Una juez exige a la Diputación vizcaína todos los informes del proyecto Habidite: una amenaza de un «agujero» de 19 millones

Una juez de Bilbao ha exigido a la Diputación de Bizkaia todos los informes técnicos y jurídicos del frustrado proyecto Habidite, por el que un empresario tiene ya una reclamación de una indemnización de al menos 18,6 millones de euros. Habidite es el caso más importante en Euskadi de un empresario, Jabyer Fernández, que se enfrentó al poder y perdió: lleva en prisión casi tres años. Pero el empresario ya ha ganado dos pleitos que han condenado a la Diputación por su actuación «poco diligente” al frustrar la puesta en marcha del  entonces novedoso proyecto Habidite, viviendas construidas en serie, impulsado hace 11 años.

Esta historia arranca en 2005 cuando Fernández, presidente del entonces grupo Afer (un conglomerado de 30 empresas que daban trabajo a 2.000 empleados de los sectores inmobiliario y de la construcción y que llegó a facturar 281 millones de euros en 2007), presentó públicamente el proyecto Habidite, avalado por el entonces diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao. Se iba a crear una gran factoría en la localidad vizcaína de Alonsotegi con una inversión de 60 millones de euros y 1.100 empleos. Todo un reclamo electoral para los políticos y la Diputación de Bizkaia lo apoyó ciegamente. “Es un proyecto serio y una empresa seria”, afirmó en febrero de 2007 José Luis Bilbao. En los meses anteriores políticos de todos los colores, altos cargos y periodistas fueron invitados al txoko que tenía Fernández en su fábrica de Ortuella para mostrarles el innovador proyecto. Casi todos quedaron maravillados e incluso algún periodista hizo de adalid de la fábrica ante los políticos que tenían sus dudas.

El apoyo público era una bicoca para el empresario: se firmaron tres convenios en los que se garantizaba que la Diputación iba a comprar las primeras 1.500 casas. Es decir, un negocio con la facturación inicial garantizada. Los problemas empezaron pocos meses después, en el verano de 2007, cuando constructores vascos se quejaron personalmente ante José Luis Bilbao. Jabyer Fernández podía frustrar muchos otros proyectos inmobiliarios y repartirse la mayor porción de la tarta del siempre suculento pastel de la construcción. Ahí estuvo la clave de que el proyecto Habidite fracasase. Bilbao tuvo que empezar a recular pero lo hizo con pausa, mientras Fernández seguía avanzando en su proyecto. El empresario era uno de los dos primeros adjudicatarios de contratas públicas en Bizkaia en esos años.

La ruptura entre el empresario y el poder se consumó en 2009, cuando la Diputación rescindió por los retrasos cuatro obras adjudicadas al grupo Afer por más de 35 millones de euros. Era una decisión inédita que incluso provocó malestar en el grupo del PNV de las Juntas Generales de Bizkaia por no haber sido informados previamente por el diputado general. Fernández se sintió traicionado y empezó su guerra personal contra Bilbao, quien también vivió los meses más duros de su mandato al frente de la Diputación.  Conversar en privado con uno u otro sobre este asunto servía para comprobar la inquina muta que se tenían. “Quiere ser lehendakari. No le puede ni ver a Ibarretxe”, decía Fernández por Bilbao en aquellos años. “Habría que saber dónde guarda los fajos con billetes”, espetaba el diputado general en alusión al empresario, a quien se dirigía como un “individuo” que no había pagado a Hacienda.

La batalla la perdió Fernández. Su declive empresarial le obligó a vender el solar donde iba a acometer otro negocio: el mayor proyecto urbanístico de Euskadi, 2.000 pisos en Barakaldo. El IVA de 43 millones de euros de esa operación que debía haber pagado a la Hacienda vizcaína por la venta lo utilizó para sanear su grupo. A diferencia de otros empresarios, no logró el aplazamiento fiscal. Intentó negociar tanto con el diputado general de Bizkaia como con el propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, los retrasos de sus pagos con Hacienda. “Le dejaron caer”, aseguraron quienes conocen cómo funcionan las peticiones de aplazamientos de deudas. El que fue su mano derecha en Habidite y entonces presidente del Athletic, Fernando García Macua (Fernández le aupó al cargo con su dinero), le denunció con otros socios por el uso de aquellos 43 millones de euros y empezó su vía crucis judicial.

