El Supremo vuelve a limitar la labor de los falsos arquitectos municipales, que propician los “pelotazos” urbanísticos

Nuevo varapalo a los falsos arquitectos municipales, una figura que propicia los “pelotazos” urbanísticos. El Tribunal Supremo ha vuelto a limitar la labor de asesores externos en los ayuntamientos, una práctica habitual en los consistorios de Euskadi y de España. Solo en el País Vasco, cerca de 200 de los 250 ayuntamientos disponen de estos falsos arquitectos municipales. Gran parte son municipios pequeños, que argumentan que no pueden costear esos puestos con funcionarios.

Esta ilegal situación salió a la luz pública por una denuncia, hace ya siete años, de un exconcejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara), Fernando Jabonero, quien denunció ante la Audiencia Nacional a 72 ayuntamientos de toda España por incurrir «de modo recurrente y crónico en infracción urbanística» al emplear a falsos arquitectos municipales. Se trata de empleados que realizan la tramitación de un asunto tan delicado y trascendente como los expedientes urbanísticos de los municipios que, por ley, corresponden en exclusiva a funcionarios. El caso pasó al Tribunal Supremo, que ordenó a todos sus fiscales provinciales de Urbanismo y Medio Ambiente investigar este asunto.

Ya ha habido varias sentencias del Supremo en las que se ha limitado la labor de estos falsos arquitectos. La última ha sido el pasado 26 de junio, referida a un ayuntamiento de Cádiz, donde se dictó la orden de demolición de una vivienda y la denegación de la licencia de legalización de las obras ejecutadas en base a los informes de un arquitecto y una asesora jurídica externa.

El alto tribunal ha concluido que estos empleados solo pueden realizar tareas menores, de auxilio técnico “tales como la realización de mediciones, la redacción y dirección de proyectos, elaboración de presupuestos y pliegos técnicos, control de calidad de las obras o la coordinación en materia de seguridad y salud en obras”.

El Supremo agrega que los informes de estos arquitectos, aunque no son vinculantes, “son determinantes de la decisión administrativa final”, por lo que es imprescindible que “deben verificarse por personal funcionario”. Por ello, determina que actuaciones como expedientes sancionadores, inspección urbanística u órdenes de ejecución no pueden ser tramitadas por estos falsos arquitectos municipales.

El exconcejal del PSOE de Pastrana, Fernando Jabonero, quien lleva varios años de lucha personal para eliminar estos falsos arquitectos y ha propiciado la investigación en toda España, tiene claro que estos contratos externos se realizan “para vulnera la legalidad y es un modo de amañar los expedientes urbanísticos al gusto del ayuntamiento”. El problema, asegura, es que “todos los ayuntamientos de todos los partidos políticos están pillados porque llevan décadas haciéndolos y no se mojan para cambiarlo”.

La elaboración de planes urbanísticos y la concesión de licencias es uno de los principales focos de corrupción, como se ha comprobado con la multitud de casos que han salido a la luz pública en los últimos años.