«El alcalde me dijo que se quitaba un muerto de encima»: el testimonio al juez del vecino acosado desde hace 17 años

“El alcalde [de Zamudio] me dijo que se quitaba un muerto de encima”. El vecino del municipio vizcaíno de Zamudio, José María Zarate, quien lleva más de 17 años de hostigamiento por el ayuntamiento por la simple colocación de unas estacas en su terreno, ha puesto en evidencia ante un juez la actuación del primer edil, Igoitz López (PNV). Zarate tiene interpuesta desde febrero una denuncia contra López por delitos de prevaricación continuada, malversación, falsedad y desobediencia a la autoridad judicial debido a ese acoso.

El vecino declaró el pasado 15 de mayo ante el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao como denunciante del caso. Zarate ha acudido a la Justicia tras recibir la comunicación del alcalde de una tercera “investigación” contra su persona en apenas medio año cuyo objetivo último es el derribo de las estacas. Dos fallos judiciales ya firmes, en 2010, condenaron al Ayuntamiento a restituir los postes derribados y obligaron a la anterior alcaldesa a dejar su cargo por prevaricación. En solo medio año, el alcalde ha abierto y cerrado por dos veces dos expedientes para tratar de demostrar que el camino junto al que se ubican las estacas es público.

Este caso se remonta a 2001, cuando Zarate empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar su terreno con unas estacas. Lo hizo. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas. Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y ex  viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea le conminó a que “parara inmediatamente”.

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado de lo penal de Bilbao le condenó por prevaricación, un fallo confirmado ese mismo año por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Pese a las dos sentencias judiciales, el ayuntamiento se resistió a cumplirlas ya con el nuevo alcalde, Igoitz López. Fue necesaria otra intervención  de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En julio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Pero el consistorio nunca le ha concedido la licencia de fin de obra. Zarate estuvo esperando tres años a una respuesta municipal. Hasta que  un decreto del alcalde, firmado el 12 de julio de 2017, anunció al vecino que no iba a disponer de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma” sin aportar más explicaciones. En el escrito le informaba de otro decreto, elaborado supuestamente en octubre de 2014, que desestimaba  la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado de ello en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días. La defensa de Zarate considera que es un documento falso y ha pedido al juzgado el original de ese decreto de 2014 y las declaraciones de dos funcionarios (entre ellos el secretario municipal) sobre dicho decreto, “desaparecido” hasta hace un año.

En su declaración del pasado 15 de mayo, Zarate señala que en 2014 el alcalde le concedió la licencia de obras y el 25 de agosto de ese año recibió en su domicilio una llamada telefónica de Igoitz López, en la que ambos comentaron que “se habían quitado un muerto ambas partes”, en alusión a la colocación de las estacas tras las sentencias judiciales. Zarate, que tiene como testigo de la conversación a un amigo, ha agregado ante el juez que el alcalde admitió que su vecino colindante Ángel Aurre (quien precisamente presentó la primera denuncia contra José María Zarate por la colocación de los postes) “iba a monta en cólera” por el permiso concedido.

Tras esta conversación, Zarate pensó que el asunto estaba resuelto hasta que, tres años después, en 2017, se percató del cambio de postura del alcalde, al mandarle una notificación con el supuesto decreto de 2014 que anulaba la licencia concedida. El vecino agrega que posteriormente ha recibido las notificaciones de apertura de una “investigación” para determinar si el camino es público, con el fin último de derribar de nuevo las estacas. En esas resoluciones “se le insinúa o dice que retire las traviesas”.

Estamos ante un caso que, ocho año después de dos contundentes sentencias judiciales que condenaron por prevaricación a una alcaldesa y le obligaron a dejar el cargo, ha vuelto a la vía judicial por el acoso y la negativa del Ayuntamiento de Zamudio a permitir la colocación de unas simples estacas. Otro alcalde acusado de prevaricación continuada, malversación, falsedad y desobediencia a la autoridad judicial que admitió al vecino que se “había quitado un muerto de encima” cuando concedió la licencia de obras. Pero que ha vuelto a las andadas en una cruzada donde el interés general no se aprecia por ningún lado. Mientras, un despilfarro de fondos públicos y un vecino amargado por el hostigamiento durante 17 años.