La familia del casoplón de Gipuzkoa denuncia a los denunciantes

El  caso del casoplón de Aia, el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo según el Ararteko, se enrevesa más judicialmente. A las dos denuncias, por las vías penal y contencioso administrativa, que se investigan desde hace más de un año, se ha unido una demanda de los propietarios. Acusan a la Federación Gipuzkoana de Deportes Aéreos de causar daños en los terrenos de la familia Garrastazu. Un juzgado de Azpeitia ha abierto diligencias, el pasado 2 de noviembre, y ha citado a declarar para el 16 de diciembre al presidente de la federación.

El Ararteko, el Defensor del Pueblo en Euskadi, ha cuestionado la construcción del casoplón por parte de la familia Garrastazu, que en el alto de Talaimendi (el paraje donde se ubica) tenían un caserío en ruinas y en 2010 presentaron una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Apenas dos años después pidieron otra licencia para erigir otra edificación, que duplica la superficie. Del caserío en ruinas no existe ningún proyecto de demolición en el expediente. El ayuntamiento de Aia aprobó la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha tramitado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia. Además, se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.

El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. Un argumento respaldado por la  Diputación de Gipuzkoa que concluyó, en mayo de 2015,  que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. La familia se ha escudado en que dispone de la licencia municipal y ha acusado al Ararteko de “extralimitarse en sus funciones”.

Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.

Poco después de que el caso trascendiera a través de este blog, un miembro de la familia Garrastazu presentó, en concreto el 3 de junio, una denuncia ante la Ertzaintza por «el corte de seis árboles y la fractura de un vallado» en la finca donde se asienta el casoplón. El denunciante aseguró que se produjo en la noche del 31 de mayo y que ese día en el terreno adyacente se encontraban dos miembros del colectivo de parapentistas. La denuncia se archivó el 20 de julio por falta de pruebas sobre los autores de los daños.

El caso se ha reabierto el 2 de noviembre ya que, desde el archivo, «se han recibido numerosos atestados ampliatorios de la Ertzaintza facilitando nuevos datos», argumenta la titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas Piñeiro. De momento, se desconocen los nuevos datos.

Los juzgados y la Ertzaintza deben investigar cualquier hecho delictivo. Y determinar y castigar a los culpables. Sin excepciones. Llamativo es que, en la parte sustancial de este caso (la construcción de un palacete ilegal según el Ararteko), otro juzgado de instrucción de Azpeitia, el número 2, archivara la vía penal (pendiente ahora de la decisión de la Audiencia de Gipuzkoa) sin solicitar ninguna actuación a la Ertzaintza. No existe ningún informe concluyente de la Policía Autónoma, en sentido positivo o negativo, en las diligencias practicadas. Sorprendente es que la Policía Autónoma de Zarautz se limitara a realizar visitas de inspección de la zona y la petición de informes a administraciones y del expediente urbanístico del palacete al Ayuntamiento de Aia. Y causa bastante extrañeza que haya un informe «fantasma», redactado el pasado verano por la sección de Medio Ambiente de la Policía Autónoma en el que concluía la existencia de indicios de delito contra la ordenación del  territorio, basado en dos aspectos esenciales: que el casoplón se construyera a más del 200 metros del caserío en ruinas de la familia y la gran ampliación respecto al edificio antiguo.

El pasado 12 de julio, esta área de la Ertzaintza pidió una ampliación de la investigación: que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón,  otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación), una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete (casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183). y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación. No ha habido respuesta.

La investigación de presuntos hechos delictivos o ilegalidades administrativas debe llegar a todos los ámbitos. Y en el caso del casoplón de Aia, al menos por el momento, no abarca lo exigible.