El sexto pleito judicial que gana una empleada pública vizcaína por acoso

Una trabajadora pública de Bizkaia ha ganado el sexto pleito judicial en dos años por acoso en su puesto de trabajo. El Tribunal Superior vasco ha vuelto a condenar a la Mancomunidad de las Encartaciones (la entidad que gestiona servicios de nueve municipios vizcaínos de esta comarca vizcaína) por “conductas de abuso de autoridad constitutivas de acoso, incomunicación y aislamiento de la trabajadora”. El fallo incrementa la indemnización por estos daños en otros 13.000 euros, que se añaden a los más de 24.000 reconocidos por un juzgado de lo social. Pese a las seis sentencias, la empleada sigue acosada por la empresa: es la única con su ordenador capado y con sus labores vaciadas de contenido.

Es el calvario de esta trabajadora, A.I.D. que ha cumplido siete años de coacciones. Los problemas se originan cuando se queda embarazada en agosto de 2010. A su vuelta en febrero de 2011, tras la baja de maternidad, le quitan las funciones y el trabajo que acometía.  A.I.D. presenta ese mismo mes una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la respuesta de la Mancomunidad es el despido en marzo de 2011.

Tras recurrir ante los tribunales, gana el pleito y tienes que ser readmitida ese mismo año, 2011. Sin embargo, el fallo judicial no cambia la actitud de los responsables de la Mancomunidad, el entonces presidente Rubén Edesa (ex concejal del PNV en el municipio de Karrantza) y la secretaria-interventora Esperanza Bejo.

El informe de 65 folios de la Inspección de Trabajo, elaborado en 2013 y ratificado en mayo de 2014 por el director de Trabajo del Gobierno vasco, es contundente al calificar la situación vivida por la trabajadora de “acoso y abuso de autoridad”, con la retirada de funciones, quitarle el móvil y el portátil que requería para su trabajo o amonestarle por atender a clientes.

La Inspección de Trabajo descubrió «abuso de autoridad», trato «déspota y despreciativo» de sus superiores y un «plan preconcebido»  contra la empleada

 

El informe constata como “abuso de autoridad” el hecho de “vaciar de tareas durante meses” a la afectada, que tiene que buscarse labores por su cuenta “que nunca llegan a ser respaldados por la empresa”. Agrega que se llega a “amonestar a la trabajadora” por atender a los usuarios y “se da de baja su correo electrónico”, lo que perjudica a los ciudadanos, además de destruir todos sus archivos y el vaciado de su e mail al ser despedida. La investigación comprueba que incluso los usuarios afectados llegan a culparle a ella de la mala gestión al haber perdido ayudas económicas que le supusieron “episodios humillantes de reclamaciones e incluso enfrentamientos en la calle”.

El acta de inspección constata “la negativa al contacto y la ausencia de cauces de comunicación” y destaca el trato “déspota y despreciativo” de la secretaria-interventora Esperanza Bejo, la entonces responsable de la gestión del personal. En la investigación de la Inspección, Bejo ni siquiera quiso inicialmente realizar ningún comentario con la inspectora al aducir que no era de su competencia. “Se comporta [la interventora] en su presencia como si [la empleada] no estuviese”. “De esa persona es que no quiero ni hablar”, llega a decir de la afectada. También censura gravemente al entonces presidente de la Mancomunidad,  Rubén Edesa, por su “actitud de exclusión” a la trabajadora. “Sí se reúne y mantiene contactos periódicos con los restantes responsables de área pero no con [la afectada] a la que evita sistemáticamente”.

El informe de Trabajo certificó hasta tres infracciones graves o muy graves por el trato humillante, las secuelas psicológicas y la pasividad de la Mancomunidad pero las engloba en una “infracción única y continuada” por la “pluralidad” de acciones contra la trabajadora “en ejecución de un plan preconcebido”, por lo que procede aplicar una sanción por una infracción laboral muy grave, su grado máximo.

La entidad pública, en vez de normalizar la situación, denunció el acta de Inspección ante los juzgados, ya con la nueva y actual presidenta de la Mancomunidad Esther Lasa, concejal del PNV en Zalla. El juzgado de lo social número 5 de Bilbao volvió a dar la razón a la empleada, en un fallo dictado el 30 de septiembre de 2015, que concluye la existencia de un maltrato “de manera persistente y reiterada”. Agrega que hubo una “conducta afeante de su dignidad y consideración debida por su empresario” y “trato no respetuoso”. La Mancomunidad volvió a recurrir y el Tribunal Superior de nuevo falla a favor de la  trabajadora, en otra sentencia emitida el 8 de marzo de 2016, con los mismos argumentos que el juzgado.

