El informe «fantasma» de la Ertzaintza que ve delito en el casoplón de Gipuzkoa

En el caso del casoplón de Aia, el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo según el Ararteko, llama la atención la ausencia de información sobre un informe que ha elaborado la Ertzaintza. En concreto, un documento redactado este verano por la sección de Medio Ambiente de la Policía Autónoma en el que concluía la existencia de indicios de delito contra la ordenación del  territorio, basado en dos aspectos esenciales: que el casoplón se construyera a más del 200 metros del caserío en ruinas de la familia y la gran ampliación respecto al edificio antiguo.

Como ha informado este blog, el Ararteko cuestionó la actuación de la familia Garrastazu, que en el alto de Talaimendi (el paraje donde se ubica) tenían un caserío en ruinas y en 2010 presentaron una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Pero apenas dos años después pidió otra licencia para erigir otra edificación, que duplica la superficie. Del caserío en ruinas no existe ningún proyecto de demolición en el expediente. El ayuntamiento de Aia aprobó la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha tramitado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia. Además, se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.

El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. Un argumento respaldado por la  Diputación de Gipuzkoa que concluyó, en mayo de 2015,  que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. La familia se ha escudado en que dispone de la licencia municipal y ha acusado al Ararteko de “extralimitarse en sus funciones”.

Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.

La Ertzaintza se había mantenido poco activa en este caso hasta hace medio año. Después de que en agosto de 2015 tramitara la primera denuncia de los parapentistas, la comisaría de la Policía en Zarautz se limitó a realizar visitas de inspección de la zona y la petición de informes a administraciones y del expediente urbanístico del palacete al Ayuntamiento de Aia. Un expediente que el consistorio se negó a aportar y sin que conste ningún reclamo posterior de la comisaría de Zarautz. Hasta que fue obligado por un tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa que, el 12 de abril, apercibió al Ayuntamiento de Aia de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitarlo. Tampoco el juzgado de Azpeitia que ha investigado un posible delito penal ha solicitado actuaciones a la Ertzaintza. No existe ningún informe concluyente de la Policía Autónoma, en sentido positivo o negativo, en las diligencias practicadas.

[pullquote]El área de Medio Ambiente de la Ertzainza entregó en julio una ampliación de atestado[/pullquote]

El área de Medio Ambiente mostró un inesperado empeño en junio pasado y elaboró el informe cuyo contenido no se ha difundido pero alude a la existencia de un posible delito. Según fuentes judiciales, el pasado 12 de julio entregó una ampliación de atestado, en el que pedía que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón,  otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación), una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete (casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183). y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación.

No ha habido contestación a esa práctica de pruebas, según fuentes del caso. El juez decretó el pasado 25 de mayo el archivo provisional de la vía penal e instó  a los denunciantes a que el caso prosiguiera en la otra  vía abierta, el contencioso-administrativo. El juez no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación y consideraba legal la licencia aunque no ofreciera ningún argumento sobre el cambio de ubicación y que se trate de una nueva ubicación. La Audiencia de Gipuzkoa estudia desde hace más de cuatro meses el archivo para confirmarlo o instar a que se reabra la investigación.

¿Qué pasa con el informe «fantasma» de la Ertzaintza en el que veía indicios de delito?¿Y por qué los tribunales no responden a la petición del área de Medio Ambiente de la Policía Autónoma de ampliar la investigación cuando la Audiencia dirime si confirma o no el archivo de la vía penal? Más interrogantes en un caso que sigue sumido en las sombras.