El Ayuntamiento de Deba oculta al juzgado las deficiencias del cementerio, vinculado a un «pelotazo» de 50 millones

El Ayuntamiento de Deba ha ocultado al juzgado que investiga el caso las deficiencias en el nuevo cementerio de Deba, un polémico proyecto vinculado a un “pelotazo” urbanístico de 50 millones. En este sumario está imputado por un delito contra el medio ambiente el anterior alcalde Pedro Bengoetxea (de la plataforma vecinal Debarren Ahotsa, quien en 2019 perdió la alcaldía, que pasó a Gilen García, de EH Bildu). La Fiscalía de Gipuzkoa había extendido la implicación a siete personas más (funcionarios municipales y concejales) pero el juzgado de instrucción número 1 de Eibar, al abrir la investigación en noviembre de 2019, limitó las responsabilidades al alcalde.

El Ayuntamiento eludió informar al juzgado de instrucción 2 de Eibar, pese al requerimiento realizado, de que el pasado año se realizaron tres actas de inspección tras detectarse importantes deficiencias en la construcción, que llevaron a paralizar la inauguración del cementerio hasta el pasado marzo. Las obras de la instalación concluyeron en noviembre de 2020 pero no ha podido abrirse hasta casi año y medio después.

El Ayuntamiento de Deba lleva casi 25 años con el proyecto de demoler el cementerio actual, un terreno muy apetecible urbanísticamente para construir viviendas. Detrás de todo, está el proyecto de una constructora local, Grupo Eibar, de edificar 180 viviendas y un hotel, en los terrenos del anterior cementerio. Un plan urbanístico que es presentado por los promotores como la “mejor terraza del Cantábrico, con unas maravillosas vistas al mar, a la playa y al pueblo de Deba” y que en la primera fase ya tiene todo vendido. En suma, un «pelotazo» urbanístico que podría superar los 50 millones de euros, según los primeros cálculos.

La polémica surge cuando la asociación ecologista Mutriku Natur Taldea presentó en abril de 2019 una denuncia ante la Fiscalía por afectar a un manantial y estar en la zona de servidumbre de un dominio público marítimo terrestre, al Camino de Santiago y por el hecho de que el proyecto fuera elaborado por el asesor de urbanismo del Ayuntamiento y aprobado por la misma persona.

El ayuntamiento inició los trámites de este proyecto en 1996, pero se encontró con un informe negativo en 1999 de la Dirección de Salud del Gobierno vasco a la construcción del cementerio, en la denominada zona de Arzabal, por ser un terreno impermeable (la ley de instalaciones mortuarias exige su permeabilidad para que, cuando llueva, no haya riesgo sanitario con los lixiviados por la putrefacción de los cadáveres), la existencia de una conducción de agua potable y no cumplir la distancia de 500 metros a zonas pobladas. El Tribunal Superior de Justicia vasco, además, anuló en 2002 el convenio urbanístico para edificar el cementerio.

Sin embargo, el consistorio retomó el proyecto tras un decreto del Gobierno vasco de 2004 que rebajó las condiciones para construir cementerios, al reducir de 500 a 10 metros la distancia a zonas pobladas. Un decreto que parecía redactado a la carta para el caso de Deba.

Así, el nuevo proyecto redujo significativamente la superficie del nuevo cementerio: de 11.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 sepulturas se pasó a 4.500 metros cuadrados y un centenar de fosas. Pero este segundo plan se aprobó sin el permiso de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que se enteró de su existencia por los ecologistas, y constató que un tercio de la superficie es área de dominio público marítimo terrestre.

Para salvar esa protección, el Ayuntamiento acometió un tercer proyecto que limitó las obras a dos tercios de los 4.500 metros cuadrados previstos.

Mientras, los trabajos empezaron en junio de 2019 con las excavaciones en el terreno, pero sin el permiso de Ura y con autorizaciones de los Departamentos de Salud y Cultura al segundo proyecto. Es decir, con un permiso distinto al que se ejecutó.

El ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, acordó parar las obras (que en la práctica nunca se detuvieron) pero, días después, convocó un pleno extraordinario (gobierna en minoría con 6 concejales, frente a los 4 de la plataforma independiente Debarren Ahotsa y 3 del PNV) para adoptar una decisión del pleno. La oposición votó en contra de la paralización y las obras prosiguieron.

El juzgado de instrucción de Eibar abrió las investigaciones el 27 de noviembre de 2019.   Pero durante dos años apenas ha habido actuaciones. La declaración del único imputado, el anterior alcalde, no se realizó hasta casi dos año y medio después, el pasado 18 de marzo.

En enero, el juzgado requirió al Ayuntamiento de Deba el acta de la inspección realizada en mayo de 2021 al cementerio, cuando una delegación del ayuntamiento comprobó que había filtraciones de agua. Las deficiencias fueron silenciadas en los siguientes meses: hubo tres actas de inspección del Departamento de Salud, que llegó a suspender el permiso del cementerio. Y un informe del arquitecto municipal, en octubre de 2021, que concluía graves desperfectos, como la instalación de las lápidas “sin protección efectiva contra la humedad”, con “ausencias de recubrimiento y protección” que han llegado a “fracturar las lápidas”. “Podrían derivar en su colapso a corto plazo si se siguen utilizando para su uso previsto”, señala el arquitecto.

El requerimiento de información por parte del juzgado fue contestado por el secretario municipal José Luis Salaberri el pasado 7 de febrero. Asegura que en mayo de 2021 hubo una visita de una delegación municipal, pero “no se llevó ninguna inspección” con el objetivo de tratar de diversas funciones del nuevo cementerio. El secretario no menciona las inundaciones detectadas ese día ni lo ocurrido en los siguientes meses con el informe del arquitecto, las tres actas de inspección de Salud y la paralización del permiso hasta subsanar las deficiencias.

Otro episodio de oscurantismo en el nuevo cementerio de Deba, un proyecto que ha costado casi dos millones de euros para una localidad donde se registran solo media docena de enterramientos al año. Es sumamente grave que, ante la petición de información del juzgado que investiga el caso, el Ayuntamiento no le informe de las graves deficiencias que motivaron tres inspecciones del Departamento de Salud del Gobierno vasco y paralizaron durante casi un año la inauguración del cementerio. Y detrás sigue la sospechosa vinculación con el plan urbanístico de 180 viviendas (un «pelotazo» de más de 50 millones de euros) a desarrollar en el área donde se ubica el anterior cementerio.