Jueces de Bilbao bloquean las demandas laborales por el coronavirus

La crisis por la pandemia del coronavirus está provocando multitud de despidos temporales de trabajadores (más de 144.000 en Euskadi, según los últimos datos). Pero además les está dejando en la indefensión judicial, ya que los once juzgados de lo social de Bilbao han decidido bloquear cualquier demanda laboral asociada al coronavirus. La plataforma telemática que tramita estos asuntos está paralizada y los jueces tampoco pueden actuar desde fuera de los juzgados, al estar imposibilitado por cuestiones técnicas el teletrabajo.

La crisis del coronavirus ha dejado en servicios mínimos la actividad judicial en toda España. Pero en Bizkaia se ha ido más allá: la junta de jueces de los juzgados de lo social (los que tramitan los asuntos laborales) acordó a mediados de marzo, cuando ya se iba a decretar el estado de alarma en toda España, dejar sin efecto la plataforma telemática para tramitar las demandas laborales, la llamada JustiziaSIP, según han confirmado fuentes jurídicas.

El decreto del Gobierno de España establece que si un trabajador afectado por un ERTE (los expedientes temporales de suspensión de empleo) a consecuencia de la crisis del coronavirus plantea una demanda judicial, y alega la urgencia de ella, los juzgados deben tramitarle. Pero la realidad, al menos en Bizkaia, es otra. La plataforma telemática JustiziaSIP, que sirve para la presentación de las demandas laborales está bloqueada y los jueces no pueden actuar.

La única opción, según explican fuentes jurídicas, es que el trabajador demandante acuda al juzgado e invoque la urgencia. Pero los jueces carecen de la plataforma y además solo están trabajando un funcionario y un secretario para los diez jugados de lo social de Bilbao. Una cascada de demandas quedarían bloqueadas por falta de personal.

Otra alternativa sería el teletrabajo, que el juez tramitara la demanda desde su domicilio. Pero, a diferencia de otros funcionarios, los magistrados no tienen posibilidad de acceder a los expedientes vía telemática.

Esta situación persiste desde el 13 de marzo y está causando gran malestar en el ámbito judicial. Sobre todo si el estado de alarma se alarga más allá del 12 de abril (la última fecha fijada por el Gobierno), con la previsible cascada de demandas laborales. En asuntos como los conflictos colectivos o de tutela de derechos humanos, los jueces de lo social de Bilbao están dictando autos de suspensión de las vistas, que se notifican por fax, con el argumento del riesgo existente y la falta de medidas preventivas.

Esta suspensión se está ejecutando pese a que el decreto de alarma del Gobierno de España señala, en la disposición adicional segunda, apartado 3 b, que la interrupción de las actuaciones judiciales no será de aplicación en los “procedimientos de conflicto colectivo y para la tutelar de los derechos fundamentales y libertades públicas”.

Difícil explicación tiene que los jueces se inhiban, en este momento tan crítico para toda la ciudadanía, en una parte importante de su trabajo: la tramitación de demandas laborales. Y más de los afectados por esta gran crisis sanitaria y económica. Tampoco se entiende que, cuando la gran mayoría de empleados públicos y privados, puede acceder al teletrabajo, en la judicatura se esté como si fuera el siglo pasado. La cúpula judicial vasca, tan silente en estas tres semanas de crisis, debería ofrecer unas cuantas explicaciones.