El Superior impulsa un plan de choque para resolver 48 sentencias sobre urbanismo pendientes desde 2023

El Tribunal Superior vasco ha puesto en marcha un plan de choque para resolver en seis meses 48 sentencias relacionadas con el urbanismo pendientes desde hace más de tres años. La intención es dictar antes del próximo julio los fallos, que son recursos contra sentencias firmadas en los juzgados de lo contencioso administrativo,

El plan de choque se ha activado desde el área de lo contencioso, ya que la cúpula judicial no ha actuado cuando ya existían falta de jueces que han motivado el atasco. En concreto, en la Sección Segunda de lo contencioso administrativo, desde donde se ha impulsado el plan urgente, se ha estado funcionando con un solo juez tras las jubilaciones de otros dos magistrados.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal vasco tiene tres secciones. La 1 tramita litigios tributarios en su mayoría y resuelve los casos en menos de un año, según fuentes jurídicas consultadas. La 3 lleva se encarga de asuntos relacionados con la Función Pública y está tardando cerca de 18 meses. Los mayores problemas se localizan en la 2, que decide sobre urbanismo y ordenanzas municipales, donde los retrasos están entre dos y tres años. 

Las fuentes consultadas atribuyen estas grandes demoras a, además de la complejidad de los temas urbanísticos, a la cúpula, el Consejo General del Poder Judicial, que decide sobre el incremento de jueces. “Cada vez se jubilan más jueces y no mandan para sustituirlos”.

En el caso de la Sección Segunda de lo contencioso, la jubilación de dos jueces ha dejado casi todo el trabajo en el tercero que ha habido hasta hace poco. Aunque contaba con la ayuda puntual de otros magistrados de otras secciones para temas más sencillos, se tenía que encargar de los más complejos.

Este año ya se disponen de cuatro jueces, entre ellos el presidente de lo contencioso administrativo del Superior José Antonio Garrido, un magistrado de reconocido prestigio y quien salió a la luz pública durante la pandemia por sus resoluciones contrarias a las restricciones sanitarias del Gobierno vasco dirigido entonces por Iñigo Urkullu.

Los cuatro magistrados de la Sección 2 de lo contencioso administrativo se reunieron el pasado 25 de febrero ante “la existencia de un retraso en la resolución de determinados asuntos correspondientes al año 2023”. En total, son 48 causas de hace ya tres años. Se adoptó el acuerdo de repartirlos de manera equitativa (12 para cada uno) entre los cuatro jueces de la Sección Segunda.

Las demoras judiciales en Euskadi no se circunscriben a los temas contenciosos. También existen retrasos superiores a los dos años en áreas civiles de las Audiencias provinciales, en los juzgados de primera instancia que se encargan de temas civiles y los juzgados de lo social, igualmente colapsados.

Como ya informó este blog en mayo pasado, la Justicia abrió una investigación por demoras en seis juzgados vascos (el juzgado mercantil 2 de Bilbao, el de instrucción número 4 de Tolosa, el penal 1 de Barakaldo, el penal 3 de San Sebastián y el de instrucción 5 de Getxo). En todos ellos ya hay sendos expedientes abiertos por el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de la Justicia en España. Estos casos se unen al de una magistrada en San Sebastián que fue apartada tras dejar más de 200 fallos sin dictar en un periodo de siete meses.