El vuelco electoral en tres municipios vascos implicados en la corrupción

Aunque en Euskadi se ha acuñado el término oasis vasco para referirse al espejismo de que no hay casos de corrupción o gestión pública irregular, las consultas electorales ofrecen datos concluyentes. En los municipios vascos con más escándalos sonados (Bermeo, Alonsotegi y Bakio), los partidos que gobiernan han perdido el primero puesto. Y en otra localidad, Salvatierra, con una gestión muy personalista y polémica, su formación política conservará la alcaldía por solo por 17 votos.

Se trata de además de localidades con otro denominador común: su elevada deuda. Alonsotegi, Bakio y Salvatierra padecen un déficit de entre 670 y 760 euros por habitante, por encima de la media española que se sitúa sobre los 500 euros por vecino.

Alonsotegi tiene abiertas actualmente tres investigaciones diferentes en los que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres anteriores legislaturas (de 2003 a 2015). El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales. En Bermeo, la Justicia sentenció la ilegal reclasificación de un solar para construir 40 pisos y el consistorio se ha dedicado a acosar durante 6 años al vecino que denunció la operación urbanística. En Bakio, el que fue alcalde durante 16 años, Txomin Renteria, fue inhabilitado por los tribunales por prevaricación y en Salvatierra, la gestión personalista del alcalde Iñaki Beraza (que ha cumplido siete legislaturas como primer edil) ha llevado a que los contratistas tuvieran que citarse personalmente con él para cobrar las facturas.

En Alonsotegi, los tres últimos alcaldes (todos del PNV, en las tres anteriores  legislaturas, de 2003 a 2015) están imputados por diversos delitos y dos de ellos ya han sido procesados a la espera de celebrarse el juicio. Son tres casos que han causado un agujero económico de 17 millones de euros, según informes periciales.

 El primero es el gasto municipal en una sociedad urbanística de 7,3 millones sin documentación que lo justificara, que fue disuelta tras un déficit de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora. Se acusa a los ex alcaldes Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban, junto a tres abogados y al arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

El segundo caso se refiere a certificaciones de obras falsas en 2008. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obra falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

El tercer sumario indaga otro episodio de obras falsas en noviembre de 2011, por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Están imputados por cuatro delitos (prevaricación administrativa, falsificación de documentos públicos, malversación y fraude de subvenciones) el alcalde entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, la arquitecta municipal, el arquitecto asesor (el único que está investigado en los tres casos), el aparejador y dos constructores de la empresa Laneder.

En este caso destaca la declaración, el pasado 20 de noviembre, de un constructor vasco, que admitió ante la jueza que el ex alcalde Erezuma le obligó a cobrar por obras falsas.

Las elecciones han desbancado, por primera vez, del primer puesto en Alonsotegi al PNV, que ha gobernado los últimos 18 años, todos los de la historia de este municipio que se independizó de Barakaldo en 1991. Las imputaciones por casos de corrupción a los tres alcaldes de 2003 a 2015 se han saldado con la pérdida del 15% de votos al PNV, que se ve rebasado por vez primera por EH Bildu. Ambas formaciones se quedan con cinco concejales. El voto del otro representante municipal, del PSE, dictaminará quién es el próximo alcalde.

En Bermeo, la polémica de la última legislatura ha estado protagonizado por la llamada operación San Miguel, la reclasificación de un solar para construir 40 pisos y beneficiar a un constructor. El caso fue denunciado por un vecino, que desde entonces ha soportado una decena de pleitos del consistorio, que ha ido ganando uno tras otro. Los tribunales, en tres sentencias, declararon ilegal la reclasificación pero, en el largo periplo judicial de 6 años, las viviendas se edificaron y tiene ya sus inquilinos, con lo que han quedado sin efecto.  El Tribunal Superior vasco ha llegado a calificar este caso de urbanismo a la carta.  El acoso al vecino se consumó cinco días antes de las elecciones de este domingo cuando el ayuntamiento entró en su vivienda (una actuación motivada por una demanda del constructor denunciado).

En las elecciones de este domingo, EH Bildu, que ha tenido la alcaldía los últimos 8 años en manos de Idurre Bideguren, ha perdido el 24% de votos y, en su tradicional pugna en esta localidad con el PNV, le ha pasado el bastón de mando a los peneuvistas. El vuelco ha sido tan espectacular (los 7 ediles que tenían ambas formaciones se han transformado en 9 para el PNV y 5 para EH Bildu) que por vez primera en 20 años una formación podrá gobernar con mayoría absoluta en Bermeo.

Bakio ha tenido una mezcla de irregularidades y una gestión personalista de su alcalde durante 16 años (de 1995 a 2011) Txomin Renteria, quien en 2018 fue condenado a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público  por cambiar de forma arbitraria el contrato de construcción de un centro de talasoterapia. Supuso la exención a una empresa del pago del canon al ayuntamiento: casi medio millón de euros. La sentencia firme del Tribunal Supremo, el pasado año, evitó su entrada en prisión al rebajar la condena fijada anteriormente por la Audiencia de Bizkaia, que le impuso dos años y medio de cárcel. Durante su gestión, Bakio vivió varios casos de irregularidades urbanísticas que acabaron en los tribunales. El más importante fue el proyecto de 436 pisos, con la posible inclusión de un campo de golf, en el área de Ohija, un espacio privilegiado con vistas al mar. Se ubicaba a escasa distancia del biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño) del ahora famoso enclave de San Juan de Gaztelugatxe. La oposición vecinal consiguió frenar el proyecto.

En los comicios del domingo, el PNV ha perdido el primer puesto por vez primera y ha sido rebasado por EH Bildu. El vuelco se ha materializado ahora pero empezó a gestarse en la anterior legislatura, cuando EH Bildu, pese a ser la segunda fuerza, accedió a la alcaldía merced al apoyo de un grupo independiente. Los peneuvistas han perdido este domingo el 15% de sus votos y EH Bildu ha ganado un 40%.

En Salvatierra, el protagonista ha sido el alcalde Iñaki Beraza, quien ha cumplido siete legislaturas en el poder: desde 1987, solo con el paréntesis de 2011 a 2015 cuando fue reemplazado por EH Bildu, hasta ahora. Su gestión fue muy polémica hasta 2011 por el elevado endeudamiento que contrajo el ayuntamiento: 3,7 millones de agujero certificado en 2012. No ha salido a la luz pública ningún caso de irregularidades como en Alonsotegi o Bakio, pero contratistas que han trabajado en Salvatierra han admitido que tenían que hablar con el alcalde en persona para poder cobrar facturas.

Esta vez no se ha presentado y su formación, el PNV, tras perder el 14% de sus votos, retendrá la alcaldía por solo 17 votos de diferencia por encima de EH Bildu.

Aunque cada partido político implicado se empeña en silenciarlo cuando le toca en sus carnes, las urnas han vuelto a castigar la gestión irregular o vinculada a la corrupción en municipios como Bermeo, Alonsotegi o Bakio. Y hay más casos en los que la omertá vasca impide que salgan a la luz conductas vergonzantes de gestores públicos.