Un juez inspeccionará la carretera donde murió atropellado un niño vizcaino de 11 años

Un juez inspeccionará en persona la carretera rural del municipio vizcaíno de Aulesti donde fue atropellado mortalmente en 2020 (durante el confinamiento) un niño de 11 años. El caso, que fue archivado por la vía penal, se ha reactivado por el área civil por parte de los padres del fallecido. La investigación se abrió el pasado junio por el juzgado de instrucción 3 de Gernika, que ha acordado, además de la visita in situ al barrio rural de Aulesti donde ocurrió el atropello, la toma de testimonio al conductor que mató al niño y varios agentes de la Ertzaintza, entre ellos el responsable de la comisaría de Ondarroa.

La Audiencia de Bizkaia cerró el caso en 2023 en la vía penal. Como hizo anteriormente un juzgado por dos veces, la Audiencia no tuvo en cuenta los informes periciales que apuntaban a la culpabilidad de un conductor y solo dio por válido el atestado de la Ertzaintza.. “No existen los suficientes indicios de criminalidad contra el investigado, debiendo ser la vía jurisidiccional civil la competente para resolver” el litigio, concluye en un auto dictado el 19 de junio del pasado año.

Las nuevas pruebas presentadas por los padres del niño atropellado mortalmente desacreditaban, a través de un exhaustivo informe pericial, el atestado policial de la Ertzaintza, que concluyó que fue un accidente sin culpables.

El atropello mortal de Iurgi Beraza ocurrió en un barrio de la localidad vizcaína de Aulesti en mayo de 2020, en plena pandemia. El niño transitaba en su bici en un camino vecinal cuando fue arrollado por un vehículo y falleció.

La investigación policial tiene bastantes lagunas, como el hecho de que el conductor trasladó el cuerpo 150 metros del lugar donde tuvo lugar. El atestado de la Ertzaintza da por buena la versión del conductor de que circulaba a 20 kilómetros por hora, como obliga la señalización vial del camino vecinal, y concluye que el accidente se produjo “por una fatal desgracia”.

Además, no se tiene en cuenta que, debido al confinamiento, no se podía circular en coche por ese barrio de Aulesti.

Sin embargo, una empresa de peritaje especializada, tras conocer por los medios de comunicación el caso, realizó un informe de manera gratuita para los padres del niño. El estudio de la compañía Itrasa, que usó un software específico para la reconstrucción de accidentes, concluye que el conductor circulaba a más de 50 kilómetros por hora, dos veces y media superior a lo permitido, y que el conductor “no realiza maniobra evasiva alguna, a pesar de tener más de 3,33 segundos desde que puede percibir al ciclista”.

Agregaba que el accidente era evitable “únicamente con el básico y exigible respeto a la normativa de circulación por parte del conductor del turismo, conocedor de la vía, de la limitación de velocidad y del trazado de la vía”.

Apuntaba a graves deficiencias en el atestado policial, que “no realiza informe técnico alguno e introduce errores, no sólo en los límites de velocidad, en la señalización, en las dimensiones” y carece de cálculos de velocidad, “de un croquis escalado real, incluso, no realiza algunos elementos de investigación exigible en este tipo de accidentes”. “Establece unos apriorismos que le llevan a unas conclusiones carentes de rigor técnico y científico”.

Tras cerrarse el pasado año la vía penal, los padres de Iurgi iniciaron un pleito civil en el que reclaman indemnizaciones a la aseguradora del vehículo que causó el atropello mortal. La demanda se presentó el pasado 31 de mayo y el juzgado inició la investigación el 20 de junio. En ella, señala que el conductor del turismo, “en contra de la norma imperante en ese momento (el confinamiento), no solo circuló sin necesidad por el lugar, sino que sabiendo que en esa franja horaria podía haber niños en la vía pública disfrutando de su primer día de salida (del confinamiento), circuló negligentemente sin ningún cuidado, a velocidad inadecuada e invadiendo el sentido de la marcha del menor”.

Además, agrega que en esa parte de la carretera “había visibilidad, y de haber adecuado su velocidad a las condiciones de la vía, podía apercibirse con anterioridad suficiente de su presencia como para, reaccionar accionando el sistema de frenado, realizar una maniobra de esquiva y evitar el atropello”.

El 3 de diciembre se celebró, como es habitual en las demandas civiles, la vista previa y el juez acordó realizar una visita en persona al lugar donde ocurrió el accidente, que tendrá lugar probablemente en enero.

En la investigación se incluye una carta del jefe de la Ertzaintza en Ondarroa, enviada a los padres del niño en febrero pasado, en la que admite que los agentes que intervinieron no comprobaron si el conductor podía estar en esa carretera (cuando había un estado de confinamiento) debido a los intentos de socorrer rápidamente al menor. “Por este motivo no se procedió a interponer ninguna propuesta sancionadora al conductor del turismo por encontrarse en la zona sin causa justificada que le permitiera estar en el lugar, o al resto de personas, por su posible incumplimiento de la obligatoriedad de confinamiento o de la utilización de mascarillas.”

Tras cerrarse el pasado año la vía penal, los padres del niño de Aulesti atropellado mortalmente en 2020 han reactivado una demanda civil para exigir una indemnización. Es muy cuestionable que no se tenga en cuenta un riguroso informe técnico, elaborado de manera altruista, que determina que la velocidad era dos veces y media superior a la legal, que el conductor pudo evitar el accidente y que el atestado de la Ertzaintza carece de “rigor técnico y científico”. Un sentido de la Justicia debería determinar las razones por las que unos padres se han quedado sin su hijo.