la reposición de un área que se hormigonó y habilitar un nuevo camino de acceso.

Sin embargo, no recibe respuesta de Adif y solo puede establecer contacto con la subcontrata de las obras, que desde mediados de 2024 a mediados de 2025 le da largas hasta que finalmente le aconseja que plantee una reclamación formal por escrito.

Así, en junio pasado se presentan alegaciones a la expropiación forzosa. La ley de las administraciones publicas establece un plazo máximo de tres meses para ofrecer una respuesta, pero ésta no llega. Al seguir el silencio, en noviembre pasado, el vecino reitera su petición de explicaciones y de nuevo no ha habido respuesta. O sea, que han pasado más de siete meses de inacción por parte de Adif.

El pasado 10 de febrero, el vecino ha presentado ante el Defensor del Pueblo la queja por la inacción de Adif. Diez días después, el Defensor del Pueblo ha notificado la apertura de una investigación con la petición de información a la entidad púbica ferroviaria.

En esas mismas fechas, el afectado ha recibido una comunicación de la Subdelegación del Gobierno central en Bizkaia, firmada el 16 de febrero, en la que se le pide que haga una valoración económica “al no haberse logrado mutuo acuerdo en la adquisición de la finca que ha sido ocupada”. Los dos escritos enviados se refieren a dos de los tres terrenos afectados. No aborda la petición de que se le expropie la totalidad de los suelos ni que incluya un tercer terreno de su propiedad.

Los escritos no se refieren en ningún momento a las alegaciones presentadas y a la existencia de la queja ante el Defensor del Pueblo, con una investigación ya abierta. Le da un plazo de 20 días para que busque un perito, “si bien sus honorarios serán abonados por usted según dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa”, con el fin de elaborar el informe económico.

La zona de Elorrio fue el último tramo en iniciarse la construcción del TAV en Euskadi por la resistencia del Ayuntamiento, gobernado históricamente por la izquierda abertzale, a propiciar las obras. El Consistorio llegó a formar una comisión municipal de seguimiento de las obras y ofreció apoyo técnico a los vecinos que no querían ceder sus terrenos.

El tren de alta velocidades la mayor inversión pública en Euskadi, con un coste calculado ahora en 9.000 millones de euros, más del doble de lo previsto cuando se iniciaron las obras hace ya 21 años. Las fechas de entrada en funcionamiento se han ido demorando sin límite desde el inicial anuncio de que estaría en servicio en 2010. Aunque el proyecto ya está en la recta final, ahora no hay fecha definida tras las sucesivas promesas incumplidas.