La empresa vizcaína que contaminó durante un año denuncia al ayuntamiento que más se quejó
Glefaran, la empresa, que prometió hace tres años 60 empleos directos y otros 300 indirectos pero ha causado durante un año la contaminación en la comarca vizcaína de las Encartaciones, arremete ahora contra quienes más se han puesto en su contra. Ha denunciado en los tribunales al Ayuntamiento de Zalla, la institución más activa en buscar una solución (con cerca de 30 escritos de quejas y peticiones de reuniones en el último año) a la problemática creada por la compañía en los municipios de Güeñes y Zalla.
La empresa ha interpuesto dos denuncias en la vía contencioso.administrativa, la última el pasado 20 de junio, contra el consistorio de Zalla, gobernado por la plataforma independiente Zalla. El motivo es la denegación, a principios de este año, de la licencia para fabricar pasta al caducar el plazo estipulado.
Las denuncias se producen cuando, tras la decidida intervención del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, se han resuelto los problemas de polución de la fábrica, ubicada en los municipios de Güeñes y Zalla y que ha causado un sinfín de molestias de humos y ruidos a los vecinos durante 14 meses (entre 2016 y principios de este año). Un largo periodo en el que los responsables de la factoría han insistido en que siempre han cumplido con la legalidad y que no causaban contaminación.
Glefaran, empresa del grupo vizcaíno Orue (una familia vizcaína dedicada históricamente al sector de la madera) había anunciado en 2014 una inversión de hasta 12 millones de euros para la producción de astilla y pellets de madera, un producto cada vez más utilizado como combustible en chimeneas del hogar, la fabricación de pasta y la generación de energía renovable a partir de la biomasa. Pero la planta arrancó en 2016 con una única única actividad: la cogeneración a través de la quema de residuos. Nada de producción de pellets, fabricación de pasta o generación de energía renovable. Desde el principio, empezaron los problemas con sucesivos episodios de náuseas e irritaciones respiratorias entre los vecinos cercanos a la planta y a menudo cenizas y polvos en sus vehículos y viviendas.
Pese a que el anterior equipo de Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco recibió las primeras quejas en marzo de 2016 y a finales de ese año tenía media docena de denuncias concretas, se mantuvo pasivo. Se limitó a instalar en diciembre pasado una unidad móvil de medición de la calidad del aire. Un informe oficial relata las actuaciones de inspección en la empresa, que no se inician hasta el 6 de mayo del pasado año, más de tres meses después de las primeras denuncias. Entonces se alude a la existencia de un electrofiltro (heredado por Glefaran de Pastguren, la papelera que entró en quiebra y a la que sustituyó) pero que no funcionaba correctamente. De hecho, la compañía admite el 5 de julio, dos meses después, que “están ya en contacto con una empresa de electrofiltros y sistemas de depuración”. En los siguientes meses hay tres inspecciones (el 12 de diciembre, el 17 de noviembre y el 15 de diciembre), en las que se vuelve a detectar la emisión de humo. En esta última fecha, es cuando Medio Ambiente comunica a la empresa “que no puede funcionar sin el electrofiltro”. No es hasta febrero pasado cuando, tras la intervención activa de los nuevos responsables de Medio Ambiente, se frena la actividad de la planta. El hartazgo de los vecinos llevó a crear la plataforma Güeñes Bizia, que junto a Aranguren Aurrera, recogieron 1.450 firmas y movilizaron en enero a 2.000 personas en una manifestación.
Los nuevos responsables de Medio Ambiente del Gobierno vasco empezaron a mantener en enero pasado reuniones con la empresa, sin obtener respuestas concretas, hasta que les plantearon un ultimátum para reducir la contaminación. En caso concreto, se iniciaría un proceso para suspender la actividad de la empresa.
En los últimos meses la situación se ha normalizado hasta el punto de que hace unas semanas la plataforma vecinal ha dado por concluido su labor, tras la reunión mantenida con la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno. “Si no hay sorpresas, nosotros hemos terminado. La viceconsejera sigue trasmitiendo una confianza inequívoca, igualmente el director; y la determinación para cumplir lo pactado nos hace mantenernos tranquilos”, ha asegurado Güeñes Bizia.
Su movilización ha propiciado un giro radical de los acontecimientos y ha dejado en evidencia a una empresa que siempre ha habado de incidencias “puntuales” y se ufanaba de cumplir los parámetros medioambientales. En cuanto se instaló un sensor en la chimenea, se comprobó la realidad del problema: las emisiones superaban hasta cinco veces los límites legales de emisión de partículas. Pero es que Glefaran ha eludido desde hace más de medio año la instalación de un electrofiltro (uno de los principales aparatos anticontaminación en una empresa), además de incumplir la promesa de la creación de más de 300 puestos directos e indirectos. Incluso hoy día comunica en su web que cuenta con 30 puestos directos, cuando en la Seguridad Social no constan ni la mitad de esos empleos.
La realidad es que estos dos años se ha dedicado solo a producir energía. En dos escritos, de la Confederación Hidrográfica del Norte y del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, aparece su rechazo a la fabricación de pasta de papel. “Con fecha 14 de octubre de 2016 [Glefaran] remite escrito en el que informa de la no reanudación de las actividades de cocción y lavado, blanqueo, expedición y almacenamiento de pasta…”, señala el documento del Departamento de Medio Ambiente.
Curioso es que, en cambio, denuncie en los tribunales la decisión del Ayuntamiento de Zalla de declarar caduca la licencia de producción de pasta. una actividad a la que renuncia Glefaran. Mejor le valdría pedir disculpas por los 14 meses de contaminación y cumplir las promesas de crear empleo y riqueza en una comarca tan necesitada. No esperen de pie.
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