El Superior vasco ordena reabrir el caso del polémico cobro millonario por el plan urbanístico de Mungia

El Tribunal Superior vasco ha ordenado reabrir la investigación al Ayuntamiento de Mungia por el polémico cobro millonario por cargas urbanísticas en el plan de Larrabizker, con el que pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,1 millones de euros. El caso se limita ahora a cuatro propietarios que presentaron demandas particulares.

En mayo pasado, el Superior vasco (en contra del criterio de cuatro juzgados, que habían ordenado la suspensión del cobro millonario tras los pleitos presentados por una docena de vecinos) permitió al Ayuntamiento seguir con dichos cobros. Argumentó que no había perjuicios  “de imposible o difícil reparación” para los afectados.

La polémica del plan de Larrabizker reside en que  los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde hace más de 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

La última sentencia de este caso, dictada el pasado 14 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ordena que prosiga la investigación sobre cuatro parcelas concretas. Así, da la razón a un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Bilbao, que, el pasado 30 de marzo, dictaminó que se investigasen estos casos. Entendía que el anterior proceso judicial que fue desestimado por el Tribunal Supremo se refería a las demandas planteadas por los vecinos dentro de una asociación y no a situaciones concretas.

De nuevo, este caso está en los tribunales. Hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha avalado el cobro de cargas urbanísticas millonarias sin entrar a valorar el fondo de la cuestión: si son legales o no. Máxime cuando se ha incrementado el cobro (del 11% al 19%) incumpliendo la propia ley urbanística de Mungia. Y sin tener en cuenta situaciones extremas: que se exijan 82.000 euros a una anciana cuyos únicos ingresos mensuales son 300 euros. Ahora la Justicia debe dictaminar si en cuatro parcelas concretas se deben pagar o no esas millonarias tasas.