La Justicia anula por segunda vez el plan urbanístico que beneficiaba a la ex alcaldesa de Lezama

Por segunda vez, en una situación inédita en Euskadi, la Justicia ha tumbado el plan general urbanístico de un municipio, en la localidad vizcaína de Lezama. El Tribunal Superior vasco ha declarado nula la principal herramienta urbanística de un municipio por cuatro ilegalidades diferentes y reprocha la conducta de la ex alcaldesa Alaitz Etxeandia por votar a favor de la recalificación de un solar propiedad de su familia. Etxeandia es ahora un alto cargo de la Diputación de Bizkaia, institución a la que condena también el Tribunal Superior. En concreto, es directora de de Biscaytik, el organismo público de la Diputación vizcaína que se dedicar a introducir las nuevas tecnologías en los ayuntamientos.

Como ha informado este blog, el Tribunal Superior vasco de Justicia investigaba, desde junio de 2016, la legalidad del plan urbanístico de Lezama, tras una denuncia presentada por la plataforma Lezama Bizirik y medio centenar de vecinos de la localidad. Este mismo plan ya quedó anulado en 2009 por otra sentencia del Tribunal Superior vasco por irregularidades en el informe de impacto ambiental.

Uno de los aspectos más polémicos del plan fue la recalificación de los terrenos de de la familia de la ex alcaldesa Alaitz Etxeandia, para construir viviendas. Este solar, conocido como Txupetxa, estaba catalogado como inundables desde 1993, lo que impedía cualquier construcción.

El ayuntamiento tramitó este plan por vez primera hace ya más de 10 años, en 2007, rebajando al inundabilidad en base al informe de una consultora Izarvi. Entonces empiezan los primeros movimientos sospechosos. Justo en 2007 se firmó un acuerdo de compraventa entre la familia Etxeandia y dos constructoras. El documento fue suscrito ocho meses antes de que el Ayuntamiento de Lezama, con Alaitz Etxeandia entonces como alcaldesa, recalificara los terrenos. Suponía el pago de 5,5 millones de euros a la familia de la alcaldesa: su padre, su tía y cuatro primos.

El solar de los Etxeandia, ubicado junto al río Asua, estaba considerado, como se ha comentado, inundable desde 1993 y cuando empezó a revisarse el plan urbanístico de Lezama en 2002 se mantuvo esta calificación. Solo en la última fase, pocos días antes de la aprobación por parte del Gobierno vasco (y por tanto sin estar sujeto a alegaciones por la ciudadanía), el ayuntamiento introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del Gobierno vasco aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal “que sólo ha podido ser analizado con premura”, según admitió entonces la Dirección de Aguas.

Pese a la anulación por los tribunales en 2009, Alaitz Etxeandia empezó a aplicar el plan pero solo impulsando los proyectos para urbanizar su solar. Fue (otro dato esclarecedor) la única actuación urbanística que se puso en marcha en Lezama. Y no salió gratis: el ayuntamiento se gastó en estos proyectos para el solar de los Etxeandia más de 100.000 euros.  Pero todos ellos fueron anulados en 2009, en tres fallos diferentes, por los tribunales, que declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Ante los reveses judiciales, el Ayuntamiento empezó a tramitar un nuevo plan urbanístico en el municipio, prácticamente idéntico al anulado y manteniendo la recalificación del solar de la ex alcaldesa. Los vecinos volvieron a recurrir a la Justicia en 2016 y por segunda vez han ganado el pleito.

La sentencia reprocha a la ex alcaldesa, hoy día alto cargo de la Diputación vizcaína, «que era conocedora de que familiares directos tenían formalizado contrato de venta condicionada a la aprobación del plan general»

 

En un fallo, dictado el pasado 12 de febrero por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior, se anula todo el plan por cuatro irregularidades diferentes: el retraso de un año en incluir la participación ciudadana, obviar el alto valor agrícola y forestal de 65 hectáreas que destinó como urbanizables,  incumplir la normativa de descontaminación de suelos y no contar con el informe del Gobierno central en materia de telecomunicaciones.

La sentencia da, igualmente, un tirón de orejas a la ex alcaldesa por su reiteración en apoyar el plan general que beneficiaba a su familia. Cita diez votaciones en las que votó a favor. “En ningún momento relevante de la tramitación y aprobación del Plan General la alcaldesa se abstuvo de emitir su voto favorable”, señala  la sentencia.

“La que fue alcaldesa votó favorablemente acuerdos, en concreto la aprobación inicial y provisional del Plan General”, dice el fallo, pese a que “era conocedora de que familiares directos tenían formalizado contrato de venta condicionada a la posibilidad edificatoria del suelo, que estaba vinculado a la aprobación del Plan General”.

En el fallo se alude a otras irregularidades en la tramitación de los informes de inundabilidad del solar de los Etxeandia, como la falta de exposición pública, ya que el Ayuntamiento tramitó directamente los estudios a la Diputación (página 47 del fallo). O que el documento del plan general obviara las condiciones impuestas por la agencia vasca del agua Ura para permitir la edificación en los terrenos de la ex alcaldesa, como que su familia asumiera las obras de canalización del río. El Ayuntamiento, en cambio, en el plan ahora anulado, iba a encargase de costear esos  trabajos.

El Tribunal Superior vasco, que ordena la publicación del fallo en el Boletín Oficial de Bizkaia, condena además a la Diputación vizcaína (la institución que tramitó la aprobación definitiva del plan) y al Ayuntamiento de Lezama al pago de las costas judiciales, 3.000 euros, a la plataforma vecinal Lezama Bizirik.

Este colectivo valoró positivamente el fallo y recordó que en “precisamente cumplimos 30años sin plan urbanístico legal en Lezama”, un dato que, aseguran,  “debiera llamar a la reflexión a las personas y  el partido que han gestionado el municipio desde el Ayuntamiento durante ese tiempo”. Agregaron que los proyectos urbanísticos impulsados en Lezama “siempre han estado bajo la sospecha de buscar más la satisfacción de  ambiciones concretas que  de procurar el interés general”, en alusión a la urbanización de la familia de la ex alcaldesa, a quien “esta sentencia por cierto también hace mención”.

Consideraron que el gobierno municipal solo tiene dos opciones: volver  a recurrir la sentencia ante el Supremo, lo que  “conllevaría perder unos años más  y  dilapidar más dinero público “ o consensuar un plan urbanístico tanto en la corporación como con los vecinos, empresas y asociaciones.

Si escandaloso es que la Justicia anule todo el plan urbanístico de un municipio, roza el esperpento que tome esta decisión por segunda vez consecutiva. Que el último fallo aluda a la actuación parcial de la ex alcaldesa por beneficiarse con la recalificación de terrenos familiares añade aún más gravedad. Una mandataria que, cuando se destapó la polémica en 2009, llegó a afirmar que desconocía la propiedad del solar familiar,  votó reiteradamente a favor de las recalificaciones  y, tras ocho años en la alcaldía, fue recolocada en un alto puesto de la Diputación vizcaína. ¿Todo en orden?