Otro ex alcalde vasco condenado: siete años de inhabilitación por prevaricación

Otro ex alcalde en Euskadi condenado por prevaricación. El que fuera regidor de Muskiz entre 2007 y 2011 y actual concejal del PNV del municipio Gonzalo Riancho ha sido sentenciado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por adjudicar un contrato verbalmente «de forma descarada y obviando cualquier procedimiento». Así lo sentencia el juzgado de lo penal número 1 de Barakaldo, en un fallo dictado el pasado 19 de abril.

La condena se une así a la de otros ex regidores vascos, como el de Bakio, condenado a dos años y medio de cárcel por fraude y falsificación, y al que se podía unir el ex primer edil de Zierbena, que será juzgado este mes por malversación y que se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel.

El caso se instruye desde 2013, tras una denuncia presentada por el grupo municipal independiente Muskiz Bai, y el juicio se celebró en junio. Gonzalo Riancho (alcalde entonces por Eusko Alkartasuna) adjudicó por un total de 35.500 euros a la empresa Gehilan 2000 SL la gestión de cursos y organización de cursos de verano en el Centro de Formación de Somorrostro. Las facturas se aprobaron además en junio de 2011, en el periodo de transición de la nueva alcaldía. La adjudicación se realizó pese al informe contrario del interventor municipal. “La adjudicación del servicio debe calificarse de nula de pleno derecho”, sostenía el interventor en su informe sobre el caso.

De hecho, a partir de 2012 se ha mantenido el pago por estos cursos de formación pero ya a través de un convenio de colaboración y directamente al centro de FP de Somorrostro, sin que aparezca la empresa Gehilan.

El fallo judicial señala que la adjudicación verbal «fue arbitraria» y «no puede ni siquiera mínimamente apoyarse en un error» porque «había un informe especializado de un empleado encargado de fiscalizar las cuentas [el interventor municipal] que advertía de lo incorrecto de la decisión».

El juzgado considera que fue una decisión «deliberada» con el agravante de la existencia de dos informes del interventor municipal «que con carácter previo a la aprobación de facturas denunciaban la infracción». «Existió la voluntad de tomar estas decisiones, el error era inexcusable y la voluntad inequívoca a pesar de las advertencias», agrega el fallo.

El PNV ha confiado desde el principio «en su inocencia» y le ha mantenido como edil, pese a que las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron, en 2015 con los votos favorables del propio PNV, el PSE y el PP,el apartamiento de los cargos públicos cuando «se le incoe auto de apertura de juicio oral por delitos ligados con la corrupción». La condena le dejaría al concejal sin su puesto de trabajo, ya que es empleado público (formador en el sector de las Emergencias en Bilbao).

Aunque se trate de un cantidad pequeña, 36.000 euros, y muy alejada de los casos de corrupción que nos metrallean cada día, no deja de ser una decisión arbitraria que contraviene la ley pública de contrataciones. Y que estuvo alertada de su ilegalidad por parte del interventor.