Un constructor vasco admite que un alcalde del PNV le obligó a cobrar por obras falsas

“El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis”. Es el reciente testimonio ante una  jueza de un constructor vasco adjudicatario de obra pública en el municipio vizcaíno de Alonsotegi. El  alcalde es José Luis Erezuma (primer edil en representación del PNV entre 2011 y 2015)  y ambos, junto a otro constructor, la arquitecta municipal, un arquitecto asesor y un aparejador, están imputados de cuatro delitos (prevaricación, falsedad, fraude a las administraciones públicas y malversación) por el cobro de obras públicas no ejecutadas. El dinero desviado, 600.000 euros, procedió además de una subvención de la Diputación vizcaína, según la denuncia de la Fiscalía.

Es el último de los casos de supuesta corrupción bajo investigación judicial en Alonsotegi, el municipio vasco de más de 1.000 habitantes con mayor endeudamiento (763 euros por vecino). Los tribunales tienen abiertos tres investigaciones diferentes en los que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres anteriores legislaturas (de 2003 a 2015). El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales.

El primer caso es el de la sociedad municipal urbanística Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse  un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora. Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en julio pasado con el procesamiento de los dos alcaldes  de ese periodo entre 2003 y 2011 (Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban). Se les acusa, junto a tres abogados y al arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Una auditoría  externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico. Ahora, una vez que se formulen las peticiones de cárcel, está pendiente la fijación del día del juicio.

El segundo caso se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obra falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

El tercer sumario indaga otro episodio de obras falsas en noviembre de 2011. La investigación se ha abierto este año e igualmente se centra en obras justificadas por unas riadas. En este caso se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Pero la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones. Por este caso, están imputados por cuatro delitos (prevaricación administrativa, falsificación de documentos públicos, malversación y fraude de subvenciones) el alcalde entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, la arquitecta municipal, el arquitecto asesor (el único que está investigado en los tres casos), el aparejador y dos constructores de la empresa Laneder.

Todos ellos fueron llamados a declarar, ante el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo, el pasado 20 de noviembre pero solo acudieron los dos socios de Laneder, (empresa en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más  de un millón de euros por una obra realizada en 2008.

El testimonio más destacado fue el del constructor Eduardo Ibarra.  “Le requeríamos [al Ayuntamiento de Alonsotegi] que nos debía dinero y nos daba largas”, aseguró en su declaración este socio de Laneder. “Estábamos en una situación caótica. Era la defunción [de la empresa]”. El constructor dijo que el ayuntamiento de Alonsotegi les abonó en 2011 cerca de 450.000 euros y quedaban pendientes otros 600.000.

“A mediados de marzo [de 2012] nos llamó el alcalde [José Luis Erezuma] para una reunión. Estaban la secretaria, la interventora, una asesora del alcalde, el alcalde… había mucha gente. Y nosotros dos, mi socio y yo, y la dirección de obra, Alberto Zulueta [el arquitecto asesor que está imputado en las tres causas] y [el aparejador] Juan Torrontegi”.

Añadió que fue el alcalde quien “llevó el peso de la reunión y nos planteó que nos iba a pagar la deuda que tenía con nosotros”. Pero entonces llegaron las condiciones: “Que había que firmar una serie de papeles. Que teníamos que hacer unas certificaciones y emitir unas facturas. Y si no, nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”.

El constructor, a preguntas de la Fiscalía, admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró.

Eduardo Ibarra señaló que “seguimos instrucciones del alcalde para hacer estas facturas” y que el primer edil  “no nos dijo de donde iba a salir ese dinero. Luego nos enteramos que eran unas obras de inundaciones. A mí poco me importaba, yo lo que quería era cobrar”.

“Cobramos solo lo que nos debían. En esa reunión me entero que me van a pagar de esa forma”, agregó. Declaró que los 600.000 euros fueron a la cuenta corriente de Laneder “y con ello se pagó parte de las deudas. No pagamos a ninguna tercera persona por facilitar este acuerdo”.

El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

Estamos ante el testimonio en un juzgado de un constructor que admite haber cobrado 600.000 euros por facturas falsas, de obras que nunca ejecutó. Por indicación expresa de un alcalde. En un ayuntamiento, Alonsotegi, con tres casos de supuesta corrupción en los tribunales (uno ya con procesamiento de dos alcaldes pendiente de fijarse el juicio), donde el agujero económico por estas prácticas se calcula en 17 millones de euros. Y todavía algunos políticos mantienen abiertamente en que en Euskadi no pasa nada. Que la corrupción es cosa de otros. Sobran más comentarios.