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El Superior decide este mes el derribo definitivo del casoplón de 11 baños

El Tribunal Superior vasco adoptará a finales de este mes la decisión definitiva sobre el derribo del casoplón de 11 baños de Aia (Gipuzkoa) promovido por la familia de una exconcejal del PNV. Fuentes judiciales han confirmado que los cinco jueces de una sala especial del Tribunal Superior vasco se reunirán para acordar si se admite o no el último recurso presentado por el ayuntamiento y los promotores del palacete.

Es el último paso judicial sobre este caso, que empezó a investigarse en los tribunales hace ya 11 años. Y se produce cuatro meses después de que el Tribunal Supremo confirmara en julio pasado la demolición que fue ordenada en enero de 2024 por el mismo Superior vasco. Las razones principales son que contraviene  la ley vasca de Suelo: se reconstruyó en un lugar diferente al del caserío original y en un área de especial protección.

Los afectados, el Ayuntamiento de Aia y los promotores del palacete (la familia de la exconcejal del PNV en Zarautz Maite Garrastazu), han agotado sus últimas posibilidades judiciales al recurrir la demolición tanto ante el Supremo como al Superior en casación. Esta opción solo permite abordar si la sentencia de derribo de hace dos años incumple la ley, en este caso el artículo 30 de la ley vasca de Suelo que impide la reconstrucción de caseríos en áreas protegidas salvo en casos excepcionales. Es decir, no vuelve a examinar los argumentos expuestos para ordenar la demolición.

 La sala especial del Superior encargada del caso está formada por cinco jueces, entre ellas la ponente (la que redactará el fallo) Olatz Aizpurua, una magistrada con más de 40 años de experiencia, y el actual presidente de lo contencioso del Superior Luis Ángel Garrido. Pero los otros cuatro jueces solo se limitan a avalar la decisión de la ponente y, en caso contrario, emitir votos particulares. Salvo que haya más votos contrarios que favorables: en ese caso se cambia de ponente para que emita una sentencia avalada por la mayoría del tribunal.

Las posibilidades de que se paralice el derribo del casoplón son mínimas. De hecho, el recurso de casación es una figura con poco recorrido. Fuentes jurídicas han señalado que todas las sentencias de casación (una docena promulgadas) sobre este artículo de la ley de Suelo han sido inadmitidas en estos 20 años. Y, con relación a otros asuntos, solo unas pocas se han admitido, pero no se ha aprobado ningún recurso de casación, según los mismos medios,

La contundente sentencia del Tribunal Superior vasco de enero de 2025 declaraba nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización del casoplón en 2013, 2015 y 2017. La familia Garrastazu aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor:469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko y de la Diputación de Gipuzkoa.

En su sentencia, el Superior señalaba que hay un incumplimiento claro de la ley vasca de Suelo, ya que “la reconstrucción de los caseríos se debe llevar a término allí donde se encuentra la estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En este caso, se sitúa a cerca de 200 metros. Pero tanto el ayuntamiento como los promotores han sostenido en todos los litigios judiciales que el hecho de ubicarse a esa distancia no lo invalida.

El Superior señalaba que la nulidad de la edificación del palacete conlleva la ilegalidad de las obras de urbanización, que también fueron denunciadas en los tribunales.

Además de la demolición, el Superior ordenó la apertura de un expediente sancionador urbanístico que afectaría tanto a los promotores como a los cargos y técnicos municipales que han intervenido.

Los promotores se enfrentan a un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. La multa se puede elevar a 2,4 millones, a lo que se agregan otros 150.000 euros del derribo y la restitución del terreno a su estado. El perjuicio se acercaría a los 4 millones de euros, con los 1,4 millones de euros que se calcula han costado las obras del palacete.

En estos 11 años de pleitos se han conocido una quincena de irregularidades en este caso, desde el oscurantismo municipal, un rocambolesco expediente sancionador que se resolvió sin practicar pruebas y una licencia fantasma que apareció cinco años después hasta un informe de la Ertzaintza que confirmaba las irregularidades urbanísticas que fue obviado por un juzgado o los cinco imputados que quedaron exonerados por pararse la investigación judicial.

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