El Gobierno vasco multa por vertidos a un ayuntamiento al que dejaron sin ayudas para el saneamiento

La Agencia Vasca del Agua, Ura, ha multado al ayuntamiento vizcaíno al que dejaron sin ayudas para su saneamiento… por no realizar correctamente sus vertidos. Hace un  año la Diputación de Bizkaia rescindió dos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Karrantza hace 10 años para garantizar el agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. La ley obliga a las diputaciones, como entidad supramunicipal, a prestar asistencia a los ayuntamientos que, con su propio músculo financiero, no pueden ejecutar infraestructuras de alto coste como las estaciones depuradoras o de abastecimiento de agua.

Ura, dependiente del Gobierno vasco, ha acordado incoar a Karrantza una multa de 71.211 euros porque las “aguas residuales generadas en el municipio no reciben un tratamiento adecuado de depuración”.

La falta de ayudas para la mejora del saneamiento en este municipio, una inversión de más de 20 millones de euros, está en los tribunales, tras una investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En el fondo del conflicto está la reticencia del Ayuntamiento de Karrantza, gobernado por la plataforma independiente Karrantza Zabala, de integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, por el perjuicio económico para el municipio. “Las condiciones de entrada al CABB (Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia) no son viables para la estabilidad presupuestaria”, concluye un informe del interventor municipal del pasado año, que “informa desfavorablemente a la entrada en el CABB bajo el condicionado requerido”.

Un informe de la auditoría Deloitte, elaborado en mayo de 2018, señala que, con la integración, las nuevas tarifas de agua supondrían el cierre del 70% de las explotaciones ganaderas del municipio al ser “incapaces de remunerar su mano de obra propia”. Además, incide en que se exige el Ayuntamiento que, antes de integrarse en el Consorcio, debe reparar toda la red secundaria de abastecimiento (más de 9 millones de euros) y ejecutar la planta de tratamiento (más de 20 millones).

La Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza suscribieron un convenio para mejorar el saneamiento en 2011 pero, tras diversos trámites y elaboración de proyectos, las gestiones están paradas desde 2013, justo cuando el Ayuntamiento acordó no integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Pese a ello, la Diputación suscribió con el Consistorio en 2014 el convenio del abastecimiento de agua que se paralizó en 2016. La depuradora que se construyó (y que debía conectarse a otras tres que operan actualmente en Karrantza) está sin utilizar tras una inversión de 9 millones de euros.

La paralización de estos convenios ha llevado al Ayuntamiento de Karrantza a presentar dos denuncias en los tribunales, por la no ejecución de las redes de saneamiento y abastecimiento, respectivamente. La primera denuncia fue admitida a trámite el pasado 3 de marzo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,

Pero mientras se dirime el pleito judicial, la Agencia Vasca del Agua decidió, en agosto pasado, la imposición de una multa por falta grave en la depuración de aguas residuales con un importe de 52.000 euros. A ello se suman otros 19.211 euros en concepto de indemnización por daños al dominio público hidráulico.

“La demora en la construcción de la nueva depuradora”, señala el escrito de Ura, “no puede comportar la falta de culpabilidad del  Ayuntamiento”, ya que las entidades locales “tienen atribuida la competencia para la recogida y tratamiento de residuos y aguas residuales”.

En su escrito, ante las alegaciones del Ayuntamiento de que no existen pruebas ni actas de inspección de los supuestos daños al medio ambiente, Ura argumenta que dichos perjuicios se han valorado mediante la “fórmula de estimación objetiva legalmente establecida”.

Sin embargo, fuentes municipales han confirmado que recientemente Ura ha comunicado al ayuntamiento que tomará muestras de los vertidos.

Resulta sorprendente que un ayuntamiento con problemas de saneamiento porque una institución superior se niega a realizar las obras de mejora, pese a un convenio firmado hace 10 años, sea multada por otra administración. En este caso, el Gobierno vasco, por no resolver precisamente sus vertidos de aguas residuales. Una cuestión que cuesta 20 millones de  euros. Inasumible para un pequeño municipio como Karrantza. Y curioso que la Agencia Vasca del Agua vaya a realizar ahora muestras del efecto de los vertidos… después de imponer la multa. No parece nada garantista.