La Fiscalía vuelve a investigar la expropiación que benefició a una constructora en Bilbao

De nuevo, una constructora beneficiada por una expropiación, un particular perjudicado y el caso investigado por los tribunales. La Fiscalía de Bizkaia, que inició las indagaciones hace cinco años y se acusó entonces de prevaricación a tres altos cargos de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, ha vuelto a pedir datos del asunto que ahora se encuentra en un juzgado de lo contencioso administrativo. Es uno más de los casos en Euskadi del dudoso negocio de las constructoras.

La protagonista es la empresa Hormigones Vascos que la década pasada construyó una planta hormigonera en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran .autovía de pago en torno a Bilbao.  El Ayuntamiento concedió la licencia, ya de dudosa legalidad, con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Uno de los propietarios expropiados denunció a la Fiscalía de Bizkaia cómo era posible construir una fábrica en suelo no urbanizable. La fiscal pidió explicaciones a la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao y, ante la falta de respuesta, interpuso una querella. Un juzgado de Bilbao imputó a tres altos cargos y, durante la instrucción, ambas instituciones alegaron que se podían crear instalaciones auxiliares para construir infraestructuras públicas. Dijeron que esto era una planta provisional para hacer exclusivamente el hormigón de la Supersur.

[pullquote]La Supersur se terminó de construir en 2011 pero la hormigonera siguió trabajando para obras diversas,[/pullquote]

El caso quedó archivado en la vía penal. La Supersur se terminó de construir en 2011 pero la hormigonera siguió trabajando para obras diversas, entre ellas la construcción del nuevo San Mamés. El denunciante volvió a denunciar el caso a la Fiscalía, que mandó un escrito en enero de 2015 al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre la continuación de la actividad industrial pese  estar finalizadas las obras de la Supersur.

Llega la primera sorpresa. El Ayuntamiento de Bilbao ordena, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa lleva el asunto a los juzgados y se opone alegando que tiene muchos clientes y contratos de otras obras (cuando el permiso claramente refleja que se circunscribía a la Supersur), y amenaza con la pérdida de empleos que supondría.

Segunda sorpresa. El contundente informe municipal ordenando el cierre muta a otro el pasado 20 de enero, solo ocho meses después, en el que el Ayuntamiento acepta la petición de la empresa de mantener la actividad. Arguye que generaría «perjuicios de muy difícil reparación» como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos argumentados por la empresa.

Tercera sorpresa. En marzo pasado, el Ayuntamiento presenta otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, en el que vuelve a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera «cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente».

Este informe ratificando la ilegalidad es el que ha provocado el «mosqueo» de la Fiscalía  y que haya pedido, el pasado 13 de julio, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado considera ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se opone a que siga funcionando.

¿O es que hay algún pacto oculto entre la empresa y las autoridades? Quizás influya que la antigua fábrica de Hormigones Vascos tuvo que ser derribada al estar afectada por las expropiaciones de la Supersur y, para evitar cualquier indemnización, se le «facilitara» una nueva ubicación, aunque fuera en suelo no urbanizable.

No es fácilmente comprensible permitir una actividad industrial en un suelo ilegal para ese uso. Y que pasado el plazo de 2011 en que se debería haber parado la actividad, el Ayuntamiento no adoptara ninguna medida y únicamente cuatro años después,  tras hacer oídos sordos en un principio, debido a los requerimientos de la Fiscalía admitiese la ilegalidad de la hormigonera. Aun menos entendible que acepte mantener la actividad. Una conducta de lo público muy lejana del interés general.