El Ayuntamiento de Zamudio ha ocultado más de un año información urbanística al vecino acosado desde hace dos décadas

El Ayuntamiento de Zamudio (Bizkaia) ha estado ocultando durante más de un año información urbanística pedida por un vecino a quien acosa desde hace 15 años. El Consistorio, dirigido por Igoitz López (PNV), solo ha aportado los datos del expediente de una denuncia urbanística en el cierre de una finca de otro residente tras dos requerimientos del Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco).

Como ha informado este blog, los problemas con el Ayuntamiento de Zamudio de José María Zarate se remontan a la década de los 90, cuando este vecino reveló la existencia de unos restos históricos que obligaron a cambiar el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros.

En 2001, Zarate empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar sus tierras con unas estacas. Dicho y hecho. En 2006 pidió la licencia municipal de obras, pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas.

Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado le condenó por prevaricación, un fallo confirmado en 2011 por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó, pero permanece en el cargo.

Las dos sentencias judiciales fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Pero meses después, el alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y no ha facilitado la licencia de fin de obra.

Desde entonces, la estrategia del Consistorio se ha dirigido a querer demostrar que el camino es público (cuando las sentencias judiciales que condenaron a la anterior alcaldesa señalan que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro) con la intención final de volver a derribar las estacas.

En el fondo del tema está otro vecino, a quien le molestó especialmente la colocación de las estacas por parte de Zarate. Un residente influyente a quien, sin licencia, si se le permitió en su propiedad un cierre con verja metálica. Zarate ha presentado, desde 2008, hasta ocho denuncias administrativas contra él por dicho cierre. El alcalde, en un decreto firmado en febrero de 2016, admitió la falta de licencia, pero argumentó que era un asunto prescrito, con lo que permitió el cierre sin ninguna sanción. Llamó entonces atención que se basara en el informe del «Secretario», familiar directo del denunciado y que por tanto debiera haberse abstenido.

Para defender a ese vecino, el Ayuntamiento de Zamudio se gastó más de 6.100 euros en sendos informes a las empresas Idom e Imade para justificar la prescripción.

Ahora el Ararteko ha intervenido después de que este vecino intentara acometer obras de reparación en su cierre en la Semana Santa del pasado año. José María Zarate presentó una denuncia en el ayuntamiento el 15 de abril de 2019 por la falta de licencia municipal y las obras se pararon tras el informe del aparejador municipal. Zarate pidió, como establece la ley, estar informado del expediente abierto. Lo hizo por dos veces, en mayo y octubre del pasado, sin obtener respuesta, lo que incumple las leyes de las administraciones públicas y de transparencia.

Ante la ocultación de datos, recurrió al Ararteko vasco, Manuel Lezertua, quien inicio la investigación del caso el 2 de marzo y el 12 de marzo ya pidió documentación al Ayuntamiento de Zamudio. Pero tampoco ha obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo vasco, en un escrito fechado el pasado 24 de junio, señala que “esa administración (en alusión al Ayuntamiento de Zamudio) no ha atenido a la petición del Ararteko”. Agrega que, “ante la falta de respuesta”, ha solicitado por segunda vez la documentación exigida por el vecino.

Tras esta intervención del Ararteko, el vecino acosado recibió, por fin, información de su denuncia el pasado 10 de julio (15 meses después) por parte del Ayuntamiento de Zamudio, en la que le informa del archivo del caso pese a que el consistorio abrió un expediente por «obras clandestinas».

El caso de este vecino de Zamudio empieza a sobrepasar todos los límites. Lleva 20 años en litigios por el ayuntamiento y una alcaldesa ha tenido que dejar su puesto por prevaricación en el acoso practicado por la colocación de unas simples estacas. Desde hace años, el ayuntamiento sigue con su estrategia de derribarlas de nuevo, pero, en cambio, permite a otro vecino realizar un cierre ilegal. Oculta datos de esta actuación al vecino y también al Ararteko, cuando la información urbanística en un municipio debe estar al alcance de cualquier residente. Solo tras dos requerimientos del Defensor del Pueblo y 15 meses después de solicitarlo, traslada el expediente urbanístico al vecino acosado, una vez haber decretado el archivo del caso. ¿Qué es lo que se oculta y protege? No parece que sea el interés público.