El Superior vasco solo avala las primas por jubilación en ayuntamientos con un plan específico

El Tribunal Superior vasco de Justicia está avalando las primas por jubilación anticipada en los ayuntamientos vascos (unas gratificaciones que se cobran desde hace 16 años) solo en los casos en que haya un plan específico en el consistorio. Las primas llegan a alcanzar dos años de sueldo y afectan a los más de 20.000 empleados en esas administraciones locales. Hasta el pasado año, pese a las reticencias de los consistorios, los juzgados vascos autorizaban siempre estos pluses, pero desde el pasado año una sentencia del Tribunal Superior vasco ha dictado jurisprudencia: solo se avalan en los ayuntamientos donde existe un plan específico de recursos humanos, empleo o de racionalización de la plantilla.

El acuerdo para aplicar estas remuneraciones estaba plasmado en el llamado Udalhizt, vigente desde hace 16 años en la mayoría de los 250 ayuntamientos vascos. Dicho convenio sustituyó al denominado Arcepafe, el acuerdo que en Euskadi hasta entonces también incluía a los empleados de las tres diputaciones forales. Un cambio provocado en 2005 tras un fuerte enfrentamiento sobre el Arcepafe entre la Diputación de Bizkaia y el Tribunal Superior vasco, que llegó a considerar que la institución foral cometió un delito de prevaricación.

En el actual Udalhizt, las primas por jubilación aparecen en los artículos 95 y 96 de dicho convenio, con cuantías que van desde medio año de sueldo si la jubilación se produce el año anterior o de casi dos años si se materializa cinco años antes.

El sistema funcionó con normalidad hasta hace poco, cuando el Ayuntamiento de Vitoria intentó revocar las primas al colectivo de bomberos. En 2017 anuló la remuneración concedida a un bombero, una decisión avalada en un principio por un juzgado de lo contencioso administrativo con el argumento de que en estos casos no había una merma de la pensión.

Pero el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia que, en una sentencia dictada en julio de 2019, dio la razón al bombero y avaló la prima porque su existencia pretende “fomentar la racionalización de los recursos humanos y, en consecuencia, la de favorecer la renovación de los funcionarios por otros más jóvenes”.

Desde entonces, ha habido un goteo de sentencias de juzgados de lo contencioso que respaldan estas primas por jubilación anticipada, frente a la postura contraria de los ayuntamientos y la asociación de municipios Eudel

Sin embargo, los consistorios, reticentes al pago de estas gratificaciones, han ido argumentado que su abono solo es posible si en el municipio está aprobado un plan de racionalización de recursos humanos. Estos planes apenas existen en los municipios vascos, salvo en casos muy concretos, como Bilbao, Basauri o Irún.

Y han logrado el respaldo del Tribunal Superior, que cambió el pasado año el criterio. El presidente de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, Luis Angel Garrido, en una sentencia dictada el pasado 27 de mayo, señaló que “no basta con la intención de racionalización, sino que es la aprobación del programa la que permite fijar la correspondiente prima de jubilación”. Con ello, estableció que solo los funcionarios de ayuntamientos con un plan de racionalización tienen derecho al cobro del plus de jubilación anticipada

La consecuencia es que, desde mayo, los juzgados que avalaban la concesión de la prima empezaron a dictar sentencias que la desestiman y ya hay decenas de funcionarios que se han quedado sin esta remuneración, frente a otros empleados que las han cobrado. 

En los últimos tres meses, el Tribunal Superior vasco ha dictado cuatro sentencias favorables a funcionarios: dos policías municipales en Basauri y dos bomberos en Bilbao. En todos los casos, los ayuntamientos cuentan con un plan de racionalización que contempla la prima.

En la última sentencia, dictada el 18 de enero y referida a un policía municipal de Basauri, el alto tribunal concluye que el acuerdo de las condiciones de empleo en Basauri establece que las gratificaciones por jubilación persiguen la “racionalización de los recursos y la renovación y rejuvenecimiento de la plantilla”.

Los últimos fallos judiciales del Tribunal Superior vasco confirman que las primas por jubilación anticipada beneficiarán a una pequeña parte del colectivo de 20.000 empleados de las administraciones locales. Solo a los que tienen un plan específico: un respiro para muchos ayuntamientos con graves problemas de tesorería y una faena para empleados que contaban con un beneficio económico desde hace 16 años.