El castigo a grupos independientes: multas de 50.000 euros por gastarse 250 euros en la campaña electoral

Plataformas municipales independientes que ostentan alcaldías se enfrentan a multas de más de 50.000 euros por haberse excedido en los gastos de las elecciones de 2015…en poco más de 200 euros. Hay casos, como en Leza (Álava), donde el gasto electoral fue de 253,22 euros. El Tribunal de Cuentas de España ha enviado a 26 agrupaciones en Euskadi, y a más de 500 en toda España, una comunicación sobre la apertura de un expediente sancionador por esos “excesos”.

Miembros de la plataforma Ikune que se creó en Euskadi para agrupar a las grupos independientes.

La medida es un torpedo para estas pequeñas agrupaciones, surgidas en las mayorías de los casos por grupos de ciudadanos en municipios donde los partidos tradicionales han protagonizado una nefasta gestión y han sido relevados de las alcaldías por estos grupos.

Lo curioso es que la norma con estas elevadas sanciones fue aprobada en marzo de 2015, por el PP  y el PSOE, en la modificación de la ley de financiación de partidos políticos. El tope de gasto electoral, descontado el mailing y papeletas electorales que no computan como tal, es 0,11 euros por vecino con derecho a voto. Si la agrupación se excede en más del 10% supone una infracción muy grave, que lleva aparejada una sanción mínima de 50.000 euros, según especifica el artículo 17 bis de la ley de financiación de partidos políticos.

La normativa es discriminatoria para estas agrupaciones y favorece a los partidos tradicionales: los que se presentan en la mitad de los municipios de cada provincia se pueden gastar, además de esos 0,11 euros por vecino, hasta 150.301 euros adicionales por provincia.

El inicio del proceso sancionador se notificó el pasado 12 de julio por parte de la secretaria general del Tribunal de Cuentas y ha llegado estos días a las agrupaciones afectadas. En esas comunicaciones, se informa que se abre un plazo de 15 días para la formulación de alegaciones sin que sea posible interponer recurso algo a la resolución del órgano fiscalizador.

En Euskadi, las plataformas municipales afectadas totalizan 26, según el listado que aparece en el Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de mayo: nueve en Álava, otras nueve en Bizkaia y ocho en Gipuzkoa. El techo de gasto superado varía significativamente. Pero resultan ilustradores los datos de plataformas de tres municipios: la agrupación Pueblo de Leza (Álava) se excedió en las elecciones de 2015 en 230 euros: se gastó 253 en vez de los 22 euros marcados por la ley; Lasarte-Oria (Gipuzkoa) Puede rebasó lo estipulado en 254 y la Candidatura Local Independiente de Balmaseda (Bizkaia) lo superó en 379 euros. Se enfrentan a sanciones de más de 50.000 euros, como otras 19 agrupaciones independientes vascas. Solo cuatro plataformas incurren en  gastos que no superan el 10% de lo estipulado y las multas son inferiores a esa cantidad.

Es la primera vez que se adopta una medida de este tipo contra estas plataformas. El propio presidente del Tribunal de Cuentas de España, Ramón Álvarez de Miranda, admitió el mes pasado, al presentar su informe sobre estas irregularidades, la necesidad de revisar la legislación y adoptar cambios en las sanciones mínimas que se imponen por esos incumplimientos porque son muy “elevadas”.

Las asociaciones apolíticas en los municipios han ido aumentando en Euskadi y ahora hay 39 ayuntamientos con alcaldes independientes, el 15% del total, y 80 municipios con grupos independientes, lo que les da representación en el 30% de las localidades del País Vasco.

Tiene poca explicación la amenaza de sanciones de 50.000 euros a grupos de ciudadanos que han entrado de rebote en la política. Cuando los casos de millones de euros de financiación opaca de los partidos políticos tradicionales han aflorado en los últimos años y la formación que gobierna está acusada formalmente de ello, parece una broma multar a quien se ha gastado en una campaña la “exagerada” cifra de 253,22 euros. ¿Se enmendará el disparate?

 

 

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