La empresa del vertedero vizcaíno donde han desaparecido dos trabajadores ha tardado 5 días en contactar con el Gobierno vasco y los familiares

La investigación apunta como causas a la falta de compactación del suelo o un drenaje incorrecto en el interior del basurero

La empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) donde el pasado jueves desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de medio millón de metros cúbicos de terreno, ha tardado cinco días en contactar con el Gobierno vasco y los familiares de las víctimas. Un hecho que ha irritado sobremanera al Departamento de Medio Ambiente, que indaga sobre las causas de la catástrofe, además del juzgado que ha abierto una investigación. Este miércoles (casi una semana después de la catástrofe) se ha celebrado la primera reunión entre Gobierno y empresa.

Las primeras hipótesis, según la información recabada por este blog, apuntan a la falta de compactación de las tongadas (los taludes que se crean para ir depositando los vertidos) o a un incorrecto drenaje en el interior del basurero. Pero todo está abierto y aún se desconocen los motivos concretos del fatal deslizamiento.

Los servicios de Emergencias han tenido que paralizar varias veces los trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos debido a la existencia de 10.000 toneladas de amianto en el vertedero (que alberga ahora cerca de dos millones de toneladas de residuos) y a las dudas sobre la estabilidad y el riesgo de nuevos corrimientos de tierras.

El accidente (que afectó a la autopista A-8 que une Bilbao y San Sebastián, sobre la que cayó la tierra deslizada, al estar cortada totalmente durante toda la tarde y noche del jueves al viernes pasado) ha creado alarma entre los vecinos de la zona, que han protagonizado varias manifestaciones. Además, como ha publicado El Correo, uno de los trabajadores desaparecidos advirtió el pasado 3 de febrero (tres días antes del derrumbe) a sus superiores de que habían aparecido grietas en las bancadas del vertedero y que había que dejar de volcar residuos. La empresa  contrató entonces a una empresa topográfica para analizar las grietas, labor que empezó a realizar justo el día anterior al corrimiento. Pero, a pesar de ello, la empresa continuó con su labor cotidiana de acoger residuos.

Partidos de la oposición como EH Bildu han criticado la gestión del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, cuyos técnicos detectaron en junio pasado que el vertedero albergaba residuos no autorizados y ocupaba más espacio del permitido. Pero, según sus datos, no se había detectado ningún riesgo de deslizamiento.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya reprochó este martes a los responsables de Verter Reclycing que su respuesta ante el accidente “está siendo manifiestamente mejorable en todos los ámbitos”, en referencia a los aspectos laborales y medioambientales. “Es absolutamente insatisfactoria”, afirmó.

Erkoreka se refería al hecho de que hasta este martes los empresarios no han contactado con el Gobierno vasco. La comunicación se ha realizado, además, a través de un abogado de la empresa, según los datos recogidos por este blog. Los familiares tampoco han tenido ningún contacto en todas esas jornadas. El día del accidente ningún responsable de la empresa se acercó para interesarse por su estado.

En cuanto a la investigación, ya en vía judicial tras la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Durango, hasta ahora todo son hipótesis. Las más plausibles, en esta fase inicial de las indagaciones, son dos. La primera, que se efectuó una deficiente compactación de las tongadas, que son los taludes que se van conformando para depositar los residuos en un vertedero. Es una labor fundamental en cualquier basurero para afianzar su estabilidad y evitar deslizamientos. La segunda hipótesis es una acumulación de agua u otros líquidos en el interior del vertedero debido a un incorrecto drenaje. Esa bolsa habría explotado y, con ello, provocar el deslizamiento de las tierras.

No es defendible la actitud de los empresarios del vertedero de mantener silencio durante cinco días, especialmente ante la Administración que debe controlar los vertederos y los familiares de los desaparecidos. Una actitud que acrecienta las sospechas de su comportamiento en este grave accidente. Y la investigación judicial debe despejar o fijar si ha habido alguna responsabilidad de la administración pública, la encargada de velar por el cumplimiento de la ley en los vertederos.