La Fiscalía investiga delitos ambientales en el nuevo cementerio de Deba, un proyecto vinculado a un pelotazo urbanístico de 50 millones

La Fiscalía de Gipuzkoa ha abierto una investigación por delitos contra el medio ambiente al Ayuntamiento de Deba por la construcción del nuevo cementerio municipal en las afueras de la localidad. Una operación vinculada además a un plan urbanístico: la urbanización de 180 viviendas en el área del actual cementerio, junto al casco urbano, un «pelotazo» de más de 50 millones de euros. Y con un coste, asumido por el Ayuntamiento al ser municipal, de dos millones de euros para una localidad donde se registran solo media docena de enterramientos al año.

La asociación ecologista Mutriku Natur Taldea presentó en abril una denuncia ante la Fiscalía por afectar a un manantial y estar en la zona de servidumbre de un dominio público marítimo terrestre, al Camino de Santiago y por el hecho de que el proyecto fuera elaborado por el asesor de urbanismo del Ayuntamiento y aprobado por la misma persona.

El Ayuntamiento de Deba lleva casi 25 años con el proyecto de demoler el cementerio actual, un terreno muy apetecible urbanísticamente para construir viviendas. Tras iniciar los trámites en 1996, se encontró con un informe negativo en 1999 de la Dirección de Salud del Gobierno vasco a la construcción del cementerio, en la denominada zona de Arzabal, por ser un terreno impermeable (la ley de instalaciones mortuarias exige su permeabilidad para que, cuando llueva, no haya riesgo sanitario con los lixiviados por la putrefacción de los cadáveres), la existencia de un manantial y no cumplir la distancia de 500 metros a zonas pobladas. El Tribunal Superior de Justicia vasco, además, anuló en 2002 el convenio urbanístico para edificar el cementerio.

Pero el consistorio retomó el proyecto tras un decreto del Gobierno vasco de 2004 que rebajó las condiciones para construir cementerios, al reducir de 500 a 10 metros la distancia a zonas pobladas. Un decreto que parecía redactado a la carta para el caso de Deba.

El nuevo proyecto redujo significativamente la superficie del nuevo cementerio: de 11.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 sepulturas se pasó a 4.500 metros cuadrados y un centenar de fosas. Pero este segundo proyecto se aprobó sin el permiso de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que se enteró de su existencia por los ecologistas, y constató que un tercio de la superficie es área de dominio público marítimo terrestre.

Para salvar esa protección, el Ayuntamiento está acometiendo un tercer proyecto que limita las obras a dos tercios de los 4.500 metros cuadrados previstos.

Los trabajos empezaron el pasado 6 de junio con las excavaciones en el terreno pero sin el permiso de Ura y con autorizaciones de los Departamentos de Salud y Cultura al segundo proyecto. Es decir con un permiso distinto al que se está ejecutando.

La asociación Mutriku Natur Taldea solicitó, en su denuncia formulada el pasado 8 de abril ante la Fiscalía de Gipuzkoa, que se impida al Ayuntamiento de Deba el inicio de las obras “por la tramitación de un expediente presuntamente irregular” y denuncia al anterior alcalde de Deba, Pedro Bengoetxea (de la plataforma vecinal Debarren Ahotsa, que el pasado 15 de junio perdió la alcaldía, que pasó a Gilen García, de EH Bildu) por permitir que el asesor urbanístico municipal elaborase el proyecto y luego emitiese informes técnicos sobre el mismo en la tramitación en nombre del ayuntamiento.

La Fiscalía de Gipuzkoa abrió, el pasado 23 de abril, una investigación por los posibles delitos contra el medio ambiente debido a la afección al dominio público y al manantial, que surte de agua a dos concesiones construidas por el Gobierno vasco. La existencia del manantial aparece en la documentación presentada por los ecologistas. De hecho, el Departamento de Salud del Gobierno vasco, en su informe negativo de 1999, obligaba al cambio de la tubería de agua del manantial que atraviesa el área, una actuación de la que no se habla en el permiso concedido por Salud. Los ecologistas temen que, con las obras ya iniciadas esa tubería este ya rota o en riesgo de ruptura.

Detrás de todo, está el proyecto de una constructora local, Grupo Eibar, de edificar 180 viviendas y un hotel, que es presentado por los promotores como la “mejor terraza del Cantábrico, con unas maravillosas vistas al mar, a la playa y al pueblo de Deba”. Un «pelotazo» urbanístico que podría superar los 50 millones de euros.

No parece que haya mucho interés general en gastarse dos millones de euros en un nuevo cementerio cuando apenas hay media docena de sepulturas al año. Y el tema empieza a oler mal cuando está vinculado a desarrollar en el área donde se ubica el actual cementerio un plan urbanístico de 180 viviendas (un «pelotazo» de más de 50 millones de euros) sin haber tramitado permisos administrativos y con afecciones a un manantial de agua. Los tribunales están la obligación de aclarar qué está ocurriendo en esta parte de la costa de Gipuzkoa.