El fraude de la constructora vizcaína que dilapida 5,5 millones de dinero público en Zalla

La Justicia ha confirmado, en una sentencia ya firme, el fraude de una constructora vizcaína en una obra pública: ejecutó mal la construcción de un frontón municipal pese a facturar 5,5 millones de euros (“obra ruinosa” e incluso «deliberada ejecución» deficiente, dice el fallo) y rehusó depositar los residuos de obra en un vertedero legal pese a cobrar un partida específica por ese trabajo de más de 100.000 euros.

Es la historia de ese dudoso negocio de las constructoras con el dinero público. Este caso arranca la década pasada cuando el Ayuntamiento de Zalla, dirigido por Leandro Kapetillo (PNV), quien fue alcalde durante 20 años (1991-2011), adjudicó el frontón a Construcciones Olabarri, una empresa cuyos dueños están vinculados a los peneuvistas. Kapetillo fue un alcalde polémico y tachado de absolutista por la oposición. Un año antes de ser desplazado de la alcaldía, en 2010, protagonizó una polémica por su decisión de mantener colgado el retrato del anterior lehendakari Juan José Ibarretxe en el salón de plenos, después de que el socialista Patxi López ocupara el cargo.

El frontón quedó terminado en 2010 pero los problemas aparecieron de inmediato, con goteras en la cubierta, el 75% de la pared que no era lisa o el suelo deslizante. Con el cambio de gobierno municipal (la plataforma independiente Zalla Bai dio un vuelco al hacerse con la mayoría absoluta que tenía hasta entonces el PNV, que pasó de 10 a 4 ediles), el ayuntamiento empezó a exigir la reparación de los desperfectos a la constructora y descubrió además que los residuos de las obras se depositaron en un monte público, en vez de en un vertedero autorizado.

Ante la negativa de la empresa de subsanar las anomalías, el ayuntamiento ejecutó el aval del proyecto de casi 200.000 euros depositado por Construcciones Olabarri, que reaccionó con la presentación de una demanda en los tribunales. Un juzgado de Bilbao dio la razón al Ayuntamiento en marzo de 2016 y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el fraude cometido por la constructora.

En una sentencia dictada el pasado 14 de febrero, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma que la constructora ejecutó una “obra ruinosa” e incluso apunta a una conducta deliberada de Construcciones Olabarri, con “defectos típicamente resultantes de una descuidada ejecución, cuando no de una deliberadamente buscada ejecución contraria al proyecto”. El Ayuntamiento de Zalla ha tenido que gastarse otros 1,5 millones para subsanar los fallos y abrir el frontón.

El Tribunal Superior confirma también otra actuación grave: el cobro de dinero público por un trabajo no ejecutado. En la adjudicación aparece consignada una partida de 107.000 euros para el traslado a un vertedero autorizado de los residuos. El fallo recoge cómo la constructora admite que “el destino de las tierras excavadas de la obra ha sido el relleno en un terreno propiedad del Ayuntamiento” de Zalla. Agrega que la empresa cobró los más de 100.000 euros “pese a no haber transportado a vertedero el material excavado”.

La gravedad se amplifica por la desidia de la Administración vasca.  El Ayuntamiento de Zalla encargó, en 2012, un informe técnico concluyente: el vertedero ilegal creado por la constructora  “debe ser recuperado” y los residuos contravinieron la ley. “Constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos”, señalaba. Pero el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco determinó, en mayo de 2013, en un escrito de la entonces directora de Administración Ambiental, Alejandra Iturrioz,  que la afección al medio ambiente es “probablemente mínima o casi inexistente”. Agregaba que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada, aun cuando sí puede tipificarse como la utilización de un producto granular inadecuado”. No hizo nada por recuperarlo.

Tras cinco años de litigios y dos sentencias, nos encontramos con otro caso de dinero público despilfarrado. Una constructora, que incluso “deliberadamente”, como apuntan los fallos judiciales, ejecutó mal una obra ante la pasividad del ayuntamiento. Solo el cambio de gobierno, a una plataforma independiente, propicia la reclamación tras 5,5 millones gastados en un frontón inservible, amén de los 1,5 millones aportados para arreglar los fallos. Siete millones de coste. Cuando el consistorio ejecuta el aval de la obra, la empresa, lejos de reconocer los errores, lleva la decisión a los tribunales y pierde los pleitos. Y encima tras crear un problema medioambiental al depositar los residuos a un monte público, aunque cobrando más de 100.000 euros por lo que debería haber sido una correcta gestión en un vertedero autorizado. Otra “excepción” más en la “buena” gestión pública en Euskadi. Lo preocupante es que hay muchas excepciones.