La chapuza de los chalés ilegales de Barrika que costará 1,5 millones de dinero público

Imagínense unos preciosos terrenos junto al mar con una protección especial por parte de las autoridades. Esa ley se la saltan sin ningún pudor dos instituciones y primero permiten un proyecto para construir 349 chalés, un hotel y un campo de golf. La autoridad que protegió el terreno lo impide pero siete años después aquellas dos instituciones públicas  vuelven aprobar otro proyecto con casi 100 chalés. Los ecologistas llevan, hartos, el asunto a los tribunales y ganan tres pleitos en largos litigios que se prolongan durante 12 años. Pese a la judicialización del caso, esas dos instituciones permiten que se construyan 14 chalés. La última sentencia, en 2009, declara ilegal la urbanización y obliga al derribo de las casas, que finalmente no se va a consumar porque los ecologistas no lo han querido. Pero los promotores denuncian su indefensión ya que recibieron los permisos de construcción y la Justicia falla que hay que pagarles 1,5 millones de euros.

No es imaginación. Es la realidad. Esas dos instituciones incumplidoras de la ley son la  Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barrika. Y los que pagarán son los habitantes de ese municipio y todos los vizcaínos. Se sorprenderán, o muy probablemente no les causará estupor, cuando sepan que ningún cargo público de esas dos instituciones ha dimitido y ni siquiera ha asumido ninguna culpa.

Hablamos del llamado caso Barrikabaso, el área del municipio vizcaíno de Barrika, donde se ubican los chalés y que ha sido hasta hace poco la primera urbanización seriamente amenazada de derribo en Euskadi por ilegalidades urbanísticas. La historia se remonta a 27 años atrás, aunque los intentos de urbanización datan de los años 80. Detrás de las tentativas ha estado la familia Lezama-Leguizamón, una de las más pudientes de Bizkaia, propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso.

[pullquote]El Gobierno vasco calificó en 1988 la zona de de suelo no urbanizable de especial protección paisajística[/pullquote]

Aunque entonces el urbanismo siempre iba por delate del medio ambiente, el Gobierno vasco calificó en 1988 la zona de de suelo no urbanizable de especial protección paisajística. Sus informes eran vinculantes, salvo para el Ayuntamiento de Barrika y la Diputación vizcaína. Ambas instituciones firmaron solo dos años después (en 1990) un convenio con los propietarios que contemplaba la construcción de 349 chalés, un hotel y un campo de golf. Todo un órdago al Gobierno vasco, que esta vez no se amilanó: supeditó la aprobación de todo el plan urbanístico de Barrika a que esa área tuviera la declaración de especial protección. Finalmente, el Ayuntamiento claudicó y el macroproyecto quedó aparcado. Pero no olvidado.

En 1997, el Ayuntamiento de Barrika volvió a aprobar una recalificación en la zona, más limitada, con 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. De nuevo la Diputación de Bizkaia avaló la operación y volvió a encontrarse con el rechazo de la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno, que justificó el mantenimiento del área protegida en   «evitación de daños ambientales irreparables».

Ante el empeño especulativo, la asociación ecologista Txipio Bai, que ya evitó otra gran operación urbanística en Plentzia, acudió a los tribunales. Hasta tres sentencias judiciales (dos del Tribunal Superior vasco en 2001 y 2004 y  la última del Supremo en 2009), calificaron como nula la recalificación porque los intereses naturales «se sacrificaban para implantar viviendas de baja intensidad». Los fallos fueron contundentes con la actuación pública: calificaron de «arbitraria» y «desviación de poder» la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística. Ya desde la primera sentencia de 2001, tanto el Ayuntamiento como la Diputación renunciaron a parar la ejecución de los chalés.

Las sentencias daban pie al derribo de las 14 viviendas ya construidas mientras se resolvían los pleitos, con varias habitadas desde hace 10 años. Los ecologistas no quisieron hacer sangre y buscaron una salida para que los propietarios se quedasen en sus casas. El pacto propuesto pasaba por declarar el área fuera de ordenación, aunque manteniendo las viviendas con los servicios básicos. El PNV (que ha estado siempre al frente de la Diputación, la institución que ha ido validando las recalificaciones) también se implicó para buscar una salida en 2009. Dirigentes y diputados forales vizcaínos mantuvieron varias reuniones con los ecologistas entre 2009 y 2012, lo que auguraba un acuerdo.

En 2013, de nuevo otra jugarreta. La Diputación vizcaína, en su informe sobre el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barrika, propone recalificar la zona protegida como urbana, lo que solivianta a los ecologistas, que reclaman el desalojo de los residentes. Fue una más de las múltiples «maniobras para legalizar lo ilegalizable» de estos últimos años, según han censurado los ecologistas. A finales de 2015 fue cuando el ayuntamiento asumió la propuesta ecologista: aceptó que Barrikabaso es un área de especial protección, que la zona construida es disconforme con el planeamiento y, por primera vez, los chalés tienen licencia de uso y ocupación. No se podrá construir ya nada más en esa zona.

Mientras, las constructoras promotoras, que entraron en concurso de acreedores por la fallida operación, han reclamado perjuicios en los juzgados y el Tribunal Superior vasco ha fallado que la Diputación y el Ayuntamiento deben abonarles al menos 1,5 millones de euros (está pendiente de si hay un recurso ante el Tribunal Supremo de los constructores, que exigieron 4,9 millones de euros de indemnización). Es decir, los ciudadanos pagarán de nuevo el pato de una nefasta gestión. Para Barrika, el abono de 750.000 euros supone la mitad del presupuesto municipal de todo un año.

Complicada explicación tiene este caso, tras 27 años de insólito empeño en promover una macrourbanización y con continuos incumplimientos de la ley por parte de quienes deben velar por ella y exigir su cumplimiento a los ciudadanos, para la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barrika. Es inaudito que nadie haya asumido culpa alguna por el desaguisado que al menos va a costar 1,5 millones, sin contar con los importantes costos judiciales, de tiempo y de salud para los vecinos que compraron sus viviendas. «Estamos muy enfadados con los políticos», han dicho los afectados. En las administraciones implicadas no debe existir ningún enfado: quienes tomaron las decisiones de aprobar las recalificaciones se han ido de rositas. Y la chapuza la pagamos a escote. Como ha ocurrido y seguirá sucediendo.

(Actualizado el 11 de enero: La sentencia del Tribunal Superior vasco ya es firme, porque ni las dos instituciones ni las constructoras han recurrido y el pago será de 1,5 millones de euros).