El único juzgado de violencia machista en Vitoria tarda dos años en resolver los pleitos

El único juzgado de la violencia sobre la mujer de Vitoria está tardando hasta dos años en resolver los pleitos. El único juzgado de violencia machista en Vitoria tarda dos años en resolver los pleitos, según los datos de mayo pasado recopilados por el Tribunal Superior vasco, y las demoras llegan a ser cuatro veces superiores a la media de los juzgados de violencia machista en Euskadi y en España. “Se está muy lejos de ofrecer la tutela efectiva de los derechos e intereses de las personas, muchas de ellas especialmente vulnerables”, señala un informe elaborado el pasado 29 de mayo por el presidente del alto tribunal vasco, Iñaki Subijana. Estos casos se refieren a situaciones de agresiones, pero también asuntos tan sensibles como custodias de hijos o uso de la vivienda familiar.

El informe critica el trabajo de los jueces de violencia en Vitoria pese a tener una carga similar a otros juzgados vascos dedicados solo a esta materia y haber sido reforzado con medidas diferentes. Lo califica de “delicada situación” en un área tan sensible como la violencia machista.

Vitoria tiene uno de los cinco juzgados de violencia contra la mujer en Euskadi (hay otros dos en Bilbao, uno en San Sebastián y otro en Barakaldo). En los últimos años se han sucedido las quejas de los presidentes de la Audiencia Provincial de Álava por su funcionamiento.

Un escrito enviado el pasado 12 de mayo por la Fiscalía Superior del País Vasco ha activado la reacción de la cúpula judicial vasca. En esa comunicación, se aludía las “disfunciones de relevancia” en el juzgado de Vitoria por la falta de agilidad en la resolución de los pleitos, pero especialmente por la “respuesta a las víctimas en un ámbito especializado como es el de este tribunal”.

La Fiscalía aludía a los retrasos al resolver cuestiones tan sensibles como la custodia de los hijos, visitas, alimentos o uso de la vivienda familiar. Agregaba que los juicios se celebran “transcurridos dos años desde la interposición de la demanda”.

Al día siguiente, el presidente del Superior pidió varios informes sobre la situación en Vitoria, que revelan la caótica situación. Así a finales de 2025, había casi 1.800 pleitos pendientes tanto en el área civil como la penal. Esa cifra se elevó hasta 2.269 el pasado 15 de mayo. Son cifras que llegan a cuadruplicar las demoras en el conjunto de Euskadi y de España. Así, en asuntos penales sobre violencia contra la mujer había 1.360 pleitos pendientes a finales del pasado año en Vitoria, frente a los 292 existentes en toda España.

Los informes recopilados concluyen que los retrasos llegan a 22 meses en las demandas civiles en Vitoria, frente a los nueve meses de la media en Euskadi o los 7 en España. Y en la vía penal, la demora se sitúa en casi 13 meses, frente a los cuatro y dos meses en Euskadi y España respectivamente.

Por ello, el Tribunal Superior ha propuesto reforzar el juzgado de la violencia contra la mujer en Vitoria con otro juez, que se unirán al magistrado titular y el de apoyo existentes actualmente. Además, se ampliará el personal administrativo y auxiliar del juzgado y se habilitará una sala multiusos para celebrar vistas, audiencias y comparecencias.

El pasado 9 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó la creación de un segundo juzgado de la violencia en Vitoria, con lo que se amplían a seis los dedicados a esta materia en Euskadi. Sin embargo, no se pondrá en marcha hasta finales de año o principios de 2027, por lo que era necesario implantar medidas urgentes.

Se trata de un nuevo caso de retraso en el funcionamiento de la Justicia en Euskadi. Como ha publicado este blog en los dos últimos años, las situaciones se repiten una tras otra. El Superior vasco apartó una jueza que dejó sin dictar casi 60 sentencias en apenas cinco meses, los  juzgados laborales de Bilbao tienen pendientes casi 13.000 sentencias y están “al borde del colapso”, la Justicia abrió una investigación por demoras en seis juzgados vascos y  una magistrada en San Sebastián fue apartada tras dejar más de 200 fallos sin dictar en un periodo de siete meses.