El rocambolesco expediente sancionador del casoplón de Aia

Otro episodio rocambolesco en el caso del casoplón del municipio guipuzcoano de Aia,el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. Esta vez se trata del expediente sancionador, abierto ya hace casi siete meses por el ayuntamiento, debido a las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia. Un expediente del que no se ha sabido nada en medio año. Ahora el Ayuntamiento de Aia, incumpliendo la ley vasca de Suelo, califica el tipo de sanción (cuando tenía que haberla hecho en agosto), y cambia al instructor del expediente, que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

Como ya informó este blog, el  Ayuntamiento de Aia legalizó en diciembre pasado  las obras de acceso al chalé, que paralizó en agosto aunque estaban ya terminadas, sin aportar la documentación técnica que lo avale, sin datos del expediente sancionador que abrió a los promotores y sin facilitar ningún dato del expediente a los denunciantes, la Federación de Deportes Aéreos de Gipuzkoa. Estas irregularidades llevaron a los demandantes a presentar un recurso administrativo, que fue rechazado, y otra nueva denuncia en los tribunales por este caso. Es la tercera demanda en investigación: las dos anteriores, en vía penal y en contencioso administrativo y el verdadero fondo del asunto, por la construcción del palacete aprovechándose de un caserío en ruinas pero cambiando su ubicación, duplicando la superficie y en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

La Federación de Deportes Aéreos ha llevado la legalización de los accesos a la Justicia al considerar que es “nulo de pleno derecho” al no hacer ninguna mención al expediente sancionador abierto, carecer de soporte jurídico y la falta de un proyecto de urbanización sujeto a publicación y alegaciones, al tratarse de un suelo de especial protección. Además, se refiere al ocultamiento de datos a los denunciantes sin ninguna notificación oficial ni aportación de los informes técnicos.

La legalización de las obras de acceso al casoplón solo tenían el condicionante, por parte del Ayuntamiento, de  que se redujeran las plazas del aparcamiento construido por la familia Garrastazu. También se ha incumplido, como recoge el decreto municipal dictado el 28 de febrero, y se le impone únicamente una multa leve de 600 euros en el caso de que en el plazo de un mes no se reduzca el área urbanizada.

Un auténtico galimatías administrativo al convertir un expediente sancionador, en el que no se han practicado pruebas, no ha habido audiencia a las partes y no habido ninguna propuesta de resolución, en una orden de ejecución. Y a ello se añade que el decreto municipal ordena la sustitución del instructor del expediente sancionador, el secretario municipal, por ser una parte implicada en el caso. El despropósito prosigue al sustituirlo por otro funcionario de un ayuntamiento cercano en vez de por una institución supramunicipal, como establece el artículo 218 de la ley vasca de Suelo.

 El oscurantismo y la parcialidad siguen predominando en la actitud municipal que ha permitido rehabilitar un caserío que a simple vista se constataba su estado ruinoso y dos años después dio luz verde a la sospechosa petición de otra licencia para construir otra nueva edificación, a más de 200 metros de distancia, casi duplicando la superficie habitable y con un diseño más propio de un hotel. Un ayuntamiento que el pasado año recibió un serio apercibimiento de la Fiscalía de Gipuzkoa, dentro de la investigación judicial del caso, al advertirle de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitar el expediente urbanístico del casoplón, pedido casi un año antes tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.

Ahora, con las obras de acceso al casoplón, vuelve a actuar sin cumplir las leyes. ¿No ha podido calificar en siete meses la infracción que le llevó a abrir un expediente sancionador? ¿Y por qué ha legalizado las obras sin resolver el expediente? ¿No sabía entonces de la parcialidad del secretario municipal al nombrarle instructor? ¿Por qué no delega en la Diputación de Gipuzkoa?, ¿Influirán tal vez por sus informes contrarios al casoplón, que concluían que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección? Demasiadas preguntas sin respuestas convincentes.