Ocho imputados por delitos ambientales en el nuevo cementerio de Deba, un proyecto vinculado a un “pelotazo” urbanístico de 50 millones

Un juzgado de Eibar investigará un delito contra el medio ambiente en las obras de construcción del nuevo cementerio de Deba, un polémico proyecto vinculado además a un plan urbanístico: la urbanización de 180 viviendas en el área del actual cementerio, junto al casco urbano, un «pelotazo» de más de 50 millones de euros. En el caso ya hay ocho personas imputadas por la Fiscalía de Gipuzkoa (el anterior alcalde, cinco concejales y la ex secretaria municipal y el arquitecto) por un delito contra el medio ambiente debido a la existencia de una conducción de agua en el área de las obras.

El proyecto ha sido también cuestionado por el actual secretario municipal, quien, en un pleno monográfico celebrado el pasado 18 de noviembre para abordar este tema, admitió que la construcción del cementerio no dispone de todos los permisos. El coste de las obras, asumido por el Ayuntamiento al ser municipal, es de dos millones de euros para una localidad donde se registran solo media docena de enterramientos al año.

Esta polémica surge cuando la asociación ecologista Mutriku Natur Taldea presentó en abril pasado una denuncia ante la Fiscalía por afectar a un manantial y estar en la zona de servidumbre de un dominio público marítimo terrestre, al Camino de Santiago y por el hecho de que el proyecto fuera elaborado por el asesor de urbanismo del Ayuntamiento y aprobado por la misma persona.

El Ayuntamiento de Deba lleva casi 25 años con el proyecto de demoler el cementerio actual, un terreno muy apetecible urbanísticamente para construir viviendas. Tras iniciar los trámites en 1996, se encontró con un informe negativo en 1999 de la Dirección de Salud del Gobierno vasco a la construcción del cementerio, en la denominada zona de Arzabal, por ser un terreno impermeable (la ley de instalaciones mortuarias exige su permeabilidad para que, cuando llueva, no haya riesgo sanitario con los lixiviados por la putrefacción de los cadáveres), la existencia de una conducción de agua potable y no cumplir la distancia de 500 metros a zonas pobladas. El Tribunal Superior de Justicia vasco, además, anuló en 2002 el convenio urbanístico para edificar el cementerio.

Pero el consistorio retomó el proyecto tras un decreto del Gobierno vasco de 2004 que rebajó las condiciones para construir cementerios, al reducir de 500 a 10 metros la distancia a zonas pobladas. Un decreto que parecía redactado a la carta para el caso de Deba.

El nuevo proyecto redujo significativamente la superficie del nuevo cementerio: de 11.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 sepulturas se pasó a 4.500 metros cuadrados y un centenar de fosas. Pero este segundo proyecto se aprobó sin el permiso de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que se enteró de su existencia por los ecologistas, y constató que un tercio de la superficie es área de dominio público marítimo terrestre.

Para salvar esa protección, el Ayuntamiento está acometiendo un tercer proyecto que limita las obras a dos tercios de los 4.500 metros cuadrados previstos.

Los trabajos empezaron el pasado 6 de junio con las excavaciones en el terreno pero sin el permiso de Ura y con autorizaciones de los Departamentos de Salud y Cultura al segundo proyecto. Es decir con un permiso distinto al que se está ejecutando.

La asociación Mutriku Natur Taldea solicitó, en su denuncia formulada el pasado 8 de abril ante la Fiscalía de Gipuzkoa, que se impida al Ayuntamiento de Deba el inicio de las obras “por la tramitación de un expediente presuntamente irregular” y denunció al anterior alcalde de Deba, Pedro Bengoetxea (de la plataforma vecinal Debarren Ahotsa, que el pasado 15 de junio perdió la alcaldía, que pasó a Gilen García, de EH Bildu) por permitir que el asesor urbanístico municipal elaborase el proyecto y luego emitiese informes técnicos sobre el mismo en la tramitación en nombre del ayuntamiento.

La Fiscalía de Gipuzkoa abrió, el pasado 23 de abril, una investigación por los posibles delitos contra el medio ambiente debido a la afección al dominio público y a la conducción de agua potable que abastece al municipio de Deba. La existencia del manantial aparece en la documentación presentada por los ecologistas. De hecho, el Departamento de Salud del Gobierno vasco, en su informe negativo de 1999, obligaba al cambio de la tubería de agua que atraviesa el área, una actuación de la que no se habla en el permiso concedido por Salud. Los ecologistas temen que, con las obras ya iniciadas esa tubería este ya rota o en riesgo de ruptura.

Detrás de todo, está el proyecto de una constructora local, Grupo Eibar, de edificar 180 viviendas y un hotel, que es presentado por los promotores como la “mejor terraza del Cantábrico, con unas maravillosas vistas al mar, a la playa y al pueblo de Deba”. Un «pelotazo» urbanístico que podría superar los 50 millones de euros.

La Fiscalía comunicó a principios de noviembre al Ayuntamiento de Deba la existencia de indicios de delito contra el medio ambiente, imputa a ocho personas (el anterior alcalde, cinco concejales y el arquitecto y la secretaria municipal) y “requiere al ayuntamiento de Deba a que subsane el error sobre la ubicación del manantial”. Con este escrito, el gobierno municipal de EH Bildu acordó la paralización de las obras pero, días después, convocó un pleno extraordinario (gobierna en minoría con 6 concejales, frente a los 4 de la plataforma independiente Debarren Ahotsa y 3 del PNV) para adoptar una decisión del pleno.

El secretario municipal señaló que “puedo decir que no existen todos los permisos. Falta la autorización de Ura. La Fiscalía ha entendido que no tenemos la autorización de Ura y por eso ha denunciado a ocho personas”. Agregó que, tras consultarlo con un experto en urbanismo y otro secretario municipal, “me dicen que si sigues con la obra (yo), como secretario, y luego el alcalde vais a ser los siguientes denunciados. Ura dice que seguramente se archive pero que nos tiene que mandar ese documento de archivo”.

Pese a esa advertencia, la oposición (Debarren Athotsa y PNV) votó a favor de mantener la construcción, frente a los votos contrarios de EH Bildu, y las obras continúan.

Parece bastante temerario mantener las obras de una infraestructura cuando la Fiscalía ya ha señalado a ocho imputados por un delito contra el medio ambiente y el inicio de una investigación por parte de un juzgado de Eibar. Unas obras sin los permisos pertinentes, como ha constatado el secretario municipal de Deba. Y es sospechosa la vinculación a desarrollar en el área donde se ubica el actual cementerio un plan urbanístico de 180 viviendas (un «pelotazo» de más de 50 millones de euros) sin haber tramitado permisos administrativos y con afecciones a un manantial de agua. Demasiados claroscuros que deben ser aclarados por los tribunales.