Los 200 millones anuales en sueldos en las sociedades públicas de las tres diputaciones vascas

Más de 200 millones de euros en sueldos para casi 4.800 empleados. Es el coste anual solo en personal que supone el entramado de empresas públicas de las tres diputaciones vascas. Una estructura que tradicionalmente ha sido criticada por grupos políticos de la oposición y otros colectivos sociales por su gran dimensión.

Y es que esos 4.800 empleados se acercan bastante a la estructura funcionarial de las tres diputaciones, que disponen de cerca de 6.000 empleados con un coste de 350 millones de euros. Los datos se reflejan en los últimos informes del Tribunal Vasco de Cuentas, en las auditorías de las tres instituciones forales concluidas este verano y que corresponden al ejercicio de 2015.

La red de empresas públicas, sociedades mercantiles o fundaciones financiadas por las tres diputaciones vascas empezó a extenderse en la década de los 80 y no paró de crecer hasta el decenio anterior. Surgió como una manera de simplificar los trámites burocráticos de las administraciones forales y agilizar los procesos de contratación y los proyectos. Pero desde el principio se ha visto también como una ventana para la colocación de personas afines a los partidos o personas que han ostentado el poder en las diputaciones. Estos empleados no han tenido que pasar por un concurso como los funcionarios sino pruebas de selección: una vez accedido al puesto es casi como un funcionario en cuanto a estabilidad laboral. Las acusaciones de enchufismo se han sucedido por parte de los partidos de la oposición. El PP denunció el pasado año que el 20% de las contrataciones que se hicieron entre junio de 2015 y febrero de 2016 en las sociedades públicas forales vizcaínas tienen vinculación con el PNV, el partido que ha gobernado en la Diputación de Bizkaia durante los últimos 38 años.

Es en Bizkaia, también el mayor territorio con la mitad de la población de Euskadi, donde persiste el mayor entramado de empresas o fundaciones públicas, con un  total de 17, incluyendo el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). El informe del Tribunal Vasco de Cuentas concluye que esta red pública tiene 1.699 empleados (de los que 881 se los lleva el IFAS), con un gasto de personal de 110 millones de euros.

Pero es que además el entramado de empresas públicas suponía, en 2015, una deuda de 973 millones de euros, muy cerca de los 1.207 que en ese ejercicio tiene contabilizados la Diputación vizcaína como débito. Es decir, cerca de 2.200 millones de deuda que tienen los vizcaínos por su administración foral.

En Álava, existen ocho empresas públicas, entre las que se incluye el Instituto de Bienestar Social. Son 2.571 empleados, según el informe del tribunal, con un gasto en personal (sueldos, Seguridad Social y otros beneficios laborales) de 87,5 millones. Es este territorio, la mayor parte del dinero se lo lleva el Instituto de Bienestar Social, con 65,2 millones y 1.643 empleados. La deuda de las seis empresas públicas (excluyendo el Instituto de Bienestar Social y el Instituto de la Juventud) en funcionamiento es de 132 millones. Si en Bizkaia suponía casi la mitad del total, en Álava es una quinta parte puesto que la Diputación tiene consignado un endeudamiento de 511 millones.

Guipúzcoa tiene, según la auditoría del Tribunal de Cuentas, el menor número de sociedades públicas, con cuatro, que suponen un coste de personal de 22,5 millones para sus 509 empleados. Más de la mitad del coste procede de la Fundación Uliazpi, dedicada a la atención a personas con discapacidad intelectual grave y sus familiares.

Los datos reflejan un elevado gasto para las arcas públicas: solo en los costes de personal más de 200 millones de euros. Repetidas veces han prometido los responsables de las diputaciones planes de racionalización y redimensionamiento, que se han quedado en un cajón o han sido un simple anuncio cosmético. En Euskadi, con poco más de dos millones de habitantes, no parece sostenible mantener esta estructura cuando a menudo se solapa con los otros ámbitos administrativos, como los ayuntamientos o el Gobierno vasco. Pero sería desempolvar el viejo debate de la utilidad de las diputaciones un territorio tan pequeño, que no interesa a gran parte de las élites.