Un tercer juzgado investiga también el casoplón de 11 habitaciones y 11 baños

Al casoplón de Aia (Gipuzkoa) –el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo– se le acumulan las pesquisas en los tribunales. El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia ha abierto una investigación por un posible delito contra el patrimonio en las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia, como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. La juez ha remitido además el caso a la Fiscalía de Gipuzkoa para que intervenga.

Es el tercer tribunal que investiga el casoplón, promovido por la familia Garrastazu, ubicado entre los municipios de Orio y Zarautz: aprovechó un caserío en ruinas pero cambiando su ubicación, duplicó  la superficie y se construyó en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Los otros dos tribunales que han realizado indagaciones son el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia, (por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio) y el juzgado 1 de lo contencioso-administrativo de San Sebastián. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos. Las primeras diligencias están archivadas provisionalmente y pendientes de la decisión de la Audiencia de Gipuzkoa desde hace casi un año. El del contencioso sigue su curso.

La apertura de investigaciones, de nuevo penales, por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia fue dictada el pasado 3 de marzo. El motivo son las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia. Como ya informó este blog, el  Ayuntamiento de Aia legalizó en diciembre pasado  las obras de acceso al chalé, que paralizó en agosto aunque estaban ya terminadas, sin aportar la documentación técnica que lo avale, sin datos del expediente sancionador que abrió a los promotores y sin facilitar ningún dato del expediente a los denunciantes, la Federación de Deportes Aéreos de Gipuzkoa. Estas irregularidades llevaron a los demandantes a presentar un recurso administrativo, que fue rechazado por el ayuntamiento, y otra nueva denuncia en los tribunales, que es la que investigado ahora el juzgado número 3.

Además de las carencias de documentación, la demanda resalta la falta de un proyecto de urbanización sujeto a publicación y alegaciones, al tratarse de un suelo de especial protección.

La juez de Azpeitia, quien ya ha tomado declaración a la Federación Gipuzkoana de Deportes Aéreos, ha recibido los informes contrarios al casoplón por parte del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa así como el informe «fantasma» de la Ertzaintza: el área de Medio Ambiente de la Policía Autónoma pidió hace casi un año al juzgado que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón,  otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación), una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete (casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183). y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación. No ha habido ninguna respuesta.

En esta nueva investigación, los denunciados son dos hermanas de la familia Garrastazu (quienes pidieron las licencias de obras de acceso), la alcaldesa y el anterior alcalde así como el secretario, el arquitecto y el aparejador municipales, que han avalado con sus informes las obras del casoplón.

La juez, en una providencia dictada el 8 de mayo, ha remitido las actuaciones a la Fiscalía de Gipuzkoa para su conocimiento y para que informe «de la idoneidad de las diligencias interesadas por la acusación», en alusión a la toma de declaración de los denunciados.

Estas obras de urbanización provocaron, debido a la falta de licencia, la apertura el pasado verano  de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento. Tras medio año sin tener noticias, la resolución dictada en febrero fue rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convierte el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, califica el tipo de sanción (cuando tenía que haberla hecho en agosto), y cambia al instructor del expediente, que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

La nueva vertiente judicial abierta arrincona aún más al Ayuntamiento de Aia y a los promotores del casoplón, con tres denuncias abiertas en los tribunales. Pedir un permiso para remodelar un caserío en ruinas en 2010, modificar la licencia para ubicarlo 200 metros más allá en un área de especial protección y duplicando la superficie original, acometer las obras de acceso sin licencia… Y todo con el amparo municipal que justifica que la  “atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa”  explica que haya 11 dormitorios. “Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”. Y que la reconstrucción se ejecute en “un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación”. Todo muy normal.