La orden judicial que conlleva el derribo de los pisos ilegales de Bermeo

La reclasificación ilegal de un solar para construir 40 pisos en Bermeo sigue enmarañada en los tribunales. Pese a que hay tres sentencias en los tribunales que anularon la operación, el ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, no ha adoptado ninguna medida. Entre los fallos está la anulación de las licencias de obras de 16 de los pisos ya construidos, dictada hace dos años. Ahora un juzgado de Bilbao ha ordenado al consistorio la ejecución de fallo que, conlleva, al carecer de licencia, el derribo de las viviendas.

Esta historia se remonta a 2012, cuando el ayuntamiento aprobó que un solar, ubicado en el  barrio de San Miguel, pasara de la clasificación de urbanizable a urbano. Un cambio clave para propiciar mucho más beneficios al constructor: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de plusvalías que la libre. El beneficiado era un constructor, Tomás Tardio, quien había empezado a comprar los terrenos en esa zona antes de la reclasificación. En cambio, otro propietario de terrenos colindantes vio denegada su petición, tramitada hace ya nueve años, de recalificación del suelo y fue el que llevó el asunto a los tribunales. Una decisión que le ha supuesto un auténtico acoso al vecino, que ha ganado seis pleitos al Ayuntamiento de Bermeo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, confirmada en 2016 por el Supremo, decretaba la ilegalidad de los pisos construidos, ejecutados sin informes técnicos .En 2015, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao anuló la licencia municipal que concedió el consistorio con la que se han edificado ya 16 viviendas en el barrio de San Miguel por la «indebida clasificación del suelo».

Casi dos años después, el consistorio ha hecho caso omiso de las resoluciones judiciales. Lo que ha intentado es “legalizar” esta chapuza urbanística. En diciembre de 2016, aprobó en un pleno municipal que el suelo siga con la calificación de urbanizable pero sin las cargas urbanísticas que obliga esta calificación. Es decir sin el 65% de vivienda protegida, ni dotaciones docentes y deportivas. La “solución” es traspasar esas cargas, y los costes económicos que conllevan para los promotores, a futuros bloques de viviendas en todo el municipio de Bermeo.

Por ejemplo, al suelo adyacente del vecino que denunció el caso se le imponen 276 viviendas de protección oficial y 81 tasadas, lo que imposibilita cualquier viabilidad económica para que un promotor acometa una operación inmobiliaria.

La “legalización” de los pisos choca, como apuntó el portavoz del PNV en Bermeo en el pleno municipal que la aprobó, con la sentencia del Tribunal Superior que alerta de que el traspaso de la vivienda protegida de un solar a otro es un caso de urbanismo a la carta.  Fue una de las razones por las que se declaró ilegal la operación. “Evidencia una desproporción, una clara desigualdad de trato…y es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad”, señala el fallo del Tribunal Superior.

Ahora, el juzgado que anuló las licencias ha dictado una providencia, fechada el pasado 1 de septiembre, en la que ordena “el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo» y le exige al ayuntamiento “copia de las actuaciones realizadas”. El juzgado advierte al ayuntamiento que “adoptará las medidas necesarias para lograr la efectividad” de la sentencia que anuló la licencia. Es decir, la anulación de la licencia y, sin ese permiso, cualquier actuación urbanística debe eliminarse.

Habrá que esperar la nueva “treta” del ayuntamiento para saltarse otro fallo judicial. Un consistorio que, además de ignorar a los tribunales, ha protagonizado  una caza de brujas contra el vecino que denunció este caso. Desde entonces, en 2013, han intentado demoler el caserío del denunciante, quien ha ganado ya cuatro pleitos solo por este hecho. En un caso donde el Tribunal Vasco de Cuentas concluyó, en la auditoría del municipio de Bermeo de 2013, que el consistorio perdonó al constructor del pago de 200.000 euros por aprovechamientos urbanísticos, pocas dudas quedan sobre la negligente actuación municipal. Han pasado dos años desde que se anuló la licencia de obras de los pisos y el consistorio ha obviado la sentencia. La ley es, o debería ser, igual para todos. Un institución no está por encima de nadie y menos de los ciudadanos a los que tiene que servir.