Lezama impulsa de nuevo el plan urbanístico que beneficia a su exalcaldesa, anulado ya cuatro veces por la Justicia

El Ayuntamiento de Lezama está impulsando de nuevo el plan urbanístico que beneficiaba a su exalcaldesa y que ha sido anulado ya cuatro veces por la Justicia. Desde hace tres años, el Consistorio, gobernado por el PNV, tramita un plan especial urbanístico para edificar viviendas (entre 35 y 50) en los terrenos de la familia de la exalcaldesa Alaitz Etxeandia, quien ahora ocupa un alto cargo en la Diputación de Bizkaia. Este solar, conocido como Txupetxa, estaba catalogado como inundable desde 1993, lo que impedía cualquier construcción.

Esta urbanización ha sido uno de los aspectos más polémicos del Plan General (la principal herramienta urbanística de un municipio que sirve para diseñar toda la estructura de una localidad) de Lezama. Un plan que lleva intentando aprobarse desde hace casi 20 años.

Quedó anulado en 2009 por una sentencia del Tribunal Superior vasco por irregularidades en el informe de impacto ambiental, un fallo confirmado luego por el Tribunal Supremo. Años después, el Consistorio tramitó otro plan general sin apenas cambios y el Tribunal Superior volvió a anularlo en 2018. Finalmente, en 2019 el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad del Plan General. Es la cuarta vez, en una situación inédita en Euskadi, que la Justicia ha tumbado el plan general urbanístico de un municipio.

El ayuntamiento tramitó este plan por vez primera hace ya más de 18 años, en 2007, rebajando la inundabilidad en el solar de Txupetxa en base al informe de una consultora. Entonces empiezan los primeros movimientos sospechosos. Justo en 2007 se firmó un acuerdo de compraventa entre la familia Etxeandia y dos constructoras, que suponía la construcción de 50 pisos. El documento fue suscrito ocho meses antes de que el Ayuntamiento de Lezama, con Alaitz Etxeandia entonces como alcaldesa, recalificara los terrenos. Suponía el pago de 5,5 millones de euros a la familia de la alcaldesa: su padre, su tía y cuatro primos.

El solar de los Etxeandia, ubicado junto al río Asua, estaba considerado, como se ha comentado, inundable desde 1993 y cuando empezó a revisarse el plan urbanístico de Lezama en 2002 se mantuvo esta calificación. Solo en la última fase, pocos días antes de la aprobación por parte del Gobierno vasco (y por tanto sin estar sujeto a alegaciones por la ciudadanía), el ayuntamiento introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del Gobierno vasco aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal “que sólo ha podido ser analizado con premura”, según admitió entonces la Dirección de Aguas.

Pese a la anulación por los tribunales en 2009, Alaitz Etxeandia empezó a aplicar el plan, pero solo impulsando los proyectos para urbanizar su solar. Fue (otro dato esclarecedor) la única actuación urbanística que se puso en marcha en Lezama. Y no salió gratis: el ayuntamiento se gastó en estos proyectos para el solar de los Etxeandia más de 100.000 euros.  Pero todos ellos fueron anulados en 2009, en tres fallos diferentes, por los tribunales, que declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Ante los reveses judiciales, el Ayuntamiento empezó a tramitar un nuevo plan urbanístico en el municipio, prácticamente idéntico al anulado y manteniendo la recalificación del solar de la exalcaldesa. La asociación vecinal Lezama Bizirik (quien ha protagonizado la lucha en este asunto) volvió a recurrir a la Justicia en 2016  y en un fallo, dictado el 12 de febrero de 2018 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior, se anuló todo el plan por cuatro irregularidades diferentes: el retraso de un año en incluir la participación ciudadana, obviar el alto valor agrícola y forestal de 65 hectáreas que destinó como urbanizables,  incumplir la normativa de descontaminación de suelos y no contar con el informe del Gobierno central en materia de telecomunicaciones.

La sentencia daba igualmente, un tirón de orejas a la exalcaldesa por su reiteración en apoyar el plan general que beneficiaba a su familia. Citaba diez votaciones en las que votó a favor. “En ningún momento relevante de la tramitación y aprobación del Plan General la alcaldesa se abstuvo de emitir su voto favorable”, señaló la sentencia de 2018.

“La que fue alcaldesa votó favorablemente acuerdos, en concreto la aprobación inicial y provisional del Plan General”, añadía el fallo, pese a que “era conocedora de que familiares directos tenían formalizado contrato de venta condicionada a la posibilidad edificatoria del suelo, que estaba vinculado a la aprobación del Plan General”.

El fallo fue recurrido por el Ayuntamiento de Lezama ante el Supremo, que en noviembre de 2019 confirmó la ilegalidad del plan.

El consistorio ha mantenido suspendidas varios años sus gestiones para tramitar un Plan General, puesto que el municipio funciona con las normas subsidiarias (el instrumento al que sustituyeron los Planes Generales y que ya apenas existe en los municipios vascos) de 1988. Lo que ha intentado es aprobar la edificación de viviendas en el solar de la exalcaldesa con otro instrumento urbanístico, los llamados planes especiales, que se utilizan para desarrollar actuaciones previstas en un plan general o las normas subsidiarias.

Así, el Consistorio impulsó hace tres años un plan especial solo para el solar de la exalcaldesa (al que posteriormente ha añadido otro plan especial en otra zona del municipio) con el argumento de que venía en las normas subsidiarias de 1988. Aunque en ese documento se preveían 5 viviendas y no las entre 35 y 50 que se pretenden ahora. El plan especial del solar de la exalcaldesa tiene algunos cambios, como desplazar la actuación para salvar un río. Ya ha superado los trámites de aprobación inicial y provisional por parte del Ayuntamiento, pero falta la definitiva, que corresponde a la Diputación de Bizkaia, y que lleva bastante retraso.

Además, el Consistorio ha impulsado de nuevo el Plan General, que se aprobó inicialmente en agosto y está en fase de exposición pública. En el documento ya se incluye la propuesta de edificar en los terrenos de la exalcaldesa.

Como ya informó este blog, una constructora se ha quedado con el 15% del solar del frustrado pelotazo inmobiliario de la familia de la ex alcaldesa, como compensación a los 2,2 millones que les debían por la fallida operación. La exprimer edil fue colocada en 2015, nada más dejara la alcaldía después de este escándalo, como directora gerente de la sociedad pública Biscaytik (dependiente de la Diputación vizcaína), y el pasado año fue recolocada en otra sociedad foral, Zugaztel, con un salario de cerca de 100.000 euros.

De nuevo un ayuntamiento que, con el urbanismo, pretende beneficiar sus correligionarios. El caso del Consistorio de Lezama es escandaloso: desde hace 18 años quiere recalificar para construir viviendas en un solar de su exalcaldesa. La Justicia ha tumbado por cuatro veces sus plantes urbanísticos para lograr ese fin e incluso, en una de las sentencias, se alude a la actuación parcial de la exalcaldesa por beneficiarse con la recalificación de terrenos familiares. Una mandataria que, cuando se destapó la polémica en 2009, llegó a afirmar que desconocía la propiedad del solar familiar,  votó reiteradamente a favor de las recalificaciones  y, tras ocho años en la alcaldía, fue recolocada en un alto puesto de la Diputación vizcaína.