La Audiencia de Bizkaia obliga a una jueza a seguir investigando el acoso a un vecino durante 17 años

Varapalo de la Audiencia de Bizkaia a la jueza que investiga el acoso de un ayuntamiento (el de Zamudio) a un vecino durante 17 años. El alto tribunal ha denegado la petición de la magistrada del juzgado de instrucción 3 de Bilbao de apartarse del caso  aduciendo que ya lo investigó hace varios años. “No ha enjuiciado con anterioridad el asunto en cuestión”, señala la Audiencia en respuesta a la argumentación de la jueza.

El intento de inhibirse del caso fue en junio pasado y ya sorprendió en medios judiciales. Se produjo justo después de que declarara el denunciante, José María Zarate, el pasado 15 de mayo. Un testimonio tras el cual la titular del juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, Yolanda Paredes, tenía intención de tomar la declaración al imputado, el alcalde de Zamudio, Igoitz López (PNV).

La jueza inició el pasado 18 de marzo una investigación contra el alcalde de Zamudio por los delitos de prevaricación continuada, malversación, falsedad y desobediencia a la autoridad judicial por el acoso a un vecino, que lleva más de 17 años de hostigamiento por el ayuntamiento por la simple colocación de unas estacas en su terreno.

El vecino, en apenas medio año, ha recibido tres comunicaciones del alcalde anunciándole la apertura de un expediente cuyo objetivo último es el derribo de las estacas. Dos fallos judiciales ya firmes, en 2010, condenaron al Ayuntamiento a restituir los postes derribados y obligaron a la anterior alcaldesa a dejar su cargo por prevaricación.

La denuncia investigada habla de un “plan delictivo” del alcalde contra el vecino con actuaciones que son una “represalia o mobbing institucional al ciudadano”. “Una actuación municipal deliberadamente arbitraria, ilegal e irrespetuosa con los derechos constitucionales (del vecino)”, agrega.

Toda esta odisea se remonta a 2001, cuando  José María Zarate empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar su terreno con unas estacas. Dicho y hecho. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas.

Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y ex  viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea le conminó a que “parara inmediatamente”.

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado de lo penal de Bilbao le condenó por prevaricación, un fallo confirmado ese mismo año por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Pese a las dos sentencias judiciales, el ayuntamiento se resistió a cumplirlas ya con el nuevo alcalde, Igoitz López. Fue necesaria otra intervención  de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En julio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Pero el consistorio nunca le ha concedido la licencia de fin de obra. Zarate estuvo esperando tres años a una respuesta municipal. Hasta que  un decreto del alcalde, firmado el 12 de julio de 2017, anunció al vecino que no iba a disponer de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma” sin aportar más explicaciones. En el escrito le informaba de otro decreto, elaborado supuestamente en octubre de 2014, que desestimaba  la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado de ello en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días. La defensa de Zarate considera que es un documento falso y ha pedido al juzgado el original de ese decreto de 2014 y las declaraciones de dos funcionarios (entre ellos el secretario municipal) sobre dicho decreto, “desaparecido” hasta hace un año.

Zarate, en su declaración ante la jueza el 15 de mayo, aseveró que el “el alcalde [de Zamudio] me dijo que se quitaba un muerto de encima” cuando en 2014 le concedió el permiso para instalar las estacas pero luego el primer edil cambió su actitud

Solo dos semanas después de esta declaración, la jueza dictó un auto, el 1 de junio, en el que pide “la abstención” en esta instrucción. Lo justificaba porque en 2012 ya investigó otra denuncia del vecino contra el alcalde por denegarle la licencia de obras de colocación de las estacas. ”Se tratan de los mismos intervinientes y siendo idénticamente igual la naturaleza de los hechos”, aducía.

La Audiencia de Bizkaia, en un auto dictado el pasado 11 de julio, rechaza de plano la petición de la magistrada. “No es causa de abstención el hecho de instruir denuncias entre las mismas personas y por hechos análogos, conexos o relacionados”.

Tras esta resolución, en septiembre la jueza solicitó al interventor municipal de Zamudio, como había pedido el vecino, un informe sobre los gastos en que ha incurrido el Ayuntamiento en investigarle. El coste total, como publicó El Correo, ha sido de 12.584 euros en asesores y técnicos externos durante 2017 y 2018.

Como se barruntaba entonces, no se cumplían las condiciones impuestas en la judicatura para inhibirse. Aunque los protagonistas sean los mismos, los hechos son diferentes: entonces era una licencia de obras y ahora es una conducta  continuada “de mobbing institucional al ciudadano”. Así lo deja claro la Audiencia de Bizkaia. Lo que si parecen evidentes son las escasas ganas de investigar un caso escandaloso, que además ya ha tenido un importante gasto público, e incómodo si se busca evitar problemas con el poder político.