En 2014, la Audiencia de Bizkaia le condenó a tres años de prisión por insolvencia punible en la operación del solar de Barakaldo, aunque le absolvió del delito fiscal pedido por la Diputación, que exigía otros cuatro años de cárcel y una indemnización de 80 millones. Desde el 4 de junio de 2015 Fernández está en la prisión de Zaragoza y se espera que en los próximos meses salga de la cárcel.

Pero el empresario también tenía sus pleitos contra la Diputación vizcaína por el incumplimiento de los convenios de su fábrica de viviendas. La institución foral decidió comunicar en 2009 (en pleno enfrentamiento con Fernández) a la UE si los convenios podían ser ayudas de Estado, en una decisión sorprendente ya que había transcurrido casi dos años y medio después de firmarlos.  La Comisión Europea dictaminó en 2012 que eran ilegales. Aunque con un matiz: no cumplían la ley por no haber sido notificados cuando se firmaron, en 2006, y que incluso podían haber tenido acceso a ayudas europeas por 10,5 millones de euros. La Diputación decretó, con ese informe, la nulidad de los convenios y pretendió dar por cerrado el asunto.

Jabyer Fernández interpuso denuncias en la vía administrativa y judicial. Primero el Tribunal Superior, en  2014, le dio la razón al no existir argumentos para la anulación de los convenios y el Tribunal Supremo, el 25 de mayo de 2017, confirmó el fallo al constatar el “poco diligente comportamiento de la Administración“. Estas sentencias han obligado a la Diputación vizcaína a retrotraer a su inicio el expediente de los convenios. Hasta ahora, el proyecto ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros en la compra del suelo de la frustrada fábrica y otros 700.000 euros en gastos jurídicos de los pleitos, según los datos aportados por la institución foral.

En septiembre la Diputación recibió un escrito de los abogados de Fernández con una reclamación concreta de indemnización: 18.609.901,85 euros. De esos casi 19 millones de  euros, un total de 10,5 millones se exigen por las ayudas europeas perdidas y otros 8,1 millones en concepto de la inversión realizada, según certifica un informe elaborado por la consultora Ernst & Young. Es la cantidad “mínima” reclamada, ya que no incluye el lucro cesante (pérdida de ganancias del negocio) que está pendiente de concretarse en otro informe. La Diputación ha desestimado las peticiones y ha cerrado esta vía administrativa. Los abogados de Fernández lo llevarán en breve por la vía judicial.

El pasado año, en concreto desde el 16 de octubre, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco inició una investigación  sobre la responsabilidad patrimonial de la Diputación por el frustrado proyecto. El caso ha pasado al juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao, que ha adoptado las primeras decisiones. El 8 de marzo pasado aceptó la petición de los abogados de Fernández de exigir a la Diputación de Bizkaia todos los informes técnicos y jurídicos elaborados para avalar el proyecto. La institución foral deberá aportarlos, después de que la juez desestimara, el pasado 13 de abril, el recurso de los abogados forales.

En 2009, en plena polémico sobre el proyecto Habidite, el entonces diputado general de Bizkaia eludió aclarar si se contaban con estos informes técnicos y jurídicos, que nunca se han conocido.

Un conflicto político-empresarial iniciado hace casi 10 años se encamina a otro largo periplo judicial. Lo preocupante es la amenaza de un agujero en las cuentas públicas de al menos 19 millones y la frustración de un proyecto, presentado como innovador y generador de más de 1.000 empleos, que hasta ahora ha costado 5,4 millones de euros sin ningún retorno. Cuando se resuelva, de la manera que sea, asistiremos a la cantinela de siempre en la gestión pública: fue cosa de otros.