La familia del casoplón de Gipuzkoa acusa al Ararteko de «extralimitarse»

A la familia de la concejal del PNV de Zarautz que está construyendo un casoplón (11 habitaciones y 11 baños) en el alto de Aia, entre Zarautz y Orio, le ha irritado sobremanera el informe del Ararteko, que considera ilegal la nueva construcción. Ha acusado al Defensor del Pueblo Vasco de «extralimitarse en sus funciones» por concluir que la megaedificación de 567 metros cuadrados de superficie construida incumple la ley vasca del Suelo.

En un informe fechado el pasado 28 de enero, tras una investigación de medio año, el Ararteko cuestionó la actuación de la familia Garrastazu, que en el alto de Talaimendi (el paraje donde se ubica) tenían un caserío en ruinas y en 2010 presentaron una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Pero apenas dos años después pidió otra licencia para erigir otra edificación, que casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío. Del caserío en ruinas no existe ningún proyecto de demolición en el expediente. El ayuntamiento de Aia aprobó la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha presentado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia. Además, se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.

El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. “La posibilidad del cambio de ubicación está restringida única y exclusivamente a los caseríos demolidos por causa de expropiación forzosa”.

La familia Garrastazu ha expuesto sus críticas en un escrito enviado al juzgado de Azpeitia que investiga posibles delitos penales (y que ha archivado provisionalmente la denuncia presentada por la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que utiliza esa área para la práctica del parapente). «El Ararteko se extralimita en sus funciones (no es su función emitir informes jurídicos), realiza una interpretación de la normativa aplicable que precisamente uno de los debates del procedimiento contencioso-administrativo», la otra instancia judicial en la que se investiga la construcción del casoplón.

No deben haberse leído bien la web del Ararteko, que dice claramente que su cometido principal «es atender a los ciudadanos y ciudadanas en relación con las quejas o demandas que planteen sobre actuaciones incorrectas o irregulares de la Administración» (en este caso el Ayuntamiento de Aia que ha aprobado los permisos del palacete), y tramitar dichas quejas «conforme a un procedimiento en el que a la administración concernida se le piden cuentas sobre su proceder». Es decir, lo que ha realizado el Ararteko en este caso.

La familia de la concejal (Maite Garrastazu y sus  10 hermanos están demandados en el  juzgado 1 de lo contencioso-administrativo de San Sebastián)  descalifica igualmente el informe de la Diputación de Gipuzkoa, que,en un escrito del Departamento de Ordenación del Territorio firmado en mayo de 2015,  concluye que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. Agrega que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que “es importante destacar” que la ley del Suelo “indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección”. En este caso la familia Garrastazu se limita a  señalar que los autores del informe aluden a que desconocen en su integridad el expediente administrativo, «por lo que las conclusiones de dicho informe no pueden tener validez alguna en el ámbito penal». No hay ningún comentario sobre el quid de la cuestión: si de un caserío en ruinas se puede edificar en otra ubicación, a más de 200 metros de distancia, una construcción con una planta 2,5 veces superior al antiguo caserío y en un área de especial protección.

Los demandados aprovechan para comentar al juzgado que, «aunque no tienen relación directa con este procedimiento» están siendo «objeto de coacciones en forma de daños y actos vandálicos», como la rotura del vallado de su finca (cuya legalidad también es investigada judicialmente) y de árboles. «Estos hechos han sido denunciados y tendrán la tramitación que corresponda», agregan. Según la información recabada por este blog, en la Jefatura de la Ertzaintza en Gipuzkoa no consta ninguna denuncia de daños por parte de la familia Garrastazu. Lo que si hay es la denuncia de un parapentista por «acoso» de los propietarios cuando se posó en los terrenos.

Suena a pataleta e intento de amedrentamiento de quienes tienen bastantes cuestiones que aclarar en esta operación urbanística.