Un tercer juzgado investiga también el casoplón de 11 habitaciones y 11 baños

Al casoplón de Aia (Gipuzkoa) –el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo– se le acumulan las pesquisas en los tribunales. El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia ha abierto una investigación por un posible delito contra el patrimonio en las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia, como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. La juez ha remitido además el caso a la Fiscalía de Gipuzkoa para que intervenga.

Imagen del casoplón, con la urbanización ejecutada. Al fondo, el municipio de Zarautz.

Es el tercer tribunal que investiga el casoplón, promovido por la familia Garrastazu, ubicado entre los municipios de Orio y Zarautz: aprovechó un caserío en ruinas pero cambiando su ubicación, duplicó  la superficie y se construyó en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Los otros dos tribunales que han realizado indagaciones son el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia, (por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio) y el juzgado 1 de lo contencioso-administrativo de San Sebastián. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos. Las primeras diligencias están archivadas provisionalmente y pendientes de la decisión de la Audiencia de Gipuzkoa desde hace casi un año. El del contencioso sigue su curso.

La apertura de investigaciones, de nuevo penales, por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia fue dictada el pasado 3 de marzo. El motivo son las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia. Como ya informó este blog, el  Ayuntamiento de Aia legalizó en diciembre pasado  las obras de acceso al chalé, que paralizó en agosto aunque estaban ya terminadas, sin aportar la documentación técnica que lo avale, sin datos del expediente sancionador que abrió a los promotores y sin facilitar ningún dato del expediente a los denunciantes, la Federación de Deportes Aéreos de Gipuzkoa. Estas irregularidades llevaron a los demandantes a presentar un recurso administrativo, que fue rechazado por el ayuntamiento, y otra nueva denuncia en los tribunales, que es la que investigado ahora el juzgado número 3.

Además de las carencias de documentación, la demanda resalta la falta de un proyecto de urbanización sujeto a publicación y alegaciones, al tratarse de un suelo de especial protección.

La juez de Azpeitia, quien ya ha tomado declaración a la Federación Gipuzkoana de Deportes Aéreos, ha recibido los informes contrarios al casoplón por parte del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa así como el informe “fantasma” de la Ertzaintza: el área de Medio Ambiente de la Policía Autónoma pidió hace casi un año al juzgado que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón,  otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación), una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete (casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183). y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación. No ha habido ninguna respuesta.

La alcaldesa de Aia, Nekane Arrizabalaga (PNV)

En esta nueva investigación, los denunciados son dos hermanas de la familia Garrastazu (quienes pidieron las licencias de obras de acceso), la alcaldesa y el anterior alcalde así como el secretario, el arquitecto y el aparejador municipales, que han avalado con sus informes las obras del casoplón.

La juez, en una providencia dictada el 8 de mayo, ha remitido las actuaciones a la Fiscalía de Gipuzkoa para su conocimiento y para que informe “de la idoneidad de las diligencias interesadas por la acusación”, en alusión a la toma de declaración de los denunciados.

Estas obras de urbanización provocaron, debido a la falta de licencia, la apertura el pasado verano  de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento. Tras medio año sin tener noticias, la resolución dictada en febrero fue rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convierte el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, califica el tipo de sanción (cuando tenía que haberla hecho en agosto), y cambia al instructor del expediente, que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

La nueva vertiente judicial abierta arrincona aún más al Ayuntamiento de Aia y a los promotores del casoplón, con tres denuncias abiertas en los tribunales. Pedir un permiso para remodelar un caserío en ruinas en 2010, modificar la licencia para ubicarlo 200 metros más allá en un área de especial protección y duplicando la superficie original, acometer las obras de acceso sin licencia… Y todo con el amparo municipal que justifica que la  “atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa”  explica que haya 11 dormitorios. “Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”. Y que la reconstrucción se ejecute en “un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación”. Todo muy normal.

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4 thoughts on “Un tercer juzgado investiga también el casoplón de 11 habitaciones y 11 baños

  1. La última denuncia de los parapentistas se basa en la plantación ilegal de arbolado sobre una zona de especial protección con el claro objetivo de imposibilitar sus vuelos.

    1. No es una denuncia de los parapentistas, Es una denuncia de mucha más gente, fuera incluso del colectivo de parapentistas, que ha denunciado una reforestación en la Zona de Especial Conservación de Iñurritza; allí donde se protegen especies propias que son la razón de ser de ese espacio protegido.

      Si realmente te interesa el asunto pide las denuncias al gestor del Espacio Protegido que es La Diputación Foral y verás que la federación Gipuzkoana de los deportes aéreos no tiene nada que ver con esa denuncia.

      Lo realmente increíble es que, curiosamente, a la Federación, por otras cuestiones, le consta una autorización privada entre las propiedades implicadas en esa zona para plantar árboles; como si eso de reforestar terrenos de especial protección, que precisamente se protegen para preservar y proteger ciertas especies botánicas, fuese materia a disposición de cuaquiera.

      Además hay circulando varias denuncias por la lilegal insatalacion de cámaras de video vigilancia en zonas de paso de la servidumbre de tránsito del Dominio Público Marítimo Terrestre de Talaimendi, cuyas grabaciones y contenido no se sabe en manos de quien se queda, ni para que finalidad se usan.

      Y en estas tampoco actua colectivamtne la Federación Gipuzkoana de los Deportes Aereos.; pudes comprobarlo dirigiéndote a la Agencia Vasca de Protección de Datos que ya tiene iniciados varios expedientes sobre el particular.

      Es resaltable también que la Jueza de Azpeitia les ha dado 10 dias para que aporten los permisos de instalación de las videocamaras y está a la espera de que se aporten…( puede que espere eternamente)

      Ahi hay demasiadas cosas fuera de su lugar y lo que temen, en la Federación, es que además la Diputación Foral termine amparando a los propietarios y prohibiendo toda actividad en esa zona;, lo que, sin duda, promoverá la total privatización de un espacio protegido que se sufraga con el Dinreo de todos para que lo utilicen cuatro; toda la reforestación de ároboles de especies innominadas y sin control, se ha plantado en las zonas de acceso y paso a la ZEC y los caminos que se utilizan para transitar por ahí desde tiempo inmemorial

      Eso no perjudica solo a los pilotos de vuelo ( para sus despegues) si no a todos los ciudadanos que suben a pasear a ese paraje espetacular; volar ahi, con o sin árboles, es perfectamente posible y dudo que se abandone como zona de vuelo.

  2. Muchas preguntas… ¿Hasta qué punto del camino sirve el carnet del PNV como salvoconducto? ¿Podría una persona “normal”, sin cargo ni filiación política al PNV perpetrar tantas y tan gordas, una detrás de otra? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos jeltzales y sus redes clientelares? Bucear un poco en el entramado PNVista en Gipuzkoa es viajar a la Valencia o Madrid del PP, la Andalucía o Extremadura socialista o la Catalunya de Convergencia. Así de triste.

    1. Imagino que al PNV no le hará ninguna gracia que, como bien apunta el Ararteko, su concejala en Zarautz se salte todas las leyes a la torera y atente directamente contra el patrimonio natural de todos los vascos construyéndose un palacio (tóquese los cojones) en una Zona de Especial Protección. No es bueno para el partido y no beneficia a nadie más que a unos pocos golfos y sinvergüenzas. Lo que está claro es que el PNV les está dejando hacer o que no está haciendo todo lo que debería si quisiese parar con honestidad este vergonzoso y cada vez más conocido escándalo.

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