Mundaka lleva seis meses ocultando la polémica obra del chalé de los Atutxa
Al Ayuntamiento de Mundaka parecen traerle al pairo las leyes de transparencia e información al ciudadano. Va a cumplir seis meses sin ofrecer datos sobre las polémicas obras en el chalé de la familia Atutxa a pie de playa, lo que incumple la ley de transparencia que obliga a dar esas informaciones en el plazo máximo de un mes. Como ya informó este blog en mayo, los propietarios de un chalé bifamiliar (entre ellos Iskander Atutxa, arquitecto e hijo de Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente histórico del PNV) han acometido este verano las obras de refuerzo del terreno que lo sustenta con un proyecto técnico desconocido porque el Ayuntamiento de Mundaka no lo ha facilitado.
Imagen del chalé de la familia Atutxa en Mundaka, cuando se estaba construyendo la escollera en la parte inferior.
Han erigido una escollera de cerca de 15 metros de altura y más de 12 metros de anchura, con el amparo del Patronato de la reserva de la biosfera de Urdaibai, que tras tres meses de silencio, emitió un informe de tres párrafos en el que calificaba las obras a pie de playa como «urbanas», e incumpliendo el permiso concedido por la Demarcación de Costas al usar la playa para el paso de excavadoras.
El pasado 6 de mayo, la asociación ecologista Zain Dezagun Urdaibai presentó, ante el Ayuntamiento de Mundaka, el Patronato de Urdaibai y la Demarcación de Costas una «acción pública de protección de la legalidad medioambiental y urbanística» por las obras del chalé de los Atutxa. Además de denunciar ilegalidades por invadir áreas protegidas, pedían el proyecto de obra y el informe municipal de concesión de la licencia.
[pullquote]El Ayuntamiento de Mundaka solo ha respondido con un e mail del concejal de Urbanismo sin aportar ningún informe[/pullquote]
El Ayuntamiento de Mundaka solo respondió el 23 de junio, mes y medio después, a través de un correo electrónico de su concejal de Urbanismo Álvaro Amann, quien fue consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco entre 1999 y 2005. El edil anunciaba el traslado del informe de los técnicos municipales (que nunca se ha llegado a facilitar a los ecologistas) y aseguraba que las obras «se ajustaban a la licencia de obras concedida». Además trasladaba «que se comparte la preocupación ante intervenciones de este tipo que afectan al medio natural y más en espacios como son las franjas costeras». Curioso: define como franja costera lo que la directora del Patronato de Urdaibai, Paula Caviedes, en su informe, califica de «área urbana».
Desde ese correo electrónico, ninguna respuesta del consistorio ni noticias sobre el proyecto técnico presentado por la propiedad o el informe técnico del arquitecto municipal. Un silencio que incumple la Ley Vasca de Instituciones Locales, aprobada en abril pasado, que establece en su artículo 63 que “resolución de la solicitud deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde su recepción” y la ley estatal de Transparencia, de 2013, que en su artículo 20 fija igualmente el plazo de un mes para responder. Del Departamento de Costas nada de nada y la respuesta del Patronato catalogando como zona urbana un área rocosa pegada a la playa es incomprensible.
Cuando a los dirigentes y políticos se les llena la boca hablando de transparencia y cercanía al ciudadano, actitudes como ésta muestran la triste realidad. ¿Cómo no se facilita el proyecto de una obra tan «legal» medio año después? La pregunta quedará seguramente en el aire.
El chalé de los Atutxa, con la escollera ya concluida.
Detalle de la escollera, en la que se ve que parte de la playa.
Lo irrefutable es que la escollera invade el dominio público marítimo-terrestre (tres metros según los ecologistas) y la parte inferior queda tapada en la pleamar, como lo puede apreciar cualquier viandante que se acerque a la zona. Los trabajos se desarrollaron además durante buena parte, hasta que el caso se difundió, sin ningún cartel ni perímetro de protección y la mala fortuna hizo que el pasado 23 de mayo un trabajador cayera de una altura de 15 metros y resultara herido de gravedad.
El silencio en torno al caso puede explicarse porque el chalet bifamiliar es propiedad de María Isabel Ellakuría, una empresaria copropietaria de Talleres Wolko SL de Lemoa, y de otro vecino de esta localidad, Iskander Atutxa, arquitecto e hijo de Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente histórico del PNV. Iskander Atutxa es administrador único de la empresa de arquitectura e ingeniería Arkigest, que actualmente trabaja externamente para una docena de ayuntamientos vascos (todos dirigidos por el PNV) y su nombre apareció en la denuncia que a finales del pasado año hizo el PP del País Vasco. Acusaba a familiares directos del ex consejero de Interior Juan María Atutxa de haber recibido en los últimos años más de 200 adjudicaciones de contratos públicos por un importe de 68 millones de euros, en un caso que los populares tachaban de “clientelismo”. En esa denuncia, a Iskander Atutxa se le atribuían haber facturado tres millones de euros por servicios de arquitectura a diferentes ayuntamientos de Bizkaia. El dueño del chalé de Mundaka ha elaborado otros proyectos urbanísticos polémicos: la recalificación del solar familiar de la alcaldesa de Lezama y el frustrado proyecto de un campo de golf en un acantilado de Bakio.
A diferencia de su padre y de su hermano Asier, el actual presidente del Puerto de Bilbao y ex miembro de la ejecutiva del PNV vizcaíno, Iskander Atutxa siempre ha permanecido alejado del foco público y se ha centrado en sus negocios privados. Una discreción que ha mantenido en este caso: la petición de la licencia de obras solo aparece a nombre de María Isabel Ellakuría.
Que el ayuntamiento de Mundaka incumpla dos leyes de transparencia para perpetuar el silencio, el Patronato no intervenga aduciendo que una playa es una «zona urbana» y la Demarcación de Costas no vele por cumplir sus propias exigencias no son conductas que busquen la confianza del ciudadano en sus instituciones. Nos siguen engañando.
fidel arejita
26 octubre, 2016at10:29 pmHonelako informazioa zabaltzeak demokraziari egiten dio mesede.
Pedro Fontán Basañez
6 junio, 2020at9:00 amEl clientelismo del PNV está consiguiendo arruinar a todos, es normal que la gente intente defraudar. Fiscales y Jueces juntos están sometidos a las directrices del Govierno Vasco, y luego los medios de comunicación, al servicio de la oligarquía Vasco hablan de España para desviar la atención. Esto es Euskadi, un feudo con apellidos vascos.
ZAINURDAIBAI
28 octubre, 2016at1:32 amUna puntualización: Según creemos, también tiene contrato de asesoría urbanística el Ayuntamiento de Orduña, Gobernado por EHBildu.
¿Por qué todo esto es impune?
En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.
Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.
Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.
Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.
De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.
Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.
Ramón Montenegro Llorente Luzuriaga Zaballa
25 junio, 2017at7:16 amGran verdad lo de ir arrinconando a los técnicos municipales que son imparciales en sus funciones y que los informes los hagan técnico externos contratados al efecto. Y lo digo pues no en vano, ya que he estado como aparejador municipal más de 30 años en Muskiz.