Una constructora se quedará con un 15% del solar del frustrado «pelotazo» de 6 millones de euros de la ex alcaldesa de Lezama

Una constructora se quedará con el 15% del solar del frustrado pelotazo inmobiliario de la familia de la ex alcaldesa de Lezama y actual alto cargo de la Diputación de Bizkaia, Alaitz Etxeandia (PNV). La empresa obligó a los Etxeandia a devolverles 2,2 millones percibidos hace más de 9 años como adelanto de una operación urbanística que iba a reportar a la familia de la ex alcaldesa  unos beneficios de 5,5 millones de euros. Pero los Etxeandia pagaron hace dos años 1,5 millones por disensiones internas: aceptaron el padre de Alaitz Etxeandia y tres primos, mientras que otros dos familiares rehusaron abonar su parte.

Este caso arranca en 2007 con el acuerdo firmado (dato significativo) ocho meses antes de que el Ayuntamiento de Lezama, entonces con Alaitz Etxeandia como alcaldesa, recalificara como urbanizable el solar familiar de Txupetxa, ubicado junto al río Asua y considerado inundable desde 1993. En concreto, el 16 de febrero de 2007, el padre de la ahora directora de la sociedad foral Biscaytik, una tía y cuatro primos firmaron un acuerdo de venta por 6 millones de euros. Ese mismo día recibieron 646.088 euros y el resto, que se abonaría también en metálico, lo percibirían una vez dispuesto el suelo para la edificación.

Al aprobarse ocho meses después el planeamiento  que recalificaba el solar, las empresas se percataron de que el terreno no pertenecía en exclusiva a los Etxeandia y empezaron las discrepancias. Las constructoras exigieron renegociar el acuerdo pero los Etxeandia presentaron en 2009 una denuncia en los juzgados reclamando los 5,5 millones pendientes. Una demanda que, para desgracia de los promotores, permitió conocer la jugosa operación económica y que se plasmó en un auto del 2 de julio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao.

Hubo un pacto que supuso (añadiéndose a los 646.088 euros ya recibidos en 2007) el pago en metálico, en dos plazos materializados en abril de 2009, de 450.000 y 1.085.586 euros respectivamente. En esta última cantidad se incluía un piso en el barrio bilbaíno de Miribilla, que se valoraba en 300.000 euros, para uno de los primos de la alcaldesa. Con ello, los Etxeandia recibieron 2.181.674 euros. Los otros 3.095.212 euros restantes se iban a  pagar en especie: 10 viviendas, una lonja y cuatro garajes del solar de Txupetxa.

El acuerdo tenía un plazo: para abril de 2011 el Ayuntamiento debía concluir todos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar. En caso contrario, la familia de la alcaldesa debería reintegrar a las constructoras los 2.181.674 euros cobrados, más lo estipulado por daños y perjuicios.

El “pelotazo” empezó a complicarse cuando, tras la denuncia presentada por la plataforma vecinal Lezama Bizirik  el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en 2009 todo el planeamiento urbanístico del municipio y, por consiguiente, de la recalificación del solar de los Etxeandia. Pese a ello, la alcaldesa se afanó en aplicar el plan urbanístico de Lezama pero solo impulsando los proyectos para urbanizar su solar. Fue la única actuación urbanística que se puso en marcha en Lezama y costó más de 100.000 euros a las arcas públicas del consistorio. En 2012, en tres fallos diferentes, los tribunales declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Con toda esta controversia, las constructoras empezaron a reclamar los 2,2 millones adelantados por no cumplirse los plazos para la ejecución del proyecto. Enviaron hasta seis requerimientos notariales a los Etxeandia sin obtener respuesta y en 2013 presentaron una demanda civil para recuperar su dinero. Reclamaban la cantidad depositada, más otros 600.000 euros en concepto de intereses y costes: en total cerca de 2,8 millones. De esa cifra, la mitad se exigía al padre de la alcaldesa. Las empresas censuraron entonces que el Ayuntamiento “sigue maniobrando a su favor [de los Etxeandia]. En el nuevo plan urbanístico copia el Txupetxa anterior”. Agregaron que incluso recibieron un escrito de los Etxeandia, sin ninguna referencia a los 2,2 millones, en el que se dice que “se resucita [el plan urbanístico de Txupetxa] y que el contrato es válido”.

Sin embargo, el auto judicial de la compraventa no dejaba lugar a la duda. Las constructoras reclamaron su ejecución y el padre de Alaitz Etxeandia y tres primos aceptaron devolver el adelanto económico: algo más de 1,5 millones de euros, sin contar los intereses, a los que renunciaron las constructoras. Una tía (ya fallecida) y otro primo rehusaron devolver su parte, un 28%, que supone 610.868 euros.

Tras casi dos años y sin posibilidad de recuperar ese dinero, una de las constructoras se ha resignado a cobrar en especie los más de 600.000 euros pendientes. Se queda con cerca del 15% del solar, a la espera de que el solar pueda ser recalificado.

De momento tendrán que esperar, ya que el nuevo plan urbanístico (que igualmente contempla la recalificación del solar de la familia de la ex alcaldesa) impulsado tras la anulación en 2009 también ha sido declarado ilegal por el Tribunal Superior vasco en un fallo dictado el pasado 12 de febrero. En esa sentencia (inédita en Euskadi que por segunda vez consecutiva se anule un plan urbanístico general de un municipio), se reprochaba a  Alaitz Etxeandia que “era conocedora de que familiares directos tenían formalizado contrato de venta condicionada a la posibilidad edificatoria del suelo, que estaba vinculado a la aprobación del Plan General”. El Ayuntamiento de Lezama, que sigue gobernado por el PNV, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que el asunto se dilatará aún más.

El culebrón de este «pelotazo» inmobiliario sigue su camino y habrá que ver si los Etxeandia logran la recalificación y consiguen otros compradores para sus terrenos, un empeño en el que llevan 11 años. Es sonrojante que, para conseguir su propósito, un cargo público llegara a negar que los terrenos fueran de su familia y hasta en tres ocasiones votó a favor de la recalificación pese a sus intereses directos. Y es difícilmente calificable que hoy día ocupe un alto cargo en la Diputación vizcaína. Es nuestro oasis vasco.