El séptimo pleito contra el vecino de Zamudio acosado 21 años se resolverá este verano

El séptimo pleito judicial contra el  vecino de Zamudio que sufre ya 21 años de acoso continuado por la colocación de unas simples estacas se resolverá probablemente este verano. El juzgado de Bilbao que investiga la última denuncia en contra de la anulación, por parte del Consistorio, de un decreto de hace 12 años (y que propició el acoso al vecino) ha cerrado la instrucción el pasado 2 de marzo.

La orden municipal, dictada en 2014 y anulada hace ya dos años, ordenó el derribo de unas estacas en la propiedad del residente, pese a que esta actuación ya motivó unos años antes la condena de la entonces alcaldesa Sorkunde Aiarza (PNV), quien tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitada.

El afectado es José María Zarate, quien desde la década pasada sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.

Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la exalcaldesa Sorkunde Aiarza. Por esa decisión, fue condenada por los tribunales por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público al haber ordenado el derribo “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”, y las estacas tuvieron que reponerse.

Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Lo hizo después de un tirón de orejas de la Audiencia de Bizkaia, que advirtió al ayuntamiento de «renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados» Entonces, el vecino pudo reponer los palos en su propiedad.

Sin embargo, meses después, el anterior alcalde Igoitz López (actualmente senador del PNV en Madrid) informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y ordenó la nueva retirada de las estacas en un decreto. A día de hoy, 12 años después, el consistorio sigue sin facilitar la licencia de fin de obra.

Otra anomalía es que el decreto de 2014 fue una resolución “fantasma”, ya que no se notificó al vecino hasta tres años después. De hecho, según las declaraciones en los pleitos judiciales de este caso, ese decreto de 2014 no ha tenido la preceptiva firma del secretario municipal.

La anulación de la orden, diez años después, fue firmada hace ya dos años (el 26 de enero de 2024) por el actual alcalde Lander Aretxabaleta, del PNV igualmente. La razón esgrimida fueron las dudas sobre la decisión tomada en 2014. “Alberga al menos algún umbral de duda que debe ser despejado”, señalaba el ayuntamiento.

El Consistorio se refiere a la titularidad del camino donde están las estacas. En su estrategia de acoso al vecino, ha querido demostrar que el camino es público (con la intención final de derribar los palos), cuando las sentencias judiciales que condenaron a la exalcaldesa Sorkunde Aiarza señalaban que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro.

Desde 2018, el Consistorio ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 aprobó declararlo como público. Solo en las gestiones para dicha declaración, el Ayuntamiento se había gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según certificó entonces el interventor municipal.

El vecino ha recurrido a los tribunales y dos sentencias ya le han dado la razón, en 2022 y 2023. La última fue sobre el decreto “fantasma” de 2014 y el juez reprochó al Consistorio que acudiera a la Justicia, puesto que la revocación del decreto la podía ejecutar el propio ayuntamiento sin permiso judicial. Incluso apuntaba a que el decreto podría ser ilegal.

La anulación del decreto “fantasma” por el Ayuntamiento no gustó nada a la familia que inició el acoso hace dos décadas. En enero del pasado año, presentó una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao en el que acusaba al ayuntamiento de “desviación de poder” y “dejación de funciones”.

Como publicó este blog, en su respuesta a la demanda, en un escrito de 165 folios fechado el 20 de febrero del pasado año, el Ayuntamiento de Zamudio rechazó que el camino donde están las estacas sea público, en contra de la propia declaración aprobada en 2020 por el Consistorio. “Ha quedado patente, desgraciadamente, que no existe ninguna resolución que avale la naturaleza del camino Uxina, que de momento está en el limbo, y por ello no puede ordenarse una retirada de unos elementos en base a una demanialidad de un camino no acreditada”.

Un nuevo informe pericial, presentado por la defensa del afectado y firmado el pasado 28 de abril por el ingeniero agrónomo Carlos Zubeldia, corrobora ese carácter privado. Concluye es un camino de “servidumbre de paso del dominio privado” perteneciente al vecino hostigado, quien ha colocado unas estacas “que no impiden el paso y cuyo objeto es delimitar y proteger el cultivo de viñas existentes en su colindancia”.

Tras un casi un año de instrucción por parte del juzgado 5 de lo contencioso administrativo de Bilbao (ahora denominado plaza 5 de la Sección de lo contencioso) cada parte ha formulado sus conclusiones. La familia que acusó a Zarate insiste en que existe “claramente desviación de poder” del ayuntamiento. Sorprendentemente, obvia las sentencias penales que dieron la razón al afectado porque “son de fecha posterior” a este pleito, “luego son totalmente intrascendentes”.

El Ayuntamiento de Zamudio, que hasta hace dos años ha propiciado el acoso al vecino, admite las irregularidades cometidas como que el decreto de 2014 con la segunda orden de derribo de las estacas “no fue notificado” a Zarate y que las sentencias penales concluyen que el camino no es público, en contra de la argumentación municipal mantenida durante 10 años. La defensa del vecino insiste en las diferentes sentencias que ha ganado y que las estacas están amparadas por una licencia municipal que “no ha sido anulada”. Pide que se acabe “de una vez por todas el vía crucis al que se ha sometido” a José María Zarate.

Ya solo queda la decisión del juzgado para solventar el nuevo pleito judicial de este vecino de Zamudio. Es el séptimo en los 21 años que dura el acoso a una persona que cometió la “osadía” de colocar unas simples estacas en su terreno. Lo que le valió enfrentarse con la entonces alcaldesa, quien por ello fue condenada a una inhabilitación de 9 años. Y, desde entonces, padeció un hostigamiento continuado por parte de otro residente y de su propio ayuntamiento, que ha cambiado finalmente su actitud hace dos años. Un auténtico esperpento, similar a la argumentación de los denunciantes de que una sentencia penal no vale si es posterior a lo que se juzga. Aunque sea del mismo tema.