Varapalo al Ayuntamiento de Deba por denegar datos sobre el polémico cementerio, un proyecto vinculado a un “pelotazo” de 50 millones

Varapalo por falta de transparencia al Ayuntamiento de Deba en las polémicas obras del nuevo cementerio municipal, un proyecto vinculado a un “pelotazo” urbanístico de más de 50 millones de euros que es investigado por la Fiscalía de Gipuzkoa. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública (un órgano independiente creado en 2016 por el Gobierno vasco para garantizar que los ciudadanos accedan a la información pública) ha confirmado la denegación de datos del ayuntamiento sobre la adjudicación del proyecto. En concreto, la composición de la mesa de contratación, que finalmente se ha publicado tres meses y medio después de la adjudicación de las obras, incumpliendo la ley de Contratos del Sector Público sobre el perfil del contratante (ver artículo 63.5).

Imagen de las obras, esta semana, ya avanzadas del nuevo cementerio municipal de Deba,

Como ha informado este blog, la Fiscalía de Gipuzkoa ha abierto una investigación por delitos contra el medio ambiente en la construcción del nuevo cementerio municipal en las afueras de la localidad. En concreto, la Fiscalía abrió, el pasado 23 de abril, una investigación por los posibles delitos contra el medio ambiente debido a la afección al dominio público y al manantial, que surte de agua a dos concesiones construidas por el Gobierno vasco.

El caso se abrió tras una denuncia presentada por la asociación ecologista Mutriku Natur Taldea por afectar a un manantial y estar en la zona de servidumbre de un dominio público marítimo terrestre, al Camino de Santiago y por el hecho de que el proyecto fuera elaborado por el asesor de urbanismo del Ayuntamiento y aprobado por la misma persona.

El Ayuntamiento de Deba lleva casi 25 años con el proyecto de demoler el cementerio actual, un terreno muy apetecible urbanísticamente para construir viviendas. Tras iniciar los trámites en 1996, se encontró con un informe negativo en 1999 de la Dirección de Salud del Gobierno vasco a la construcción del cementerio,en la denominada zona de Arzabal, por ser un terreno impermeable (la ley de instalaciones mortuarias exige su permeabilidad para que, cuando llueva, no haya riesgo sanitario con los lixiviados por la putrefacción de los cadáveres), la existencia de un manantial y no cumplir la distancia de 500 metros a zonas pobladas. El Tribunal Superior de Justicia vasco, además, anuló en 2002 el convenio urbanístico para edificar el cementerio.

Pero el consistorio retomó el proyecto tras un decreto del Gobierno vasco de 2004 que rebajó las condiciones para construir cementerios, al reducir de 500 a 10 metros la distancia a zonas pobladas. Un decreto que parecía redactado a la carta para el caso de Deba.

El nuevo proyecto redujo significativamente la superficie del nuevo cementerio: de 11.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 sepulturas se pasó a 4.500 metros cuadrados y un centenar de fosas. Pero este segundo proyecto se aprobó sin el permiso de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que se enteró de su existencia por los ecologistas, y constató que un tercio de la superficie es área de dominio público marítimo terrestre.

Para salvar esa protección, el Ayuntamiento está acometiendo un tercer proyecto que limita las obras a dos tercios de los 4.500 metros cuadrados previstos.

Los trabajos empezaron el pasado 6 de junio con las excavaciones en el terreno pero sin el permiso de Ura y con autorizaciones de los Departamentos de Salud y Cultura al segundo proyecto. Es decir con un permiso distinto al que se está ejecutando.

La asociación Mutriku Natur Taldea solicitó, en su denuncia formulada el pasado 8 de abril ante la Fiscalía de Gipuzkoa, que se impida al Ayuntamiento de Deba el inicio de las obras “por la tramitación de un expediente presuntamente irregular” y denuncia al anterior alcalde de Deba, Pedro Bengoetxea (de la plataforma vecinal Debarren Ahotsa, que el pasado 15 de junio perdió la alcaldía, que pasó a Gilen García, de EH Bildu) por permitir que el asesor urbanístico municipal elaborase el proyecto y luego emitiese informes técnicos sobre el mismo en la tramitación en nombre del ayuntamiento.

La utilidad pública del proyecto es discutible: tiene un coste, asumido por el Ayuntamiento al ser municipal, de dos millones de euros para una localidad donde se registran solo media docena de enterramientos al año. Pero, detrás,  está el proyecto de una constructora local, Grupo Eibar, de edificar 180 viviendas y un hotel, que es presentado por los promotores como la “mejor terraza del Cantábrico, con unas maravillosas vistas al mar, a la playa y al pueblo de Deba”. Un «pelotazo» urbanístico que podría superar los 50 millones de euros.

La última irregularidad ha sido la negativa del Ayuntamiento a aportar datos sobre la mesa de contratación del proyecto. Un vecino lo denunció ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que le dio la razón el pasado 29 de julio.

Esta comisión, tras recibir la queja, exigió explicaciones al Ayuntamiento de Deba el pasado 1 de julio, que en el plazo reglamentario de 10 días “no ha realizado alegación alguna”. Ante ello examinó el caso y concluyó que la información sobre la mesa de contratación debe facilitarse. Solo tras este informe, el consistorio publicó el pasado 12 de agosto en su web los datos de la mesa de contratación.

El grupo ecologista Mutriku Natur Taldea ha comprobado, sin embargo, que existen irregularidades en esa mesa de contratación y ha trasladado esos datos a la denuncia que investiga la Fiscalía de Gipuzkoa.

Los ecologistas pidieron, de nuevo el pasado 26 de agosto, a la Agencia Vasca del Agua Ura la paralización de las obras debido a que el manantial estaba “en niveles mínimos”. Este lunes han comprobado que ya no mana agua.

Es inconcebible que un proyecto público se salte la ley y un ayuntamiento como el de Deba no haga caso a los requerimientos de un órgano independiente que le exige aportación de información pública a la ciudadanía. O que un manantial se seque ante la pasividad de la Agencia Vasca del Agua Ura. Y todo con un proyecto vinculado a desarrollar en el área donde se ubica el actual cementerio un plan urbanístico de 180 viviendas, un «pelotazo» de más de 50 millones de euros. De nuevo el interés privado se impone al público.

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