Un juzgado decidirá si la Diputación vizcaína vulneró la libertad de expresión al bombero que se negó a cargar armas para Yemen

Un juzgado de Bilbao decidirá si la Diputación de Bizkaia ha vulnerado la libertad de expresión de un bombero por impedir su participación en tertulias radiofónicas. Es otro caso de persecución a un ciudadano por parte de una administración pública: se trata de Ina Robles, el bombero que se negó en 2017 a la carga de armas españolas a un barco saudí. Entonces ya la Diputación de Bizkaia le abrió un expediente con la amenaza de dejarle hasta 6 años sin empleo ni sueldo pero todo quedó en una falta leve. Robles también denunció en 2012 a la Diputación porque no accedían mujeres a los servicios de Extinción de Incendios de los bomberos en Bizkaia y los tribunales le dieron la razón.

A raíz de su objeción a la carga de las armas, Robles adquirió una gran notoriedad pública (fue concejal de Elkarrekin Podemos en Getxo durante un año) y fue requerido por diversos medios de comunicación vascos para participar en tertulias, de forma gratuita. En 2020 le llamaron para colaborar en Radio Euskadi con una contraprestación (60 euros mensuales) que donó a una ONG. Pese a que eran colaboraciones mensuales, él mismo consultó a sus superiores sobre la compatibilidad, al tratarse de un funcionario.

La Diputación vizcaína denegó la compatibilidad y, aludiendo a una ley de 1984, señaló que esas colaboraciones solo podían ser ocasionales, una o dos veces al año. Ante ello, tuvo que dejar de participar en los programas de radio y televisión.

Tras rechazar la Diputación vizcaína el recurso administrativo que interpuso, acudió a la vía contencioso-administrativa y el juicio se celebró el pasado 20 de septiembre. En la demanda, el bombero alude a la vulneración de la libertad de expresión y que esa decisión de la Diputación “da pie a prohibir cualquier actividad privada, sea del tipo que sea, por el mero hecho de resultar reiterada en el tiempo. Imaginemos andar en bici; pescar; cazar; correr; entrenar a un equipo de niñas; ser voluntario en una ONG … Esto es, cualquier actividad privada que, aún no siendo una actividad laboral, estaría prohibida en abstracto a la luz de la OF (Orden Foral) impugnada”.

El demandante sostiene que se confunde una “actividad privada” relacionada con su activismo con una “actividad laboral”.

De hecho, Ina Robles lleva más de 15 años como activista. En 2012, ya denunció a la Diputación vizcaína por discriminación a la mujer en una oposición del Servicio de Extinción de Incendios. El caso llegó a los tribunales, que sentenciaron que era un caso de “flagrante discriminación hacia la mujer”. Desde entonces las pruebas físicas de acceso han cambiado, posibilitando la entrada de mujeres en el Servicio, en la que estaban vetadas.

Otra vez, un caso de un ciudadano beligerante con los desmanes de una Administración al que se le persigue sistemáticamente. Esta vez, un bombero que “osó” negarse a participar en la carga de armas en un barco saudí y que nueve años atrás ya ganó un pleito para que las mujeres pudieran acceder a la extinción de incendios en el cuerpo de bomberos. Participar en tertulias radiofónicas y de manera gratuita es una conducta gravísima para la Diputación. Sobran más comentarios.