El tercer y cuarto fallos judiciales favorables a la empleada son de abril y septiembre de 2016, de nuevo por denuncias presentadas por la Mancomunidad de las Encartaciones: en este caso por las bajas laborales de A.ID.: tres desde 2011 hasta el pasado mes de abril (por periodos de hasta siete meses) debido al estrés por el acoso laboral. En la sentencia del Tribunal Superior del 26 de septiembre de 2017, se concluyen que las bajas obedecen a “a aquel ambiente de acoso y conductas contrarias a la dignidad de la trabajadora”, por lo que “nos hallamos ante una enfermedad contraída por razón exclusiva del trabajo”.

El quinto pleito ganado por la afectada es del juzgado de lo social número 9 de Bilbao, fechado el pasado el pasado 17 de febrero. En este caso, A.I.D. presenta por vez primera una demanda contra la Mancomunidad por los daños y perjuicios del acoso. El juzgado condena a la institución a pagarle más de 24.000 euros y reprocha la conducta de la entidad pública por no cumplir los fallos y ocultar los hechos. “No resulta jurídicamente admisible ignorar o eludir lo resuelto en sentencia firme y determinar que no han existido tales incumplimientos”. Agrega que ha habido “actos ofensivos por parte de la empresa que han ocasionado a la trabajadora lesiones psicológicas”.

Pese a los contundentes fallos contrarios, la Mancomunidad ha defendido en el último pleito perdido que cumplió con las normas de prevención de acoso

 

La empleada recurrió el fallo porque, entre otras cuestiones, pedía una indemnización de 150.000 euros y el caso, analizado por el Tribunal Superior vasco, le da la razón pero sin aceptar esa cuantía. En un fallo dictado el pasado 5 de septiembre, eleva la indemnización de 24.000 euros hasta casi 37.500 euros al incluir los periodos en los que estuvo de baja por el acoso. Desestima todas las argumentaciones de la Mancomunidad de las Encartaciones, que tras todos estos fallos contarios ha mantenido el criterio de que cumplió con las normas de prevención de acoso. “No pueda negarse la realidad del incumplimiento preventivo que rechaza la empresa”, sentencia el Tribunal Superior.

Pese a los seis pleitos perdidos, la Mancomunidad ha proseguido con el hostigamiento. Hoy día la empleada carece de ordenador portátil, a diferencia del resto de sus compañeros de trabajo y pese a que solía desplazarse por trabajo por los ayuntamientos de la comarca, ni teléfono móvil. Le han capado gran parte de las funciones de su ordenador de mesa: no puede utilizar dispositivos externos ni usar e mails personales, que si se permiten al resto de trabajadores. Ha sido apartada de reuniones a las que acudía, no se responde sistemáticamente a sus correos electrónicos (una pasividad de la dirección que ha llevado a perder subvenciones millonarias para empleo) e incluso debe pedir un permiso y aportar un informe justificado “con los objetivos alcanzados” si sale de la sede de la Mancomunidad a realizar un trabajo, según la orden de la presidenta Esther Lasa del pasado 3 de noviembre. Su salario es un 15% inferior a sus compañeros de su misma categoría: desde 2010 no se he ha aplicado ninguna de  las subidas generales aplicadas al resto de empleados.

La difusión del caso, el pasado mayo en este blog y luego en la prensa vizcaína, solo ha servido para que la presidenta Esther Lasa, quien desde 2014 recrudeció el hostigamiento hacia la empleada, le haya atribuido funciones de igualdad de género y por primera vez le haya permitido acudir a una reunión sobre empleo, la labor para la que fue contratada.

Seis sentencias no parecen suficientes para una entidad pública que ya fue condenada en 2012 por un caso similar: otra empleada de la Mancomunidad de las Encartaciones ganó la primera condena en España por acoso a un funcionario público basándose en la legislación laboral (hasta entonces iban por la vía contenciosa, mucho más lenta). ¿Nadie va a actuar contra responsables que malgastan el dinero público en juicio que pierden sistemáticamente y hacen la vida imposible a una trabajadora pública? Se la traen al pairo los jueces y los ciudadanos, bastante más.