El urbanismo a la carta en Bermeo que desprecia a la Justicia y beneficia a un constructor

Este es un claro ejemplo de cómo sortear una sentencia judicial contraria y ejecutar un urbanismo a la carta. La historia se localiza en Bermeo, gobernado por EH Bildu, y los hechos se refieren a la reclasificación de un solar para construir 40 pisos, que ha sido declarada ilegal por los tribunales en dos sentencias, del Tribunal Superior vasco y el Supremo, está ultima firme. Además otro juzgado ha anulado las licencias de obras de 16 de los pisos ya construidos.

Las viviendas de Bermeo que fueron declaradas ilegales por la Justicia.

El meollo del asunto está en que el ayuntamiento aprobó en 2012 que el suelo de esas viviendas, en el barrio de San Miguel, pasara de la clasificación de urbanizables a urbanos. Un cambio clave para propiciar mucho más beneficios al constructor: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de plusvalías que la libre. El beneficiado era un constructor, Tomás Tardio, quien había empezado a comprar los terrenos en esa zona antes de la reclasificación. En cambio, otro propietario de terrenos colindantes vio denegada su petición, tramitada hace ya nueve años, de recalificación del suelo y fue el que llevó el asunto a los tribunales. Una decisión que le ha supuesto un auténtico acoso al vecino, que ha ganado seis pleitos al Ayuntamiento de Bermeo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, confirmada el pasado año por el Supremo, decretaba la ilegalidad de los pisos construidos. Pero la reacción del Ayuntamiento de Bermeo, aprobada en un pleno municipal el pasado diciembre, ha consistido en asumir que el suelo sigue como urbanizable pero sin las cargas urbanísticas que obliga esta calificación. Es decir sin el 65% de vivienda protegida, ni dotaciones docentes y deportivas. La «solución» es traspasar esas cargas, y los costes económicos que conllevan para los promotores, a futuros bloques de viviendas en todo el municipio de Bermeo.

Por ejemplo, al suelo adyacente del vecino que denunció el caso se le imponen 276 viviendas de protección oficial y 81 tasadas, lo que imposibilita cualquier viabilidad económica para que un promotor acometa una operación inmobiliaria.

[pullquote]El Tribunal Superior ya calificó de «urbanismo a la carta» traspasar vivienda protegida de un solar a otro[/pullquote]

Esta decisión aparece avalada por el anterior  Departamento de Vivienda, que, en un informe fechado el 21 de octubre, autoriza la solución a medida. La «legalización» de los pisos choca, como apuntó el portavoz del PNV en Bermeo en el pleno municipal que la aprobó, con la sentencia del Tribunal Superior que alerta de que el traspaso de la vivienda protegida de un solar a otro es un caso de urbanismo a la carta.  Fue una de las razones por las que se declaró ilegal la operación. «Evidencia una desproporción, una clara desigualdad de trato…y es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el rincipio de igualdad», señala el fallo del Tribunal Superior.

Estamos ante un caso en el que los 16 pisos, cuyas obras han sido paralizadas en dos ocasiones por la Justicia, han continuado con su construcción incluso tras el último fallo firme del Tribunal Supremo hace ahora un año. El promotor ha llegado incluso a presentar una demanda contra la prensa que se limitó a recoger las resoluciones judiciales y la denuncia fue desestimada por un juzgado de Gernika. Y el Tribunal Vasco de Cuentas concluyó, en la auditoría del municipio de Bermeo de 2013, que el consistorio perdonó al constructor del pago de 200.000 euros por aprovechamientos urbanísticos.

Que la Justicia te anule una clasificación de suelo y apruebes en un pleno municipal mantener prácticamente intactas las características de la recalificación anulada es un auténtico desprecio al tribunal. Con las dificultades que existen hoy día para ofrecer vivienda protegida, ¿quién asegura que va a haber otras urbanizaciones que absorban esos pisos que no se hacen en esta operación? ¿Qué se prima más, el interés público o el particular? La respuesta es obvia y vergonzante.