El cuarto pleito ganado por el vecino de Bermeo que denunció corrupción urbanística

De nuevo un fallo judicial que da la razón a un vecino frente al acoso de un ayuntamiento. Es la cuarta sentencia que gana un residente de Bermeo ante la insistencia del ayuntamiento en demoler su caserío. El Tribunal Superior vasco de Justicia ha denegado la petición del consistorio de Bermeo, gobernando por EH Bildu, de allanar la vivienda de José Antonio Ercoreca. Como anteriormente habían dictado otros tres juzgados en apenas dos años.

En el fondo del caso, se encuentra una denuncia que el vecino presentó ante la Justicia en 2013 por la reclasificación de un solar para construir 40 pisos con un informe técnico contrario. El vecino es el propietario de terrenos colindantes y en 2008 le denegaron la petición de que pasaran de la clasificación de urbanizables a urbanos (un cambio sustancial ya que evita gastos de urbanización, la entrega al ayuntamiento del 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre). Pero un constructor, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, logró en 2012 la la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo que le beneficiaba a él pero no al solar adyacente de Ercoreca.

Dos meses después de presentarse la denuncia, en 2013, el constructor denunciado demandó al denunciante por la construcción de un caserío a partir de una caseta rural. En solo dos días, el arquitecto municipal emitió un informe contrario sobre la vivienda y en menos de un mes, el consistorio abrió un expediente disciplinario que, sorprendentemente, fue calificado de penal por la alcaldesa Idurre Bidaguren en el Boletín Oficial de Bizkaia. A finales de ese año, en diciembre de 2013,  el consistorio bermeano inició el expediente de demolición del caserío del vecino.

El caso cambia en junio de 2014, cuando  el Ayuntamiento de Bermeo anula el expediente del caserìo, como reconoce en los juzgados. El acoso parecía haberse frenado. Solo un mes después, el Ayuntamiento de Bermeo envía un escrito al vecino para entrar en su caserío. Llamativo cuando el propio consistorio había anulado la presunta infracción.

En enero de 2015, el Ayuntamiento acude al juzgado para pedir autorización judicial de entrada en la vivienda, que es aceptada inicialmente pero rechazada en septiembre de 2015 por el Tribunal Superior. El fallo no arredra al consistorio que intenta reactivarlo: arguye que la anulación del expediente, de junio de 2014, se debio a una mala traducción del euskera. El vecino tiene que pleitear otra vez y un juzgado de lo contencioso sentenció, el pasado 1 de junio, claramente: “los expedientes incoados por el Ayuntamiento de Bermeo en relación con la situación urbanística de un edificio de su propiedad en el barrio San Miguel quedaron archivados por Acuerdo de la Corporación de 23 de junio de 2014”.

El Ayuntamiento vuelve a recurrir y, en un fallo dictado el pasado 15 de febrero por el Tribunal Superior vasco, de nuevo pierde el pleito. La sentencia concluye que «carecía de apariencia de legalidad la actuación administrativa que soportaba la autorización de entrada» al caserío y avala plenamente la resolución del juzgado de lo contencioso de junio pasado..

El vecino ha ganado cuatro pleitos en dos años solo para evitar que entren en su domicilio, al que se añade otros tres más por su denuncia de la reclasificación urbanística que está anulada: del Tribunal Superior y del Supremo, ésta ya firme, y el del juzgado declaró nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

Está toda fuera de toda lógica el empeño municipal en entrar en la casa de un vecino, con el pretexto de una inspección urbanística. No es ejemplo de buen manejo del dinero público el gasto sistemático en abogados que están pagando los vecinos de Bermeo. Ahora el ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, la última instancia judicial, la entrada en una vivienda. ¿Lo hará? Y es sospechoso todo este acoso contra quien ha denunciado una operación urbanística que finalmente ha sido calificada de ilegal por los tribunales.

No es el primer caso. Ya ocurrió con  el vecino de Zamudio que tumbó a una alcaldesa y lleva 16 años de pleitos con el consistorio. Jugar con el dinero público para intereses partidistas es la antitesís del gobierno público. Claro que también es una manera de advertir de las consecuencias de cuestionar las decisiones de una administración pública. Así nunca existe la corrupción.