El alcalde de Iurreta niega a la juez casos de acoso laboral pese a que fue informado hace un año

El alcalde de la localidad vizcaína de Iurreta, Iñaki Totorikaguena (PNV), ha negado a la juez que conociera casos de acoso laboral en el ayuntamiento pese a que, según consta en la investigación, fue advertido de ello por escrito en junio pasado. “No tuve ningún conocimiento, no he recibido ninguna comunicación ni por escrito ni verbal de acoso”, ha asegurado en su declaración, el mes pasado, ante la juez que le investiga por acoso laboral. Una declaración que se contradice con un escrito recibido el pasado 14 de junio por el alcalde, remitido por la entonces secretaria municipal, que le informaba de situaciones de acoso laboral a varias trabajadoras por parte de la interventora municipal, también imputada junto al alcalde.

En este ayuntamiento vizcaíno hay dos investigaciones judiciales abiertas. La primera, por la vía penal, se inició en diciembre pasado por el juzgado de instrucción número 3 de Durango por el acoso laboral del alcalde y la interventora. Este caso surgió después de que anterior secretaria municipal del consistorio fue cesada por la Diputación de Bizkaia el pasado 24 de noviembre, solo ocho días después de que el juzgado de Durango abriera las diligencias de investigación penal.

La denuncia presentada revelaba que el alcalde comunicó a principios de octubre a toda la plantilla, un mes antes de hacerse efectivo el cese, que no se diera trabajo a la secretaria mediante un mensaje telefónico y en día festivo por la noche; la ocultación de los contratos menores que se adjudicaban en el ayuntamiento o situaciones de acoso laboral de la interventora a empleados del ayuntamiento.

La exsecretaria municipal Irma Domingorena, que estaba en su puesto desde el 24 de marzo, había detectado un sinfín de irregularidades en la gestión municipal.  Entre ellos, que “no ha suscrito ninguna resolución de adjudicación de contratos menores” (los que se tramitan sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) y que solo son controlados por la interventora, Leire Morejón. Esos contratos no se plasman en decretos “y no hay dación de cuentas ni en el pleno ni en las comisiones informativas”.

Entre estas adjudicaciones sin control, destaca una directa de un contrato de servicios a la hija del arquitecto municipal a propuesta de él mismo.

El segundo sumario se ha abierto el pasado 26 de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Bilbao, por ocultar las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcalde. Por ello, se ha exigido a la Diputación de Bizkaia, la institución que formalizó el cese de la secretaria municipal, que presente el expediente de esta decisión. El alcalde transmitió, según refleja la demanda, en septiembre (casi tres meses antes de formalizarse la destitución) “su deseo de cesarme por falta de “feeling””. La secretaria consultó entonces con los servicios técnicos de la Diputación vizcaína, quienes le trasladaron que ese hecho no era motivo para el cese.

La demanda investigada en la vía contenciosa incide en que posteriormente la Diputación, en su informe para justificar la destitución, alude como motivos a la necesidad de acometer nuevas tareas de organización y administración electrónica. Unas razones que no son reales, según la denunciante. La demanda considera el cese como nulo por tres motivos: es una decisión exclusiva del alcalde y no del ayuntamiento; la falta del derecho de audiencia de la afectada y desviación de poder.

En la declaración del alcalde del caso de acoso laboral, asegura que “no veo que exista tal acoso. [La interventora municipal] Leire no ha tenido quejas de otros trabajadores”. En cambio, en la carta enviada al alcalde el 13 de junio por la entonces secretaria municipal, comenta que “aquí nos hallamos ante un supuesto de manual. La acosadora, la víctima directa y otras víctimas de la situación. Todo ello, en el marco bien delimitado de la estrategia del acosador”.

La entonces secretaria municipal agrega que la interventora“se ha beneficiado del déficit de comunicación arraigado en la organización, del aislamiento del departamento, de la falta de conocimiento sobre la materia, y del perfil discreto y leal de su personal”.

Sobre la contratación de la hija del arquitecto, el alcalde declara a la juez que “no me percato de ese hecho. Es un contrato de escasa cuantía y nadie me indica prohibición para hacerlo”.

Además del alcalde, también se tomó declaración a la interventora Leire Morejón, quien afirmó que “la primera noticia [del acoso laboral] que tengo es por la denuncia”.

La investigación judicial por acoso laboral en el Ayuntamiento de Iurreta va avanzando. La declaración ante la juez del alcalde, Iñaki Totorikaguena, negando cualquier tipo de acoso, queda en entredicho por un informe recibido hace casi un año, en junio, que detallaba los casos concretos de varios trabajadores. Está claro que alguien no dice la verdad.