Un juez de Bilbao pasa a ser directivo de la empresa pública Paradores sin experiencia en el turismo y con un sueldo de más de 100.000 euros

Un juez de Bilbao, Diego Íñiguez Hernández, ha sido nombrado como directivo de Paradores (la empresa pública que gestiona 97 establecimientos hoteleros en España), un puesto con un sueldo que supera los 100.000 euros. Íñiguez, hasta ahora magistrado de lo contencioso-administrativo de Bilbao, carece de experiencia en el sector del turismo.

El nombramiento como directivo (en concreto del área de personal) es efectivo desde el pasado 24 de abril y aparece publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el conocido como Borme) del 4 de mayo.

Diego Íñiguez accedió a la judicatura sin superar las oposiciones, a través del denominado cuarto turno. Es un sistema implantado en 1994, ideado por el entonces presidente español Felipe González para renovar un colectivo de jueces excesivamente girados a la derecha, según se justificó entonces. La entrada de nuevos magistrados sin tener que recurrir a las oposiciones supuso ampliar el espectro ideológico pero, a la vez, según medios judiciales, que cada partido tuviera sus cuotas de jueces. Una politización que es comúnmente admitida y muy criticada por el mundo judicial y jurídico.

A través del cuatro turno también accedió a la judicatura otro magistrado polémico, Edorta Etxarandio, que como ha informado este blog, protagonizó uno de esos episodios de las puertas giratorias: de juez de lo mercantil pasó a ser administrador de concursos de empresas en quiebra, una labor que es fiscalizada por magistrados del área mercantil y que le reportó elevados ingresos económicos.

Diego Íñiguez entró en la judicatura en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Bilbao en 2011. Pero no debió sentirse a gusto, porque solo dos años después, en 2013, ya salió a desempeñar un cargo en la Oficina europea de patentes,  para lo que se exigía ser juez.

Volvió a la carrera judicial hasta que el pasado febrero se aprobó de nuevo su excedencia. Pidió su salida de la judicatura con la intención de formar parte del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, (el máximo órgano de los jueces en España) y de hecho aparecía en la lista de 50 jueces y magistrados que a finales del pasado año optaban a uno de los 12 puestos del CGPJ.

Pero no salió y finalmente ha encontrado acomodo en la empresa pública Paradores, que gestiona 97 establecimientos hoteleros y más de 4.000 empleados. Es una entidad pública criticada por los altos sueldos de los directivos y las bajas retribuciones de los empleados. El último recorte ha sido con motivo de la crisis del coronavirus y ha dejado salarios de 600 o 650 euros. “En el mejor de los casos, unos 700. No llegan ni al salario mínimo interprofesional (SMI)», han denunciado los sindicatos. El SMI está fijado en 950 euros mensuales.

Íñiguez ha protagonizado, a través de artículos en la Prensa, continuas críticas contra el servilismo de la Justicia hacia el poder. En octubre pasado, censuró con dureza, en un artículo en El País, los privilegios de los jueces del PP en el Consejo General del Poder Judicial y defendió la necesidad de proteger a los jueces independientes.

Es bastante cuestionable que un juez, especialmente sin conocimientos del área, pase a ser directivo de una empresa pública turística y con un sueldo de tan elevada cuantía en los tiempos que corren. Y chirria más cuando sea alguien que defienda públicamente la independencia judicial y se oponga al servilismo al poder. ¿Nos merecemos este Poder Judicial en los tiempos pos Covid-19?. ¿Pueden mantenerse estos estos privilegios cuando medio país está con la soga al cuello?