Un candidato vizcaíno de EH Bildu alquila su vivienda de protección oficial como piso turístico

Un candidato de EH Bildu de Sopelana (Bizkaia) en las últimas elecciones municipales ha alquilado su piso de protección oficial como vivienda turística. El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco tiene abierto desde octubre un expediente sancionador por dos infracciones: la desocupación del piso y el alquiler para lucrarse.

La persona investigada, según la información recopilada por este blog, es Asier Onaindia Martínez, quien concurrió a las elecciones municipales de 2015 como primer suplente de la candidatura de EH Bildu en Sopelana. Es un militante que ayuda al partido en la localidad, según señaló un portavoz de EH Bildu de Bizkaia, «pero no tiene ningún cargo interno». Este portavoz agregó que están investigando el caso y, «si se confirman las irregularidades se aplicará el código ético, que es muy estricto» con cualquier práctica ilegal.

El caso se conoció tras una denuncia anónima que llegó el pasado verano al Departamento de Vivienda. La información aportaba datos concretos: que el piso, construido en 2016 y ubicado cerca del centro de Sopelana, en la calle Asu, no era habitado por su propietario –“no ha pasado ni una noche”- y que se alquilaban habitaciones como pisos turísticos. Aportaba anuncios insertados en Airnb, la conocida plataforma online dedicada a la oferta de alojamientos turísticos.

El investigado por el Departamento de Vivienda garantizaba, en los anuncios, una “total privacidad”. En los comentarios de los inquilinos, tras su estancia en el piso, se destacaba que habían estado “solos” durante su estancia. Cobraba 40 euros por cada noche y habitación.

El expediente, según los datos recabados, está en su fase inicial. Ha sido comunicado al candidato de EH Bildu, quien debe presentar sus alegaciones. Se ha nombrado ya un instructor, quien en un plazo máximo de seis meses debe realizar una propuesta de resolución.

La utilización de las viviendas de protección oficial, conocidas como VPO, tiene una regulación estricta al tener precios muchos más ventajosos que el mercado libre. Es una figura que se puso en marcha para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos. Sus beneficiarios deben usarlas como residencia habitual, mantenerla en buenas condiciones y está prohibido realquilar habitaciones o la casa entera.

Desde que en 2004 el Gobierno vasco puso en marcha el servicio de inspección sobre las viviendas de protección oficial y, según los datos actualizados hasta el pasado 2 de enero, se han incoado 2.248 expedientes sancionadores. Un total de 1.354 se han resuelto con sanción y están pendientes de dictaminarse otros 215. Las multas llegan casi a tres millones de euros, de las que se han pagado 1,8 millones. Algo más de 925.000 euros de dichas multas están recurridas.

Álava, pese a ser el territorio de Euskadi de menor población, tiene el mayor número de expedientes sancionadores, con 923, seguido de Bizkaia (792) y Gipuzkoa (533). Aunque la cuantía total mayor de multas está en Bizkaia, con 1,3 millones, frente a los 924.000 euros de Álava y los 713.000 en Gipuzkoa.

Más de la mitad de los expedientes se deben a la no ocupación de la vivienda protegida y el resto se deben a alquileres o el uso esporádico del piso por parte del propietario.

En una situación tan angustiosa para muchas familias y jóvenes, sin posibilidad de acceder ni siquiera al alquiler de pisos, es bochornoso que alguien se salte la ley de tal manera. No sólo deje vacía una vivienda pagada en una parte importante entre todos los vascos, sino que encima intente hacer negocio. Y que se haya presentado a unas elecciones municipales. Solo cabe esperar que, confirmadas las irregularidades, se sancione y sirva de ejemplo para quienes estén tentados de cometer conductas tan reprochables.